En la elaboración de esta información han colaborado Danilo Albin, Joan Canela, Ferran Espada, Guillermo Martínez y Alba Tomé.

La independencia de criterio y la profesionalización máxima frente a las presiones de las mayorías y de los gobiernos de turno ha sido y es la dialéctica dominante en lo que respecta a las televisiones públicas autonómicas –que emplean a miles de periodistas y profesionales audiovisuales– además de una financiación suficiente de lo que se ha configurado como un servicio público.

En las diferentes corporaciones audiovisuales del país no se ha logrado, después de décadas de conflictos, la estabilidad del modelo ni un control profesional de la información. Las presiones de los Gobiernos que las financian están a la orden del día y los conflictos por los sesgos –y por la falta de rigor– saltan de cuando en cuando a los medios de comunicación.

Los cambios legislativos efectuados en varias Comunidades para impedir el nombramiento de los directores generales y de los jefes de las televisiones públicas de manera directa por los Gobiernos con la exigencia de mayorías amplias y de convertirlos en órganos de extracción parlamentaria, tampoco ha llevado a una mayor independencia de criterio, tan deseada por los profesionales, respecto a los Ejecutivos, que siguen influyendo. La política de nombramientos, en organizaciones jerárquicas como las televisiones públicas, es clave para el control de la información. El propio periodismo tampoco ha logrado resolver de manera satisfactoria este problema.

"Las radiotelevisiones autonómicas funcionamos con los mismos parámetros que los grupos privados, donde el control político es evidente y donde cada uno esponde a los intereses de sus dueños", sostiene Ana Arbulu, responsable del sindicato ELA en EITB. En tal sentido, señala que "al redactor no se le censura ni se le llama y se le dice lo que tiene que hacer", sino que "todo es más sibilino y contundente: es la jerarquía de mando la que hace que todo eso pueda suceder sin decir que se le ha censurado a esta periodista. No hace falta censurar: si elijo los perfiles que me son proclives, no necesito hacer más".

Arbulu compara la situación con "una cascada". "Desde que se elige al director general hasta que se llega al jefe de informativos de cada parrilla de programación, son todas cuestiones de confianza. Yo confío en ti y te nombro”, explica. La sindicalista de ELA recurre a un ejemplo concreto: "Si soy jefa de informativos, ¿a quién pido que edite el informativo? ¿A alguien que puede tener una disonancia ideológica que me genere problemas porque abre los informativos con noticias sindicales en lugar de políticas?". Esto que cuenta Arbulu es, con todas las cautelas, una práctica que se ha dado en prácticamente todas las televisiones públicas.

"Por mucho que, sin ninguna duda, un modelo de parlamentarización sea en todo preferible a la designación gubernamental directa, también es cierto que en sí mismo no puede generar por sí solo una dinámica que introduzca cambios sustanciales respecto de la independencia y profesionalización de los medios públicos, sino simplemente desplazar la fuente de politización (del Gobierno al Parlamento) algo que, por lo demás, ni siquiera suele con ello cambiar el origen concreto del control político en clave partidista. Para ello, junto a la parlamentarización, es esencial en primer lugar que estos procedimientos aspiren a lograr una elección lo menos partidista posible y basada en criterios profesionales".

Esta es la principal conclusión del estudio El problema del control político de las televisiones públicas. Propuestas de reforma, publicado en abril de este año, en el que han trabajado Andrés Boix Profesor titular de Derecho Administrativo, Universidad de Valencia; Susana de la Sierra, Profesora titular de Derecho Administrativo, Universidad de Castilla-La Mancha; Emilio Guichot, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Sevilla, y Juan Luis Manfredi Profesor titular de Periodismo, Universidad de Castilla-La Mancha.

En España son hoy doce los entes públicos de radiotelevisión integrados en la Forta. Cuentan con una sistema mixto de obtención de ingresos –publicidad, en estos tiempos bajo mínimos, y financiación vía presupuestos autonómicos, la mayoritaria–. Las primeras televisiones públicas surgieron en las llamadas comunidades históricas. Así, la vasca nació en 1982 y la catalana, un año después. Luego, en 1985 arrancó la gallega. Después, en 1989, se creó Canal Sur y Telemadrid. 

El objetivo y la justificación de la existencia de estas cadenas, según la Forta, es "difundir y promover la cultura, las tradiciones, la lengua propia y la realidad social e institucional de la comunidad, ofreciendo un servicio público de proximidad". "Junto con ello, las televisiones públicas asumen un papel fundamental como motores de la industria audiovisual de la autonomía y de la innovación audiovisual".

