El expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato ha acudido hoy a la Audiencia Nacional a recoger el decreto que ordena su ingreso en prisión en el plazo de diez días hábiles, desde este jueves, para cumplir su condena de cuatro años y medio de cárcel por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black.

Según fuentes jurídicas, también se ha personado ante la sección cuarta de la sala de lo Penal el exconsejero de la entidad Estanislao Rodríguez-Ponga, que fue condenado a tres años y dos meses, y tras recibir la ejecutoria ambos disponen hasta el próximo 25 de octubre para entrar en el centro penitenciario que elijan. Los dos han acudido a la Audiencia Nacional un día antes de su citación, lo que les ha permitido pasar inadvertidos ante los medios de comunicación.

Los otros trece exdirectivos y exconsejeros de la entidad con penas superiores a los dos años de cárcel deberán personarse este jueves para cumplir con el mismo trámite. La ejecutoria dictada este martes se dirige, asimismo, contra el exvicepresidente de la entidad José Antonio Moral Santín, sobre quien pesan cuatro años de cárcel, y los exconsejeros Antonio Romero Lázaro (PSOE), Francisco Baquero (CCOO) y Jorge Gómez (PSOE), condenados a tres años y dos meses de prisión por mermar el patrimonio de la caja con cargos que oscilaban entre los 98.000 y los 266.000 euros.

Junto a ellos estarán José María de la Riva (PSOE), Rodolfo Benito (CCOO) y Gonzalo Martín Pascual (UGT) -tres años de cárcel-, así como Francisco José Pérez (PSOE), Miguel Ángel Abejón (UGT), Rubén Cruz (IU), Antonio Rey de Viñas (CCOO), Javier de Miguel (PP) y Ángel Gómez del Pulgar (PSOE) -dos años y medio-.

Entre los quince desembolsaron en distintos tipos de gastos personales -viajes, comidas, ropa, compras en supermercados, retiradas de dinero en efectivo- casi 2,9 millones de euros de los más de 12 millones que, según ambos tribunales, se sustrajeron del caudal de Caja Madrid y, más tarde, de la Bankia primigenia.

Abiertas las pesquisas a Rato por fraude en 2014 y 2015

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado hoy mantener abiertas las pesquisas -iniciadas en julio- sobre presunto fraude fiscal en 2014 y 2015 a Rato, aunque abre la puerta a que se tramiten separadamente para agilizar la causa principal sobre su patrimonio.

En su auto, la sección 23 de la Audiencia Provincial desestima el recurso interpuesto por el exministro contra la decisión del juez instructor de ampliar las pesquisas, inicialmente circunscritas a 2012 y 2013, al entender que a pesar de basarse en documentos incautados "más allá de los límites del auto de entrada y registro" no supone exceso alguno por parte de los investigadores.

Según sostienen los magistrados, una querella da origen a la instrucción penal "pero no puede agotarla", por lo que defiende que se hayan extendido las actuaciones "en virtud de los datos que vayan surgiendo (...) por la sencilla razón de que resulta imposible adivinar desde un principio a donde (sic) puede conducir la noticia inicial".