Nuevo obstáculo a la orden europea de detención y entrega contra el expresidente catalán Carles Puigdemont reactivada este lunes por el magistrado del Supremo Pablo Llarena. La Fiscalía belga no iniciará los trámites de esta detención y entrega hasta no tener una versión del auto en inglés o en alguno de los idiomas oficiales de Bélgica: francés, neerlandés o alemán.

El Supremo ha dado instrucciones para traducir el auto al neerlandés, a pesar de que España tramita órdenes de detención y entrega recibidos de Francia, Gran Bretaña o Alemania con la documentación original escrita en los idiomas originales del Estado reclamante y sin traducción.

La Fiscalía belga sostiene en un comunicado que su normativa exige la traducción de esta euroorden en inglés o en alguno de sus idiomas oficiales. Y el juez instructor Llarena se ha comprometido a enviar la traducción la próxima semana.

La Fiscalía belga ya ha dado a entender que no tiene prisa. Primero estudiará si el auto “y todas las piezas adjuntas”. Llarena tendrá que adjuntar la sentencia sobre el ‘procés’ traducida al flamenco  y con 493 páginas.

El servicio de traducción jurada es un recurso que sufraga el Ministerio de Justicia y que se pone a disposición del Tribunal Supremo.

La euroorden contra Puigdemont figura en inglés en el sistema Sirene, por el que los países de la Unión Europea que integran en espacio Schengen validan las personas buscadas por las autoridades judiciales europeas para su detención a efectos de extradición.

El auto original remitido por el Supremo a la Fiscalía belga fue introducido en el sistema Sirene y enviado a Bélgica nada más promulgarse ante el temor de que Puigdemont cambiara de lugar de residencia mientras se traducía la sentencia.

Se barajaba su traslado a alguna ciudad suiza, país donde no opera la euroorden y sí la extradición, según fuentes jurídicas. Su defensa ha negado que vaya a abandonar Bélgica.

"Vista la complejidad del expediente y de las dos euroórdenes que ya se han emitido previamente contra Carles Puigdemont, el dossier exige un análisis jurídico en profundidad", sostiene el comunicado de la Fiscalía belga.

La Fiscalía ha anunciado que verificará primero “si los hechos que están en la base de la orden europea de detención y entrega constituyen una infracción en el derecho belga".

Si es así, la orden se enviará a un juez de instrucción para que inicie los trámites, con la citación del expresidente catalán, a quien se dará diez días para su presentación voluntaria ante el Tribunal Supremo.

En caso contrario -su defensa alegará la elevadas condenas y una presunta ausencia de garantías de derechos fundamentales-, el juez deberá decidir si remite la causa a un tribunal de primera instancia belga. Su decisión puede ser apelada.

Una euroorden tiene un plazo máximo de decisión del país donde ha sido localizada la persona buscada de 60 días, extensible a 90 días en casos excepcionales.

Pablo Llarena reactivó la tercera euroorden contra Puigdemont nada más tener conocimiento de la sentencia del Supremo sobre el proceso independentista que condena al exvicepresidente del gobiernode Puigdemont, Oriol Junqueras, a 13 años de cárcel por sedición y malversación de caudales públicos, entre otros líderes que formaron la cúpula del 1-O.