Todas ellas sufren problemas comunes en tiempos de audiencias esquivas y diversificadas por la expansión de internet y de la televisión a la carta.

Aunque la cifra global –ronda los 1.000 millones de euros en este año 2020– que los gobiernos autonómicos destinan a sus televisiones públicas, parezca elevada, la crisis causada por la caída de Lehman ha afectado a los presupuestos de todas las cadenas que aun no han recuperado los niveles de hace una década. La infrafinanciación en tiempos de actualización tecnológica es otra de las reivindicaciones fundamentales.

Lo que sigue es un repaso a la actualidad y a los problemas que tienen las mayores televisiones públicas autonómicas del país, la vasca, la catalana, la gallega, la andaluza, la valenciana y la madrileña.

Presupuestos y audiencias

De las televisiones con más solera y de mayor tamaño, en términos brutos, la televisión pública más cara es la televisión catalana. TV3 arrastra un problema económico considerable con un déficit endémico. Su elevado presupuesto, de 300 millones de euros el 2020 para el conjunto de medios de la Generalitat, es difícil de cubrir a pesar de disponer de un contrato programa con el Govern que cubre una parte importante de los costos, concretamente con 240 millones de los presupuestos de la Generalitat. Y hay que sumar una aportación por servicios de cinco millones y aportaciones extraordinarias que se acaban de aprobar de cerca de 8 millones. Pero la parte consignada a la aportación publicitaria ha caído en picado en los últimos años a pesar de su liderazgo en las audiencias. Y se ha acabado de desplomar con los efectos de la covid.

La última víctima de esta situación ha sido el director de marketing y ventas de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Martí Patxot, que ha presentado la dimisión y ha sido sustituido por Nuria Fargas. El principal reto de Fargas será revertir la tendencia a la baja que, desde 2005, vive la Corporación. Aquel año se facturaron 154 millones de euros en publicidad, pero este 2020 se prevé que se cierre con sólo 39,7 millones. El año pasado se lograron 51 millones. Números cantan y el déficit resulta ya estructural, hecho que obliga a aportaciones extraordinarias del Govern. Núria Llorach, la vicepresidenta de la CCMA, ha estimado que cerrará el año generando, aproximadamente, un millón de euros de déficit. Pero lo conseguirá después de haber recibido una aportación extraordinaria de 6 millones procedente del Departament de Cultura y otra de Presidència de 1,5 millones.

En términos relativos, –si se toma en consideración el número de personas a las que en principio da servicio, la que habita en cada comunidad– la vasca, que cuenta con un presupuesto de 140 millones de euros. "Es una financiación directa del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco; los ingresos que tiene vía publicidad son testimoniales", afirma el parlamentario de EH Bildu, Josu Estarrona. En el País Vasco, gobiernan el PNV y el PSE. Esa afirmación de Estarrona sirve también para el resto de televisiones públicas, cuya fuente de financiación fundamental son los presupuestos de las diferentes administraciones.

El presupuesto de Canal Sur para 2021, que asciende a 140 millones más otros 3,5 millones para renovación tecnológica. Estas partidas, según el consejero de la presidencia, Elías Bendodo (PP), garantizan el servicio público y el mantenimiento del empleo. Vox, el socio imprescindible de PP y Ciudadanos, los partidos que conforman el Gobierno, que no cree en el Estado Autonómico, a cambio de la estabilidad del Gobierno que preside Juanma Moreno, ha reclamado su parte del pastel y el Ejecutivo se lo ha venido concediendo y ha cerrado un acuerdo llamado plan de eficacia, eficiencia y racionalización en la Radio y Televisión de Andalucía, que aprieta el cinturón a la cadena pública y deja clara la influencia de la ultraderecha en esta etapa. Canal Sur es uno de los terrenos en que Vox ha querido que se notase –y lo ha logrado– su influencia sobre el Gobierno.

Respecto a la situación económica de Telemadrid, "el presupuesto que ha tenido RTVM para 2020 ha sido, aproximadamente, 77 millones de euros. Lo que ha ocurrido es que los ingresos publicitarios han bajado por la pandemia, reduciéndose en un 35%, lo que ha afectado al balance total. A ello hay que sumarle el sobrecoste producido por la crisis sanitaria, como por ejemplo contratación de sustitutos debido a los contagios o la compra de EPI para garantizar la salud de los trabajadores", declaran fuentes internas del canal público madrileño.

