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MADRID.- Dos altos cargos de compañías investigadas en la trama Púnica son socios en una empresa sin actividad aparente en Panamá. El ex secretario general del ente público que gestiona el suelo de la Comunidad de Madrid, Nuevo Arpegio SA, Juan Ramón García Notario, es socio desde 2006 de un cargo de responsabilidad del Grupo Dico Obras y Construcciones SA, Álvaro Quiroga Gutiérrez, en la empresa panameña AJLR Corporation Inc.

Según un informe ejecutivo internacional solicitado por este diario, AJLR ha sido creada por el bufete de abogados Lourdes Phillips De Lopez & Asociados, especializado, como muchos otros en ese país, en el sector financiero. La sociedad panameña no realiza ninguna actividad en concreto, ni tiene intención, y ni siquiera dispone de página web ni teléfono de contacto como cualquier otra empresa.

El escándalo de los papeles de Panamá ha puesto encima de la mesa problemas como la evasión de impuestos y la tolerancia por parte de diferentes países implicados para poner freno a los paraísos fiscales. En el caso concreto de España, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero retiró a Panamá la condición de paraíso fiscal en 2011.

Los altos cargos de la sociedad panameña

Juan Ramón García Notario, ex abogado del Estado y director de los servicios jurídicos de Puertos del Estado cuando Francisco Álvarez-Cascos estaba al frente del Ministerio de Fomento, fue secretario de Arpegio hasta 2011 y de Nuevo Arpegio hasta hace prácticamente un año. Nuevo Arpegio es la empresa pública investigada por el juez Eloy Velasco, que instruye el caso de la trama Púnica.

Este socio de AJLR Corporation también fue secretario del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), puesto por el que estuvo en el punto de mira de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid en 2009, por recibir un contrato por valor de 80.000 euros que le concedió el gerente de esta misma entidad, Guillermo Ortega, quién acabó dimitiendo más tarde por sus vinculaciones con la trama Gürtel –en su mandato contrató a la empresa Special Events, relacionada con Francisco Correa–.

Quiroga es un alto cargo en dos sociedades con las que está vinculado David Marjaliza, considerado cabecilla de la Púnica

Durante el periodo en el que García Notario fue secretario del IMADE se realizaron gastos disparatados en publicidad y promoción: hubo adjudicaciones de casi 4 millones de euros a empresas imputadas en la trama Gürtel como MQM, Servimadrid, Diseño Asimétrico y Swaf S.L.

Su gerente entonces, Guillermo Ortega, fue con anterioridad –de 2001 a 2005– alcalde de Majadahonda, de donde Francisco Granados –ex Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid hoy en prisión por cobrar supuestamente sobornos a cambio de adjudicaciones de Arpegio en la Púnica– le cesó por apropiarse de las comisiones que aportaban los empresarios, sin repartir el dinero correspondiente a los altos cargos del partido. Tal y como publicó El Confidencial, Granados le obligó a dimitir a través del cofundador de la empresa Dico, quien habría recibido contratos de la trama Púnica.

Por su parte, Álvaro Quiroga Gutiérrez, más allá de AJLR Corporation Inc es un alto cargo en Geexgroup Desarrollos Empresariales SL, integrado en el Grupo Dico. Con estas dos sociedades y con Ambiental Urbanizadora SL e Inversiones Torrelasco SL también están vinculados los empresarios Julián Giménez De Los Galanes Romero Hombrebueno, Francisco Colado Sánchez Camacho –fundadores de la constructora Dico en 1999 y directores de Geexgroup– y David Marjaliza Villaseñor –actual apoderado de Inversiones Torrelasco–, considerado el cabecilla de la trama Púnica.

Además, Quiroga Gutiérrez estuvo con anterioridad en la empresa Soto Once SL –hoy en proceso concursal–, una de las sociedades a las que el Canal Isabel II concedió la controvertida gestión del campo de golf de Las Rejas durante el Gobierno de Esperanza Aguirre.

El Grupo Dico y los contratos con la Púnica

En 2006, según investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Arpegio permitió que la trama Púnica se embolsase, a través del Grupo Dico, cinco contratos valorados en 1,5 millones de euros en Piñuecas, Horcajuelo de la Sierra, Chapinería, Meco y Corpa. Tal y como publicó El Confidencial, a través de esta compleja estructura que abarcaba al ente público, a la constructora y a los responsables políticos de entonces, se consiguió que se adjudicaran al Grupo Dico unas obras millonarias.

Los máximos responsables políticos de esa operación fueron Francisco Granados y Jaime González Taboada, entonces director general de Cooperación con la Administración Local, del que dependía la gestión del Plan Prisma 2006-2007 –que movió 580 millones de euros y que pretendía la ejecución de obras en apoyo de los municipios–. En ese periodo, en febrero de 2006, Arpegio firmó con la Comunidad de Madrid un convenio para que el ente público gestionara el Plan Prisma.

No obstante, y según ha publicado recientemente El Mundo, Taboada tuvo más responsabilidad de la que inicialmente se presuponía, pues fue desde 2006 y en adelante el “cargo de confianza” designado por Granados en la Mesa de Contratación de la empresa pública, convirtiéndose en el único alto cargo entre los seis vocales que formaron la Mesa de Arpegio para valorar las ofertas presentadas que concurrían a la adjudicación de las obras del Plan Prisma.

Actualmente Taboada es el Consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y preside Nuevo Arpegio SA. El número tres de Cristina Cifuentes, implicado además en la trama Púnica por el propio David Marjaliza, se puso al frente de la polémica compañía pública en noviembre del pasado año.

Marjaliza, el presunto cabecilla, abandonó la cárcel de Aranjuez el pasado mes de diciembre, después de reunir los 100.000 euros de fianza exigidos por el juez de la Audiencia Nacional. Granados sigue en la prisión madrileña de Estremera, que él mismo inauguró en su etapa como consejero de Justicia.