Los dos primeros grandes impuestos del Gobierno de coalición estarán listos en el inicio del próximo año y, previsiblemente, coincidirán con la entrada en vigor de los Presupuestos Generales de 2021, en caso de que las cuentas salgan adelante. Está previsto que este miércoles el Senado apruebe de forma definitiva el impuesto a las grandes tecnológicas (bautizado como tasa Google) y el impuesto a las transacciones financieras (conocido como tasa Tobin).

El Ejecutivo dio luz verde a estas dos iniciativas a mediados de febrero y las situó como las dos primeras piedras de la reforma fiscal que quería llevar a cabo durante la legislatura. El objetivo, según se explicó desde Hacienda, era doble: por un lado, regular la fiscalización de aquellos productos y servicios intangibles que se habían generado con el progreso tecnológico; y por otro lado, acercar los niveles de tributación de España a los del resto de países de la Eurozona.

Tras su entrada en el Congreso, y tras más de seis meses de tramitación (ralentizada por la irrupción de la pandemia del coronavirus), se espera que este miércoles el Senado le dé el visto bueno definitivo a las dos tasas. En ambos proyectos de ley se establece que los impuestos entrarán en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, por lo que su aplicación sería efectiva a partir de enero de 2021.

El PP, Vox y Ciudadanos trataron de vetar, sin éxito, los dos impuestos en el Congreso con la presentación de enmiendas a la totalidad. Sus argumentos se basaron en denunciar que las tasas afectarían a pequeñas y medianas empresas, en denunciar que su aprobación lastra la armonización fiscal europea (la UE no cuenta aún con un impuesto a las grandes tecnológicas), y en dudar de la capacidad real de recaudación de los impuestos.

El Proyecto de Ley del Impuesto de Determinados Servicios Digitales (tasa Google) gravaría a las empresas que facturan más de 750 millones de euros en el mundo y más de 3 millones en España. El Proyecto de Ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras (tasa Tobin) plantea gravar las operaciones de compra de acciones españolas llevadas a cabo por operadores financieros con un 0,2% sobre el valor de compra.

En concreto, el impuesto recae sobre el intermediario financiero que ejecuta la orden de adquisición de las acciones, y solo se someterán al gravamen las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. La compra de acciones de empresas no cotizadas y de pymes queda fuera del impuesto.

Sin modificaciones en la Comisión de Hacienda del Senado

La Comisión de Hacienda de la Cámara Baja aprobó las dos reformas a finales de julio (con la aprobación de una enmienda transaccional en el caso de la tasa Google y de dos transaccionales en el caso de la tasa Tobin) y dio traslado de las mismas al Senado. A su entrada en la Cámara Alta, el impuesto a las grandes tecnológicas recibió dos vetos (PP y Vox) y más de 90 enmiendas, y la tasa a las transacciones financieras recibió otros dos vetos (también de PP y de Vox) y más de 60 enmiendas.

Sin embargo, el pasado jueves la Comisión de Hacienda del Senado ratificó los dos dictámenes sin introducir ninguna modificación, por lo que el Pleno de la Cámara Alta debatirá las dos propuestas en los términos fijados por el Congreso a finales de julio. La previsión es que recaben la mayoría necesaria para salir adelante.

En cuanto a la recaudación, en el caso de la tasa Google el Gobierno había estimado en un principio unos ingresos de alrededor de 1.200 millones de euros anuales. Tras la irrupción de la covid-19 y el parón económico provocado por las restricciones sanitarias, el Ejecutivo redujo esta previsión hasta 968 millones de euros.

Para la tasa Tobin, se ha previsto una recaudación de 850 millones, por lo que se calcula que los dos impuestos puedan ingresar en las arcas públicas unos 1.800 millones de euros al año, a la espera de que los efectos económicos derivados del coronavirus puedan influir en la capacidad recaudatoria de los dos impuestos.

Cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió las iniciativas en el Congreso, instó a las derechas a "no engañar a los ciudadanos cuando abordamos la fiscalidad: sin un sistema tributario justo no hay educación, sanidad ni prestaciones sociales".

Respecto a las advertencias sobre alejarse de la armonización fiscal, Montero insistió en que la tasa Google tendrá un carácter transitorio hasta que se apruebe un impuesto digital global. Además, el Gobierno aplazó la liquidación del impuesto hasta diciembre de 2021, tras las amenazas de EE.UU de imponer aranceles a los países que graven a sus tecnológicas. Con este plazo de liquidación, aseguró entonces el Ejecutivo, se daría el suficiente margen para que se pueda alcanzar un acuerdo a nivel internacional en este asunto.