El director de la Corporación de la Radio y Televisión de Galicia (CRTVG), Alfonso Sánchez Izquierdo, informó el 20 de noviembre que el ente público había cerrado el 2019 con un superávit de 1.668.689 euros que han permitido sanear 34,9 millones en la última década.

El déficit negativo, que se situaba en 51 millones en 2009 -después del gobierno del bipartito PSOE y BNG- según informa la entidad, se redujo en un 68,4%, es decir, hasta los 16,1 millones de deuda. "Bajamos año a año en función del superávit que vayamos consiguiendo", alegó Sánchez Izquierdo. Así comienza todas sus intervenciones el director de la CRTVG, comentando la reducción del déficit que heredó del bipartito.

Este 2020, la CRTVG contó con un presupuesto total de 111,2 millones de euros, dos millones más que el año anterior. De ellos, 103 fueron aportados por la Xunta de Galicia y los 7,2 millones restantes procedieron de los ingresos por publicidad. El BNG criticó que estas cuentas mantienen a los medios de comunicación públicos en "servicios mínimos" y reprochó que el presupuesto es "25 millones de euros" inferior a 2009, durante el bipartito PSOE-BNG.

À Punt, la televisión autonómica valenciana es muy joven, empezó sus emisiones el 25 de abril del 2018 tras cinco años sin televisión autonómica tra el traumático cierre de Canal 9 por parte del PP. La creación de una nueva televisión pública era una de las promesas estrellas del nuevo gobierno progresista de coalición (el Botànic) y des de la oposición (PP, C's y la prensa de derechas) se boicoteó des del minuto zero, con acusaciones constantes de derroche, mala gestión, ineficiencia, manipulación política y catalanización. Hasta el punto que, emocionalmente, se ha convertido en un medio de parte de la sociedad y la amenaza de cierre es muy viva en caso que haya un cambio de gobierno.

El presupuesto público de À Punt asciende a 55 millones de euros, aunque para el 2021 sube un 4%, hasta los 58,3 millones. Es la televisión autonómica con menos financiación por habitante (cuenta con un presupuesto menor total que las televisiones vasca y gallega), a pesar de incluir el esfuerzo de la inversión inicial. El ser un canal nuevo y sus bajos índices de audiencia han implicado, además, que los ingresos por publicidad sean prácticamente nulos los dos primeros años de existencia.

Las audiencias varían. Aunque la de TV3 ha descendido en los últimos tiempos, es la que tiene mayor cuota de pantalla de todas en su ámbito de influencia, según el último informe de la consultora Geca para el año 2019. TV3 cuenta con un 14,6% de share, por un 9,3 de TVG, un 8,3 de EiTB2, un 8% de Canal Sur, un 5,2% de Telemadrid, y un 2,1% de Á Punt.

Uno de los argumentos más repetidos contra Á Punt ha sido su baja audiencia. Se han esgrimido muchos motivos para explicar este dato –la colocación geográfica de los medidores de Kantar Media, la suma de las visualizaciones por web, la falta de una campaña promocional potente, la fragmentación de audiencias, la opción lingüística...- el caso es que À Punt ha ido consolidando su audiencia año tras año, pasando del 1,3% de cuota de pantall en 2018, al 2,1% en 2019 y el 3,5% en octubre del 2020, en un proceso parecido por el que han pasado los nuevos canales privados que se han ido creando.

La periodista Belén Regueira, miembro del Colexio de Xornalistas, atribuye el éxito de la TVG, la segunda autonómica con mayor cuota a su trabajo para "conformar un ecosistema informativo propio, para defender la lengua y cultura del país, dar información próxima que no se puede encontrar en otros medios". "Los partidos solo entienden la pluralidad con los minutos, pero es mucho más que eso. Una plataforma pública de comunicación es insustituible porque sus principios de funcionamiento y objetivos son algo diferentes del medio privado".

Todas las direcciones de las cadenas públicas afrontan el reto de las audiencias. Hay que tener en cuenta para comprender la caída en las audicencias, la caída en la inversión y que en los buenos tiempos de la FORTA, por ejemplo, se emitía la Liga de fútbol.

