La Sala II del Tribunal Supremo ha decidido inadmitir a trámite las veinte querellas y trreinta denuncias presentadas, desde que comenzó la pandemia, por sindicatos, asociaciones, organizaciones profesionales del ámbito de la sanidad y de las Fuerzas de Seguridad, familiares de víctimas del coronavirus y por Vox contra el Gobierno por su gestión durante la crisis de la covid-19, al considerar que no está debidamente justificada la autoría de los hechos punibles atribuidos a los miembros del Ejecutivo.

Sin embargo, el alto tribunal va a remitir a los juzgados ordinarios estas querellas y denuncias para que se investigue la posible comisión de delitos. En este caso, las recibirá el decanato de los juzgados de Madrid. El Supremo incide en que deben ser investigadas las muertes en residencias de la tercera edad, en la eventual omisión de las medidas de seguridad que se brindaron a los profesionales sanitarios o a los policías, y en una "posible malversación de fondos públicos en la contratación de materiales fallidos o fraudulentos para combatir la pandemia". 

El denominado auto 'covid', hecho público esta mañana, argumenta que en caso de que las diligencias practicados en los juzgados evidencien la existencia de indicios de responsabilidad contra algún aforado, "será el momento de que el juez de instrucción, en su caso, eleve una exposición razonada sobre ellos al Supremo".

En el auto, del que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, e integrada por los Magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Pablo Llarena y Vicente Magro, se comienza precisando que su examen se ciñe exclusivamente a los hechos imputados a los aforados ante dicha Sala II mencionados en las denuncias y querellas: el presidente del Gobierno, los vicepresidentes y el resto de ministros, los magistrados del Tribunal Constitucional y del Supremo, el Defensor del Pueblo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Recuerda al respecto que el Supremo no es el órgano llamado ordinariamente a investigar hechos penales, sino sólo excepcionalmente a las personas aforadas, "para no sustraer las investigaciones de su ámbito primario natural".

El partido de Santiago Abascal había presentado el pasado mes de abril en el Tribunal Supremo una querella por delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones por imprudencia grave y delitos contra los derechos de los trabajadores. La decisión del Supremo de inadmitirla no frena la investigación, sino que la coloca en el juzgado de instrucción correspondiente.

El alto tribunal subraya en su auto la necesidad de investigar las querellas sobre que delitos contra los derechos de los trabajadores, por no haber facilitado a los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y al personal sanitario, los medios y equipos de protección necesarios para el ejercicio de su actividad, poniendo así en grave riesgo su vida e integridad física.

En este sentido, el sindicato sanitario Mats denunció en marzo pasado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a su consejo de Sanidad, Enrique Suiz Escudero, por no facilitar el necesario material de protección a los sanitarios madrileños para protegerse del virus.