La relación institucional entre la presidenta andaluza, Susana Díaz, y el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', que empezó el 1 de febrero del año pasado (tras casi dos años de legislatura sin citarse), trasciende la disputa fratricida que mantienen sus respectivas formaciones políticas: PSOE y Podemos. "La presidenta y yo nos hemos mirado y nos hemos reconocido. Menos mal que se acabó el sectarismo, la confrontación y el partido de tenis en el que uno se echa la culpa al otro. El Ayuntamiento y la Junta se entienden, hay lealtad y colaboración entre los dos", ha admitido el regidor al término del encuentro. Y ha añadido: "¿Sería deseable que esto se tradujera en una futura colaboración entre PSOE y Podemos? Bueno…sería bueno que los políticos nos pusiéramos de acuerdo en solucionar los problemas de la gente", subrayó. 

Susana Díaz ha recibido este miércoles a González en San Telmo, sede del Gobierno andaluz, donde han mantenido un encuentro de más de una hora del que ambas partes señalan la "cordialidad y la lealtad institucional". "Teniendo en cuenta que tradicionalmente habíamos tenido enfrentamientos y que somos de distintos colores políticos, la reciprocidad es clara y la cordialidad total", asegura el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios. El regidor ha llevado consigo un paquete de demandas, de compromisos políticos y financieros de la Junta con la ciudad de Cádiz. Y la presidenta ha encontrado en su interlocutor un aliado para presionar al Gobierno de Mariano Rajoy para que elimine el peaje de la AP-4 que une las capitales de Sevilla y Cádiz. 

La autovía AP-4, la que ha cogido este miércoles González para llegar a la capital andaluza, se ha convertido en nexo de unión entre el regidor gaditano y la presidenta. Ambos tienen un interés común: eliminar el peaje, que tiene un coste de 7,34 euros, y que el año que viene cumplirá 50 años de explotación en manos de la empresa Abertis. La concesión expira el 31 de diciembre del año que viene, pero ambos políticos temen que Rajoy busque una fórmula que obligue a los andaluces a seguir pagando. El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha pedido al gabinete jurídico de la Junta que estudie la posibilidad de recurrir la última concesión de la AP-4 suscrita por el Gobierno de José María Aznar en 2003.

Se trata de un recurso legal (y político) que redobla la presión sobre Rajoy y sobre el PP para tumbar el peaje. González comparte la inquietud de Díaz sobre este asunto y tiene un discurso coincidente: "El PP tendría que tener muy claro que es injusto que una ciudad como Cádiz mantenga un peaje que la tiene aislada del resto del mundo. Esto está más que amortizado, el PP tiene que comprometerse a eliminarlo. Y si le dan tantas vueltas, por algo será", advierte el regidor. 

El plazo de la concesión de la AP-4, según la Ley 8/1972, debió expirar cuando se cumplía 40 años, es decir, en 2009. Han pasado ocho años y medio desde entonces y la Junta denuncia ahora que todo este tiempo los andaluces podrían haber estado pagando un "peaje ilegal", porque la prórroga que aprobó Aznar hasta los 50 años se saltó la normativa. "Si podemos recurrir esta situación, lo haremos. Lo estamos estudiando", dice el consejero de Fomento, que además quiere reclamar a la empresa Abertis, concesionaria de la AP-4, el importe abonado por la Junta por el tramo de autovía de Jerez de la Frontera, que fue sufragado por la Junta, y que lleva pagados más de 100 millones de euros. 

En mayo de 2005, un acuerdo del Gobierno andaluz con la concesionaria de la AP-4 ya liberó el peaje en el tramo Jerez-Cádiz, que por entonces valía 1,05 euros. En aquella época, la Junta pagó por ello 72 millones de euros, divididos en pagos que se irán haciendo efectivos hasta 2019, según contemplaba el acuerdo. 

Tanto Susana Díaz como González esperan que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "cumpla su palabra" y liberalice estos casi 70 kilómetros de autovía, como ha hecho recientemente al retirar un peaje en Galicia. Sin embargo, la Junta cree que ni el Gobierno de Mariano Rajoy ni el PP han sido tajantes a la hora de descartar que los andaluces vayan a seguir pagando por cubrir el tramo Sevilla-Cádiz. Recientemente el ministro De la Serna condicionó el futuro de los peajes y el sistema de carreteras de España a un supuesto pacto de Estado que pretende cerrar antes de verano. Susana Díaz asegura que no aceptará "ni pacto ni san pacto", y que lo único que espera es que el Gobierno liberalice la autovía. El PP andaluz afea a Díaz que busque "una excusa para confrontar" con Rajoy. "Hemos dicho claramente que no se va a renovar la concesión. No sé dónde está el debate. Cada día se sacan un sistema para confrontar", avisa la diputada del PP, Ana Mestre. 

Con todo, el objeto principal de la reunión ha sido desbloquear algunos de los proyectos más importantes de la ciudad de Cádiz que dependen, en parte, del compromiso de la Junta. Díaz y González han abordado el proyecto de la Ciudad de la Justicia, "que ya es inminente"; la lacra del paro, que afecta con especial incidencia a Cádiz y que requiere planes de empleo promovidos por la Junta; la activación del proyecto de la escuela taller orientada al sector aeronáutico; la vivienda y los proyectos de rehabilitación (el alcalde cree que se han remozado algunos inmuebles que no eran prioritarios); la implementación del carril bici; la integración del Puerto en la ciudad o el proyecto del Museo del Carnaval. Sobre este último, la Junta comprometió un millón de euros (en una convocatoria específica que saldrá en marzo), pero el regidor le ha trasladado que es insuficiente.