El Tribunal Supremo ha anulado los criterios de acceso a las ayudas al sector ganadero convocadas por la Xunta de Galicia en 2020 para apoyar a los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria, y que según las asociaciones agrarias discriminaron a las pequeñas explotaciones familiares en beneficio de las macrogranjas industriales.

Según informa el Sindicato Labrego Galego (SLG), el Supremo ha validado en un fallo datado el pasado 19 de octubre una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que en abril de este año anuló el texto de la orden por la que el Gobierno gallego, dirigido entonces por Alberto Núñez Feijóo, dejaba fuera de las ayudas temporales por la covid a las explotaciones de ganado vacuno de carne que tuvieran menos de diez vacas.

Según el SLG, eso supuso que, en la práctica, sólo cobraran las subvenciones 4.621 granjas "de las casi 19.000 que podrían haber sido beneficiarias". El sindicato opina que se trata de "una muestra más de que el Partido Popular de Galicia (PPdG) está privilegiando desde la Consellaría del Medio Rural la industrialización de la producción de alimentos en la Galicia" en beneficio de las empresas propietarias de macrogranjas de explotación intensiva.

La Xunta, por su parte, asegura que acatará la sentencia, pero se defiende señalando que la convocatorio de ayudas "reflejaba requisitos previstos en el programa de desarrollo rural 2014-2020". "Se trataba de ayudas para las explotaciones más afectadas por el covid, y es un hecho que las más pequeñas notaron menos los efectos de la pandemia", asegura la Consellería de Medio Rural, que sin embargo no explica las razones que la llevaron a esa conclusión.

Fue el SLG el que recurrió la orden de las ayudas al considerar que era injustificadamente discriminatoria y que perjudicaba al modelo tradicional de producción, cuyos productores se vieron privados en un momento de extrema necesidad de un apoyo económico que sí pudieron disfrutar sus competidores con explotaciones más dimensionadas.

El pasado abril el TSXG anuló el punto de la orden que establecía el listón mínimo de cabezas de ganado y reconoció el derecho de todos los titulares de explotaciones de vacuno de menos de 10 vacas, que no sean de autoconsumo y tengan declarados ingresos por su actividad, a ser beneficiarias de las ayudas reguladas en la norma.

La Consellería de Medio Rural de la Xunta, que dirige el abogado José González Vázquez, recurrió al Supremo en casación, es decir, alegando que existía jurisprudencia de otros tribunales que contradecían los fundamentos de la sentencia del TSXG. El Supremo, sin embargo, ha rechazado el recurso, lo que convierte en firme el fallo de los jueces gallegos.

El SLG acusa a la Xunta de desarrollar una estrategia en favor del modelo de macrogranjas industriales para "acabar con las granjas familiares y tradicionales, precisamente las que vertebran las zonas más desfavorecidas" de Galicia, donde esas pequeñas explotaciones "permiten a muchas familias subsistir y fijar población y servicios" en la Galicia rural.

 "Defender este modelo es frenar la despoblación del medio rural y la emigración y avanzar hacia un derecho fundamental para los pueblos como es garantizar nuestra soberanía alimentaria", añade el sindicato, que exige a la Xunta "que de manera inmediata subsane este importante agravio contra las granjas que fueron excluidas de esta ayuda, reparando el daño causado".