@CdelCastilloM

MADRID.- El Ejército, esta vez a través de la sala de lo militar del Tribunal Supremo, sigue utilizando el caso Segura como aviso a los militares de que intentar fiscalizar las Fuerzas Armadas a través de la sociedad civil, por medio de los medios de comunicación o las redes sociales, sale caro.

En la última resolución en uno de los frentes abiertos de Luis Gonzalo Segura, teniente expulsado del Ejército de Tierra tras denunciar corrupción y abuso laboral en el cuerpo, la sección militar del Supremo ha resuelto que no cabe alegar una violación del derecho fundamental a la presunción de inocencia ante la potestad de los mandos militares de arrestar administrativamente a sus subordinados.

Segura sumó seis meses de arrestos sin intervención judicial. Ahora el Supremo militar se niega a juzgar la pertinencia de esas medidas

"No cabe invocar dicho derecho fundamental cuando únicamente nos encontramos ante una medida cautelar, por lo que habrá que estar a lo que resulte del procedimiento incoado y, en su caso, ante la posibilidad de ser compensado si la conducta reprochada no resulta finalmente sancionable", recogen los jueces militares en su resolución, a cuenta de uno de los arrestos que sufrió el exteniente, ordenado por el Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), Jaime Domínguez Buj.

Domínguez Buj ordenó el encierro de Segura en un centro disciplinario al no presentarse a declarar por uno de los numerosos expedientes que abrió contra él el Ejército antes de su expulsión definitiva. Este en concreto, por colaborar un medio digital y aparecer el programa La Tuerka. El exteniente pasó 31 días internado por esa decisión. Acabaría sumando seis meses de arrestos de este tipo en el periodo de un año. 

Jugando con los tiempos

La clave en este caso es que el expediente por el que el JEME lo arrestó no se resolverá nunca, al estar Segura ya expulsado del Ejército. Ya no es militar, por lo que los servicios jurídicos del Ejército no valorarán si esa medida preventiva que le privó de libertad un mes era proporcionada o no.

Para su defensa, el mensaje que manda el Supremo militar es claro: si un militar terminará expulsado, se le puede sancionar a voluntad 

Pasa su defensa, el Supremo está mandando el mensaje de que si un militar decide cargar contra la institución incluso hasta su expulsión, sus mandos podrán arrestarlo y sancionarlo a voluntad, puesto que esas medidas, que en condiciones normales deberían utilizarse solo en caso extremo, nunca serán juzgadas: "Una vez que le expulsan el procedimiento queda paralizado, no tiene sentido continuar porque él deja de tener la condición de militar y los procedimientos disciplinarios sancionadores solo se dirigen contra militares". 

El abogado de Segura recalca además que, entre sus múltiples expedientes sancionadores, el Ejército resolvió los más claros contra el teniente, y luego lo expulsó. Otros más dudosos, como la decisión del JEME de arrestarlo un mes preventivamente por sus declaraciones en medios de comunicación, quedaron, curiosamente, inconclusos. "Hay algunos que han estado dos, tres y cuatro meses parados, sin que hicieran nada. Lo que evidencia es que ellos estaban dirigiendo el proceso a su antojo", denuncia el letrado.

La esperanza de la Justicia ordinaria

Éste es precisamente el recurso que utilizará el exteniente en sus próximos movimientos, puesto que su abogado no descarta acudir a la justicia ordinaria. Su objetivo es "tratar de demostrar la arbitrariedad con la que han jugado con sus procedimientos. La paradoja es que te ponen un mes de forma cautelar y cuando el pleito que se te ha impuesto salga, pues ya veremos. Pero ese mes no pueden devolvértelo".

El teniente Segura ha afirmado que llegará hasta el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea en defensa de su causa

"La medida cautelar de un mes de arresto es una barbaridad. Si luego el procedimiento demuestra que no merecías esa sanción, ¿qué ocurre? Al cesar su relación con el Ejército, ya no vamos a saber si Luis hubiera sido sancionado o no. O si cumplió sanciones de una manera gratuita", insiste el letrado. 

El teniente ha afirmado en repetidas ocasiones que su intención es llegar incluso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en defensa de su causa. Fue expulsado en 2015 tas casi dos años denunciando la corrupción de la que fue testigo en el cuerpo. Actualmente es colaborador de este y otros medios y participa en diversas iniciativas que persiguen crear un marco legal para que los denunciantes de corrupción, militares o civiles, puedan hacerlo sin sufrir las represalias de sus superiores.