El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) no baja los brazos y sigue pidiendo que se investigue si es cierto que el rey Juan Carlos mantiene bienes y cuentas opacas en Suiza, tal como denunció Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la amiga del monarca emérito, en unas grabaciones que salieron a la luz el pasado mes de julio, informa Infolibre.

Sin embargo, es muy probable que esa petición caiga en saco roto dado el escaso interés de Hacienda por investigar el supuesto patrimonio opaco del rey emérito. En ese sentido, Infolibre informó ayer, lunes, que tras salir a la luz las revelaciones de Corinna, Hacienda se limitó a afirmar, cuando se lo pidió el juez del caso Villarejo que abrió una pieza separada sobre Juan Carlos, que no le constaba que el rey emérito tuviera cuentas en el extranjero.

La pieza separada sobre el rey Juan Carlos terminó archivándose, pero "ni Hacienda llevó a cabo ninguna investigación propia, ni el juez envió a Suiza ninguna comisión rogatoria", sostiene Infolibre. 

El secretario general del sindicato de técnicos, José María Mollinedo, sin embargo, cree que pese al nulo interés de la Agencia Tributaria por investigar al rey Juan Carlos hay un resquicio al que agarrarse: "Corinna dice en esas grabaciones que el rey emérito tiene cuentas en Suiza a nombre de su pariente Álvaro de Orleans, y que Álvaro de Orleans es quien paga vuelos privados con una determinada compañía de jets [Air Partners]. Pues pregúntese a la empresa de jets cómo se han pagado esos vuelos", ha declarado a Infolibre.

Gestha cree, según cuenta Infolibre, que Hacienda puede abrir ahora su propia investigación tras el archivo de la pieza secreta que sobre las grabaciones de la antigua amiga de Juan Carlos de Borbón permanecía abierta en el caso Villarejo. Los expertos de Gestha sostienen que si se acredita que el monarca emérito es el verdadero titular de las cuentas en Suiza y no las ha declarado se le puede perseguir judicialmente. "Y el delito fiscal atribuible si lo que cuenta Corinna es cierto aún no habría prescrito a día de hoy, menos aún si la cuota defraudada superase los 600.000 euros, que desde 2013 se califica como delito agravado y prescribe no a los cinco sino a los 10 años", afirma Mollinedo en Infolibre.