Las polémicas

En EITB, la Radio y Televisión Pública del País Vasco, hubo este año -ya en plena pandemia- unos minutos de gran dosis de polémica. Ocurrió pocas horas después de que se conociera que el Gobierno central había decidido paralizar la actividad laboral para tratar de frenar la alarmante expansión del virus. En la primera edición del "Teleberri" (telediario) apareció en vivo y en directo Eduardo Zubiaurre, presidente de Confebask y crítico número uno de esa medida. Aquella entrevista en riguroso directo despertó todo tipo de críticas: Zubiaurre, en su explayada intervención, dejó claro que su visión de la situación era calcada a la que tenía el Gobierno Vasco.

La utilización política de EITB por parte del partido en el gobierno ha sido varias veces criticada por sindicatos y grupos políticos de la oposición. "No hay una censura, ni una presión palpable, pero sí que es verdad que al final la presencia y la mano del Gobierno Vasco y sobre todo del PNV ahí está. Los cargos se eligen a dedo, con poca transparencia", critica Aritz Legarreta, portavoz del sindicato LAB en EITB.

El parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona advierte que en EITB "hay alrededor de 100 gestores nombrados a dedo", lo que da un porcentaje de "un gestor por cada diez trabajadores". "Imagínese entonces el control que puede haber en EITB", sostiene. A su juicio, allí existe la "autocensura del periodista para no tener problemas". "El equipo que rodea al director general está compuesto por 15 personas designadas a dedo", agrega desde Elkarrekin Podemos-IU el parlamentario David Soto.

La CCMA es una empresa pública que depende del Parlament de Catalunya que es quién por ley nombra a los miembros de su Consell de Govern, órgano que tiene facultades para nombrar las direcciones de TV3 y de Catalunya Ràdio. Des de hace cinco años ocupadas por los periodistas Vicent Sanchis y Saül Gordillo respectivamente. Estos cargos directivos no son directamente elegidos por el Parlament pero están sometidos a su control y deben comparecer periódicamente en la comisión parlamentaria de control de la CCMA. A pesar de ello, su cargo solo puede ser revocado por el mismo Consell de Govern de la CCMA que los nombra. Se da el caso que el director de TV3, Vicent Sanchis ya ha sido reprobado en el Parlament después que la CUP rompiera la mayoría independentista y sumara sus votos al resto de grupos para reprobar a Sanchis, que a pesar de ello continúa en el cargo sin problemas.

El principal problema del órgano de gobierno de la CCMA es que está sumida en un bloqueo perpetuo que impide su renovación por falta del acuerdo político necesario en el Parlament. Sus miembros ejercen funciones con los cargos caducados desde hace años y de hecho solo quedan en activo cuatro de los seis conejeros iniciales después de la dimisión de los otros dos, incluido el presidente del Consell de Govern, que era Brauli Duart, afín a JxCat. El Consell de Govern actual fue nombrado en 2012 por cuatro años. El mando lo ostenta ahora la vicepresidenta Núria Llorach, de la misma tendencia política que Duart y también con el cargo caducado.

Los grupos de la oposición acusan a TV3 de haber perdido pluralidad y consenso de país y de haber pasado a ser unos medios con una dirección sometida, también por el elemento económico, a las voluntades del Govern de Jxcat y ERC que a su vez se acusan entre ellos dos del control de los medios públicos.

Tampoco se ha conseguido cambiar el sistema para elegir los directores de TV3 y Catalunya Ràdio. Pero está sobre la mesa que se deje de hacer por nombramiento directo del Consell de Govern, que se considera una designación demasiado política, y se escoja por concurso público.

En Valencia, el escándalo que suponía el nivel de control e intervención política de Canal 9, en cierta forma, ha blindado À Punt de estas prácticas. Empar Marco, primera directora general del ente des de su creación hasta el pasado marzo, cuando renunció a la reelección, asegura "no haber recibido nunca ninguna presión y haber podido trabajar con libertad".

Rafa Xambó, antiguo miembro del Consell Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMA) y uno de los artífices de la campaña contra la manipulación en Canal 9, tampoco detectó presiones políticas en la creación de À Punt, aunque matiza: "Gran parte de los periodistas eran veteranos de Canal 9, colocados por el PP, y no necesitaban ninguna presión, ya venían de serie con el chip de hacer la información que se esperaba de ellos". Xambó, desde su puesto en el Consell Rector elaboró informes muy duros con la cobertura del juicio de los líderes independentistas catalanes, las agresiones de la extrema derecha durante el 9 d'Octubre (Diada del País Valencià) o el llamado "caso Altsasu".

