Podemos presenta este sábado uno de los programas electorales de más alcance e impacto que han desarrollado hasta la fecha. Su programa marco para las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el próximo 28 de mayo contiene las medidas más ambiciosas que la formación morada ha planteado en su trayectoria en cuestiones como la intervención de las administraciones públicas en los mercados privados o la gratuidad total de servicios como el transporte.

En el partido destacan que el desarrollo de este programa (para el que han recabado información de todos los territorios, y que servirá de base a los programas que cada municipio y autonomía elaborarán después, y también para los pactos programáticos con otras formaciones) tiene una doble lectura. Por un lado, asumen que se trata de un programa de máximos, una propuesta que da respuesta a lo que Podemos haría si tuviera una mayoría absoluta para gobernar; lo que a veces dista mucho de las medidas que se terminan desplegando cuando la fuerza política que conceden las urnas no es suficiente.

Por otro lado, los de Ione Belarra hacen una lectura de la experiencia acumulada en el Gobierno de coalición en esta legislatura, un ciclo político extraordinario en el que han tenido lugar eventos como una pandemia mundial o una guerra a las puertas de la Unión Europea, en el que se han desplegado políticas públicas "impensables" hace apenas cuatro años (intervención del mercado energético con el tope al gas, rebajas históricas del precio del transporte, topes a los precios del alquiler...).

En este contexto, consideran en el partido, el programa del 28M se puede permitir llegar en sus propuestas a límites que antes resultaban inalcanzables, toda vez que se han desplegado medidas que han demostrado ser eficaces, útiles e, incluso, en algunos casos beneficiosas para la economía.

Uno de los ámbitos donde Podemos despliega una regulación novedosa y más contundente respecto a otros programas que han desarrollado es en el despliegue de operadores públicos en mercados ampliamente privatizados (a veces en su totalidad). Con estas medidas, los de Belarra buscan restar capacidad y control a las grandes corporaciones que controlan sectores enteros en todas sus facetas (precios, oferta...).

En este sentido, el programa marco recoge la creación de supermercados públicos: "La existencia de operadores públicos lo suficientemente potentes como para competir de tú a tú con los grandes supermercados privados haría, en términos coloquiales, que se les acabase el chollo, pudiendo ofrecer precios más bajos a las familias y condiciones laborales más dignas a los trabajadores y trabajadoras, así como mejores precios a los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos locales", reza el texto.

Banca e inmobiliaria públicas

En esta misma línea, se propone la creación de una "banca pública pegada al territorio". "Contar con un sector bancario público no solamente permitiría evitar los abusos con las hipotecas de tipo variable que estamos viendo en los últimos meses a causa de la subida del euríbor, sino que, además, permitiría dirigir la financiación hacia la economía productiva local de una manera mucho más eficaz que el sistema financiero especulativo privado, así como llevar a cabo una atención más orientada a la ciudadanía (con atención personalizada a quienes sufren la brecha digital) o mantener oficinas y cajeros en la España vaciada", explica el programa.

También en el ámbito de la vivienda se recoge la creación de un operador de la Administración para tratar de frenar los abusos que se generan en el mercado del alquiler. En este caso, se recoge la propuesta que Podemos-IU-Alianza Verde han desarrollado para la Comunidad de Madrid sobre la creación de inmobiliarias públicas, "entidades autonómicas y locales para la construcción y gestión de parques públicos de vivienda". "Estas entidades públicas", recoge el texto, "tendrán como finalidad proporcionar alquileres más asequibles a la ciudadanía al mismo tiempo que garantizarán la seguridad económica a los pequeños propietarios".

Las medidas concretas para atraer la oferta de vivienda a estas inmobiliarias se basan en ofrecer ciertas ventajas a los pequeños propietarios para que incorporen sus viviendas al parque de estas entidades a precios más bajos a cambio de la garantía de cobro de las rentas y de mantenimiento de los inmuebles por parte de las administraciones públicas; "por ejemplo, la eliminación de las comisiones y los costes de agencia; la bonificación de impuestos municipales y autonómicos que correspondan a la vivienda; otras
garantías adicionales; el cobro del alquiler el día 1 de cada mes
con independencia de la fecha en que lo abone el inquilino", etc.

Además de la vivienda o los supermercados, los de Belarra siguen recogiendo propuestas que ya pusieron encima de la mesa en otras ocasiones relativas a la creación de empresas públicas en sectores considerados estratégicos, como empresas públicas de energía (a nivel autonómico), así como empresas públicas que puedan prestar otros servicios, que en la actualidad están privatizados, a nivel municipal, como la recogida de residuos o el agua.

La actuación pública en los mercados privados no es la única materia en la que la formación morada va un paso más allá de cara a este 28M; destaca también la propuesta que lanzan sobre el transporte público. En la formación morada consideran que las medidas temporales y excepcionales que se han tomado en este ámbito para paliar el elevado precio de los carburantes (gratuidad de determinados servicios de transporte de titularidad estatal y la bonificación de otros cuya titularidad recae sobre administraciones de nivel autonómico o local) han demostrado una enorme eficacia tanto para el ahorro de las familias y los trabajadores como para reducir el impacto medioambiental.

Plan fiscal para financiar las medidas del programa

Por eso, el programa recoge el establecimiento "de forma permanente de la gratuidad para todos los servicios de transporte de titularidad autonómica y municipal. Asimismo, se aumentará la financiación para poder mantener un nivel adecuado de frecuencias, de infraestructuras y de recursos humanos".

Para financiar estas medidas, el programa recoge un plan fiscal adaptado a los niveles autonómico y municipal (que tienen competencias bastantes limitadas en lo que a tributos se refiere). En este sentido, se propone aumentar la progresividad de los tramos autonómicos del IRPF y revisar las deducciones existentes, ya que hay una elevada heterogeneidad entre comunidades autónomas, tanto en tipos aplicados como en número de tramos que influyen en la progresividad del impuesto y la recaudación autonómica.

Se recoge la eliminación de las deducciones y bonificaciones relativas a los impuestos de sucesiones y donaciones, y sobre el patrimonio para rentas altas. Se apuesta por medidas en materia de fiscalidad verde con el objetivo de gravar aquellas actividades que tengan impacto ambiental y de otorgar ventajas fiscales y bonificaciones a los cambios en el consumo que reduzcan este impacto.

Se plantea la creación de un impuesto a la vivienda vacía para grandes tenedores que se pueda extender a todos los propietarios, teniendo en cuenta excepciones y carencias. Se propone la creación de una tasa Amazon sobre la facturación de los operadores postales que facturan más de un millón de euros en las ciudades por el uso del espacio público en las entregas a domicilio. Estas medidas se complementan con modificaciones en el IBI para hacerlo progresivo en función de la renta y con tasas turísticas y con la lucha contra el fraude fiscal. 

El partido presenta este programa este sábado en su sede de Madrid. El texto se corresponde, básicamente, con un compendio de las medidas que han ido aportando los diferentes territorios y que tienen una aplicación estatal (en el sentido de que es válida para prácticamente todos los ayuntamientos y comunidades). El objetivo es que pueda servir de base y apoyo para la elaboración de los programas definitivos que se presenten después en cada municipio y territorio.