El mismo ponente, distinta definición. El Tribunal Supremo asegura en la sentencia en la que avala la exhumación de Francisco Franco que el dictador fue "jefe del Estado surgido de la Guerra Civil" después de la polémica del pasado junio, cuando lo definió en un auto como "jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento".

En su sentencia, notificada este martes pero cuyo fallo se adelantó la semana pasada, el Supremo da cuenta del "carácter único del caso" que le ocupa dadas "las circunstancias que se reúnen en torno a la persona" en cuestión.

"Fue el jefe del Estado surgido de la Guerra Civil y ocupó una posición central en el ordenamiento presidido por las Leyes Fundamentales del Reino que dieron forma al régimen político por él encabezado, y se caracterizó por negar la separación de poderes y el pluralismo político y social fuera del Movimiento Nacional", dice la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Lucas.

Lo hace meses después de que, el pasado junio, en un auto en el que suspendió cautelarmente la exhumación hasta que dictase sentencia, hiciese referencia a él como "jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento".

Esta mención fue objeto de numerosas críticas de dirigentes políticos, asociaciones judiciales e historiadores debido a que en aquella fecha, solo habían pasado dos meses desde el golpe militar del 18 de julio y quedaban por delante más de dos años de Guerra Civil. Y a pesar de que el Gobierno republicano conservó el poder constitucional en la zona leal a la República hasta el final de la contienda.

Este reconocimiento hizo saltar la alarma de historiadores como Gonzalo Berger, doctor en Historia por la Universidad de Barcelona y docente universitario. "El Supremo está dando legitimidad con esa frase al golpe de Estado del 18 de julio. Le da validez al golpe de Estado e incluso a las decisiones de la Junta de Defensa. Es muy grave y peligroso".

En su sentencia, el Supremo reconoce ahora que "la forma de acceder al poder, su permanencia en él durante décadas y la manera en que lo ejerció no tienen parangón" y admite que su exhumación de un monumento patrimonio del estado "resulta inevitable relacionarlo con la Guerra Civil y con el régimen político surgido de ella, consustancialmente incompatible con los fundamentos sobre los que la Constitución (...) asienta la convivencia".

"No estamos, pues, ante el trato diferenciado a una persona particular en un espacio privado", dice el Supremo, para el que "no es posible reducir" la decisión sobre el enterramiento de sus restos "a la esfera privada y familiar ni apreciar un trato discriminatorio injustificado ni, tampoco, vejatorio" como pretende la familia de Franco.

Por ello, no le ha parecido al tribunal "desproporcionado, arbitrario ni contrario al principio de igualdad" que se haya tenido "especialmente en cuenta" que sus restos hayan estado hasta ahora en "un lugar destacado" del Valle de los Caídos, un "conjunto monumental de titularidad pública estatal" donde el criterio (que no se discute) es que "solamente reposen quienes murieron a consecuencia de la Guerra Civil".