El mayor escándalo en À Punt ha sido la anulación de la eleción de Empar Marco como directora por parte del TSJCV tras la denuncia de otros aspirante al cargo, el periodista Pere Valenciano. Aunque la sentencia no tiene aplicación práctica (Marco ya no es presidenta), extiende la sensación que la elección de un director independiente por un Consejo Rector plural no habría servido para blindar del control político este cargo. La elección del actual director de À Punt, Alfred Costa (exconcejal socialista y nombrado en marzo) también ha sido impugnada judicialmente por Pere Valenciano.

En Canal Sur, el cambio de Gobierno al principio fue suave. Los partidos se pusieron de acuerdo en la elección de Juan de Dios Mellado, un periodista malagueño con reconocimiento en el mundillo como director general de la RTVA. Pero se produjo un punto de inflexión con la elección el pasado mes de enero del periodista Álvaro Zancajo como director de informativos. Los cambios en los jefes de edición y algún escándalo, como la ocultación de la sentencia Gürtel, por lo que Mellado pidió disculpas en el Parlamento y lo tachó de "mala praxis" periodística, han causado honda preocupación en centenares de trabajadores del ente, que han pedido, con su nombre y apellidos, la dimisión de Zancajo.

En el escrito Por la defensa de la RTVA y de un servicio público libre y de calidad, los trabajadores alertan de la influencia de Vox en la cadena y afirman que el acuerdo de PP y Cs con la ultraderecha para aprobar los presupuestos "daña gravemente a la RTVA y pone en peligro la prestación de un servicio público esencial". "El recorte presupuestario y las medidas anunciadas no solo afectan directamente a la plantilla, sino también al sector audiovisual andaluz, lo cual sobredimensiona el problema, que atañe a decenas de miles de familias andaluzas".

Los trabajadores agregan que "la asfixia financiera impedirá la necesaria renovación tecnológica, el mantenimiento de puestos de trabajo o el rejuvenecimiento de la plantilla ante la amortización de plazas por jubilación o por otras circunstancias, como fallecimiento".

Y añaden los firmantes: "Los trabajadores de RTVA, Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión que firman este documento quieren expresar con contundencia su hartazgo, indignación y también rabia por la constante utilización que los partidos políticos pretenden hacer de este medio público para tratar de convertirlo en un instrumento de poder y de manipulación. Algo que hay que denunciar y con lo que habría que terminar dotando a esta empresa pública de los mecanismos legales necesarios para su protección. Los servicios informativos de una radio y televisión públicas, como es Canal Sur, deben ser referentes, rigurosos, comprometidos con los andaluces y no con los partidos políticos o los gobiernos de turno. En esta etapa, desde la llegada del actual responsable de informativos de la televisión, hemos observado comportamientos, en fondo y forma, que traspasan todas las líneas de la ética profesional y que atentan contra los elementales principios del periodismo".

Defende A Galega es una organización formada por trabajadoras y trabajadores de la TVG en contra del control político del Gobierno de la Xunta que defiende una información plural y parcial al servicio de la población gallega. Ya llevan más de 130 "viernes en negro" y explican a Público las artimañas del Ejecutivo autonómico: "Se destaca en positivo lo que hace el Gobierno gallego, y se denigra lo que hace la oposición o el Gobierno central. Se silencia o se relegan las voces de colectivos que protestan contra la Administración gallega".

Durante la gestión de la pandemia, estas prácticas fueron más visibles que nunca, puesto que coincidió con la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 12 de julio y el PP se jugaba el cuarto mandato consecutivo de Alberto Núñez Feijóo y su mayoría absoluta. Por ello, el barón gallego encontró el los medios públicos y en la gestión de la crisis sanitaria el escaparate perfecto para cultivar su estrategia electoral. Feijóo huyó del Parlamento y de rendir cuentas ante los grupos y comparecía asiduamente en la TVG, donde el canal rotuló las compras de material sanitario y las acciones del PPdeG.

Diariamente, la metodología para manipular los informativos tiene que ver con la selección de las noticias y con su enfoque. Defende A Galega explica que cuando un ayuntamiento gobernado por el PSOE o BNG protagonizan un conflicto se habla varios días del asunto, sin embargo, cuando esto le ocurre al PP, se intenta hablar "lo imprescindible", y a ser posible, cargan "las tintas contra cualquier movimiento del partido de la oposición que se alza como alternativa de gobierno, en vez de preguntarle al PP por su responsabilidad".

