El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la entidad Omnium Cultural de adoptar medidas cautelares contra el rey emérito, porque el sistema procesal no permite dar ese tipo de pasos cuando la persona no tiene la condición de investigado (antes denominado imputado), como es el caso de Juan Carlos I.

En una providencia dictada este miércoles, la Sala de vacaciones del Supremo descarta adoptar las medidas solicitadas por Òmnium, que presentó este martes en el alto tribunal una petición urgente para activar la "búsqueda internacional" del rey Juan Carlos y para que fuera citado a declarar de manera inmediata como investigado. 

"Nuestro sistema procesal no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado", se indica en la providencia del Supremo, cuya Fiscalía ha asumido la investigación del presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca al comprobar que una de las personas que podrían estar involucradas en los hechos sería Juan Carlos de Borbón.

La entidad independentista anunció la petición de medidas cautelares después de que este lunes el Palacio de la Zarzuela difundiera una carta del rey emérito a Felipe VI en la que le comunicaba su decisión de trasladarse a vivir fuera de España ante la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su "vida privada". Pero lo cierto es que el emérito salió del país cercado por la Justicia, a un paso del banquillo y tras semanas de que salgan a la luz trapos sucios de su pasado.

Por el momento, sigue sin conocerse cual es el paradero actual del emérito aunque las principales hipótesis apuntan a que podría estar en Portugal o en la República Dominicana. Las autoridades dominicanas, sin embargo, han señalado que la última estancia del rey en el país fue entre el 28 de febrero y el 2 de marzo y que no tienen información sobre una posible llegada. Mientras, Juan Carlos I ha asegurado a sus más íntimos allegados que su salida de España es solo temporal.

Querella por corrupción, fraude y blanqueo

El Supremo debe todavía decidir si admite a trámite la querella presentada por Òmnium contra el rey emérito el pasado julio por los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Enmarcada en su campaña Hagámosla caer, la organización explicó que no confiaba en el Supremo, pero que acudía a esa instancia para "fiscalizar" el papel de al Fiscalía y evitar que sirva para tapar "las vergüenzas" de la corrupción.

En la querella, Òmnium pide que se investigue la procedencia de la "fortuna" de Juan Carlos I en posibles cuentas en el extranjero y que se requiera a Suiza el bloqueo de las cuentas en ese país porque hay "indicios suficientes para iniciar una investigación por corrupción" y porque la Fiscalía helvética también está indagando al respecto.

Esta querella fue registrada en el Tribunal Supremo el pasado 3 de julio y la Sala de lo Penal, que preside el magistrado Manuel Marchena, aún no se ha pronunciado al respecto.