El Tribunal Supremo no considera delito que Mariano Rajoy cobre del Congreso de los Diputados una dieta de 870,56 euros mensuales en concepto de manutención y alojamiento, pese a residir en el Palacio de la Moncloa como presidente del Gobierno a gastos pagados por el Estado.

La asociación Democracia Real Ya presentó una querella en el Supremo por malversación de fondos públicos y apropiación indebida contra Rajoy al considerar que percibía esa dieta, que no está sujeta a retención fiscal ni debe justificarse ante la Cámara, 'de manera ilegítima', al tener ya pagada por el dinero público de todos los españoles la residencia en el Palacio de la Moncloa.

La querella se dirigía contra otros tres ministros del Gobierno que son también diputados, Cristóbal Montoro, Jorge Fernández Díaz y Ana Pastor, y 59 diputados más --de PP, PSOE, CiU y Coalición Canaria--, a los que la asociación reprochaba cobrar las dietas de manutención y alojamiento como diputados de fuera de Madrid --1823,86 euros-- pese a tener una o varias viviendas en la capital.

En el auto, el Supremo no admite a trámite la querella por los delitos de malversación de fondos públicos y apropiación indebida, al entender que los hechos analizados no son constitutivos de 'ilícito penal alguno', por lo que procede al archivo de las actuaciones.

Las dietas que reciben todos los parlamentarios elegidos en una circunscripción distinta a la de Madrid asciende a los 1.823,36 euros mensuales en concepto de ayuda para el alojamiento, con independencia de que el diputado disponga o no de casa en la capital.

Por su parte, los que han sido elegidos diputados por Madrid, entre ellos Mariano Rajoy, cobran 870,56 euros por el mismo concepto, cantidad que también se suma a su sueldo.

El Supremo subraya que los diputados no tienen que justificar que el importe recibido tenga que estar destinado 'específicamente a alojamiento' y, de hecho, puede darse el caso de que un parlamentario tenga una vivienda en propiedad en Madrid y la tenga alquilada o cedida y no la use en sus estancias en la capital, añade el auto.

Explica el alto tribunal que también cabe la posibilidad de que el dinero se invierta en 'manutención o contactos institucionales relacionados con su labor de diputado' y que no lo invierta en alojamiento.'No cabe colegir que por tener una vivienda o varias en Madrid se esté apoderando con ánimo de lucro del dinero de erario público o destinándolo a un fin diferente al asignado específicamente como diputado', destaca.

En el auto, el Supremo rebate algunos de los argumentos de la querella de 'Democracia Real Ya', en el sentido de que algún diputado, ante las reiteradas venidas a Madrid, ha terminado comprando un apartamento en la capital, o de otro, que ha donado la indemnización a una ONG.'Sin embargo esto entra dentro del capítulo de la situación particular de cada sujeto y de su ética personal, aspectos en que la jurisdicción penal es claro que no debe entrar', recuerda.

Nada más conocer el auto del Supremo, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha expresado su 'satisfacción' por la decisión judicial que demuestra, a su juicio, que no existe el más mínimo indicio de infracción o delito por parte de los diputados. 'Es una noticia muy satisfactoria para mí y para todos mis antecesores', ha afirmado Posada en los pasillos del Congreso.Entre los querellados, además de Rajoy, estaban varios ministros, como Fátima Báñez (Empleo), Jorge Fernández Díaz (Interior), Cristóbal Montoro (Hacienda) y Ana Pastor (Fomento), junto a exministros socialistas como José Blanco, Jesús Caldera y Ramón Jáuregui. En total, los querellados eran cuarenta y un diputados del PP, veinte socialistas, uno de CiU y uno de Coalición Canaria.