De hecho, el BNG interpuso una denuncia en precampaña electoral cuando la TVG descartó los mensajes de su candidata, Ana Pontón. Se eludieron sus declaraciones y se emitió una voz en off, y la Junta Electoral Central señaló en su resolución que los candidatos "no deben ser tratados de forma discriminatoria" y ordenó a la Xunta "neutralidad informativa". No existen despidos explícitos por negarse a seguir este control político, pero la plantilla sí que señala que la "beligerancia se paga" y que "hay muchas maneras de castigar", como abriendo expedientes; ordenar a una presentadora a no hacer nada durante seis horas; o decidir cubrir o no bajas laborales en función de las personas que estén primeras en las listas de contratación. "Si vistes de negro, estás mal visto".

Una de las polémicas más recientes que envolvieron al canal público tuvo lugar en octubre en el veterano Luar, un programa que integra el espacio Vai de regueifa, donde una pareja emprende una batalla dialéctica desde la sátira. Las concursantes, Sara Marchena y Aurora Redondo, cantaron a favor de Defende A Galega. Días después, la dirección de Luar se puso en contacto con Marchena y le explicó que por "su culpa" –según explica la artista en un comunicado– cancelarían el espacio, y con un tono paternalista e infantilizándola, le preguntaron quién le había comido la cabeza para hacer política con las regueifas. Esto resultó ser mentira, ya que la sección se emite con normalidad semanalmente.

El ERE masivo en 2013 supuso un antes y un después para la televisión pública de la Comunidad de Madrid. En ese expediente despidieron a todos los trabajadores menos aquellos que se fueron incorporando los últimos años previos al despido colectivo. Ese conglomerado de trabajadores que entraron en el ente público no superaron ningún tipo de oposición ni evaluación y, actualmente, se les denomina como "redacción paralela". A su vez, la casi totalidad de las producciones fueron adjudicadas a empresas privadas sin concurso precio.

Algunos de los trabajadores despedidos litigaron por el despido nulo. Así, consiguieron su reincorporación los delegados sindicales y aquellas personas despedidas cuando estaban de baja, por ejemplo. La llegada del nuevo Director General, José Pablo López Sánchez, cambió la política en cuanto a recurrir sentencias en contra de TM, por lo que cualquier trabajador con una resolución judicial a su favor empezó a ser readmitido directamente. Por otra parte, aún continúa la "redacción paralela" entre la plantilla. Según todas las fuentes consultadas, estos trabajadores componen el Sindicato Independiente (SI), que tiene su homólogo en RTVE.

Alberto Gómez, secretario de la Federación Gráfica Estatal y delegado sindical por CGT en Telemadrid, afirma: "dos tercios de la Asamblea de Madrid aprobaron el nombramiento de López Sánchez como director general, así que el Gobierno de la Comunidad ya no podía controlarle de forma exclusiva. A partir de ahí, cambió radicalmente el funcionamiento de RTVM y comenzó la internalización de los servicios que antes fueron privatizados".

Él mismo es el que, en un ejercicio de memoria, explica la entrada de los trabajadores que conforman esa "redacción paralela": "En los últimos tiempos del gobierno de Esperanza Aguirre, la redacción que entró por oposición a RTVM vio que la manipulación era tan burda y descarada que se negaron a firmar las noticias. Así empezaron a meter a gente a dedo, engordando la plantilla de una forma artificial mientras lo que en realidad hacían era desmantelar el servicio público. Para ellos, o ganan dinero y les es rentable políticamente, o lo cierran".

En estos momentos, el control político se basa en un "férreo ajuste en las cuentas", tal y como lo denomina el propio Gómez, quien ejemplifica la aseveración recalcando que "hace poco, López Sánchez acabó el ejercicio anual con 4 millones de euros de superávit y no tenía permitido seguir internalizando servicios que fueron externalizados. Él podía gastarse todo lo que quería en subcontratación de empresas privadas, pero la Comunidad le negaba hacerlo con las públicas".

Fuentes internas de Telemadrid confirman la postura del cegetista, y agregan que "el control político se produce cuando el director general necesita hacer cualquier tipo de contratación, por ejemplo para cubrir una baja, y necesita el permiso de la Consejería de Economía. La ley actual es una locura porque la redactó la propia Díaz Ayuso, que era quien estaba al frente de la comisión de control de Telemadrid cuando se realiza el ERE, y es a quien Cifuentes le encarga este pastiche de ley".