No hay vuelta de hoja. Los españoles quieren que la "reconstrucción" económica tras el coronavirus se base en un sistema mucho más solidario, redistributivo y equitativo que el actual. Es decir, en el que los más adinerados y las mayores compañías paguen más impuestos; se dedique un elevado gasto público a los servicios de Sanidad y de Educación, y se garantice una renta básica universal o ingreso mínimo vital a los más desfavorecidos.

Esos son algunos de los resultados obtenidos por la macro-encuesta de Sináptica para Público –cuya última parte presentamos hoy– sobre el estado de la opinión pública durante el estado de alarma que obligó a un confinamiento casi total de la población. Este sondeo descubrió que la mayoría de los españoles quieren ahora una mayor intervención del Estado en la economía, y que tres de cada cuatro exigen que la Banca devuelva de inmediato el dinero público del rescate bancario. Más de la mitad cree que se deberían nacionalizar algunas empresas estratégicas, como por ejemplo las eléctricas.

En cuanto a las recetas económicas de la "nueva normalidad" que nos protejan en el futuro de amenazas como esta pandemia, dos de cada tres encuestados –un millar de entrevistados entre el 28 de abril y el 4 de mayo– consideran que es preciso que los ricos y las grandes empresas aporten más a las arcas públicas para que el Estado pueda hacer frente a las necesidades más básicas de la población.

Como se puede ver en el primero de los siguientes gráficos, ese convencimiento es compartido por ambos sexos, aunque está más arraigado entre las mujeres, un 68,1% de las cuales sostiene que los que más tienen deben pagar más impuestos, frente al 65,5% de los hombres que opinan igual. El total es casi exactamente equivalente a dos tercios de la ciudadanía: un 66,9%.

Es la población madura la que más reclama justicia fiscal

Por edades, sorprendentemente no son los más jóvenes quienes más apoyan esa justicia fiscal, sino los que están en la fase más avanzada de su vida laboral o en la cúspide de su carrera profesional: los de 50 a 64 años (el 73,7%, casi tres de cada cuatro) y los de 35 a 49 años (un 66,1% o dos de cada tres). De hecho, los de 18 a 34 años son los que menos comparten esa reivindicación –aunque siguen siendo amplia mayoría en ese segmento (el 62,6%)–, mientras que en la tercera edad (65 años o más) lo pide un 64,1%.

Por hábitat, los que menos reivindican esa redistribución fiscal son los que residen en grandes urbes de más de 500.000 habitantes (aún así, el 61% está de acuerdo, frente a sólo un 14,8% en desacuerdo), y los que más la reclaman son los que viven en localidades de menos de 10.000 habitantes (69,5%). En las poblaciones de entre 10.001 y 50.000 residentes, son exactamente dos tercios (66,6%), y en las ciudades medias de hasta medio millón de personas ese porcentaje es del 67,8%.

De lo que no cabe duda es que esta pandemia ha concitado un apoyo casi unánime al aumento del gasto en la Sanidad y la Educación públicas, reivindicación que tras la tragedia nacional del coronavirus comparten casi nueve de cada diez españoles: un 86% de los encuestados. Una vez más, son las mujeres –mayoritarias en esos servicios públicos– quienes más lo reclaman (el 88%), pero el 83,8% de los hombres también lo consideran necesario, como se ve en el primero de los siguientes tres gráficos:

Los mayores y los pueblos piden más gasto sanitario

Por edades, entre los de más de 50 años se supera el 89% de apoyo a esa reclamación, mientras que entre los jóvenes –a los que la actual emergencia sanitaria ha afectado menos– es menos unánime, aunque siguen estando de acuerdo más de tres cuartas partes (un 78%).

Muy poca diferencia se registra, en este caso, por lugar de residencia, salvo que la reivindicación es más unánime (89,1%) en las poblaciones más pequeñas, donde se padece mayor escasez de recursos y de centros sanitarios.

También es muy mayoritario, aunque no tan unánime, el apoyo de la ciudadanía al establecimiento de una renta básica (o ingreso mínimo vital) impulsada por Unidas Podemos desde que entró a formar parte del Gobierno de coalición con el PSOE. Esta vez no hay diferencia apreciable entre hombres y mujeres en cuanto a la necesidad de la medida, con la que están de acuerdo tres de cada cuatro encuestados (el 73,2%).

No obstante, sí hay una amplia disparidad de opiniones entre los que creen que esa renta básica debe ser universal –para todas las personas, cosa que defiende sólo uno de cada diez– y los que estiman que únicamente se debe aportar a los que tienen bajos ingresos o ningún medio de subsistencia (apoyado por el 63,3%), como se puede observar en los próximos gráficos: 

Tanto los más jóvenes como los de 50 a 64 años de edad apoyan la renta básica en un 80%, pero entre los primeros son más proclives a que la perciba todo el mundo (un el 14,6%, frente al 65% que la limitaría) mientras que los más maduros quieren restringirla a los de menos ingresos (un 71,4%, frente al 9,1% que la haría universal). Es en el segmento de entre 35 y 49 años de edad donde hay un mayor porcentaje de los que no la consideran necesaria (el 20,9%).

Por hábitat, son las grandes urbes de más de medio millón de personas donde hay mayor porcentaje de personas que no creen necesaria una renta básica (el 19,1%), aunque siguen favoreciéndola casi siete de cada diez (el 69,3%). Es en los pueblos grandes (de hasta 50.000 habitantes) donde existe más apoyo a la renta básica (el 84%) y más manga ancha para que la perciban todas las personas (un 12,6%).

Un 42% la pondría a 500€/mes y un 29%, a más de 750€

Sobre la cuantía mensual que debe tener esa renta básica (entre los que la apoyan) hay más disparidad de criterios, como era de esperar. Un 42,3% (porcentaje idéntico entre hombre y entre mujeres) cree que debe ser de un máximo de 500 euros; mientras que el 29,1% (también bastante igualado por sexos) la subiría hasta un tope de 750€; el 16,3% (aquí sí son más las mujeres, con el 17,8%) la llevaría hasta un límite de 950€; y alrededor del 12% (en ambos sexos) estaría dispuesto a ponerla incluso por encima de esa última cantidad.

Como se puede ver en estos últimos gráficos, esos segmentos de opinión son similares por edades, salvo en la franja de los 35 a los 49 años que hay menos generosidad –con el 46,2% queriendo limitar la paga a un máximo de 500€–, mientras que son los de 65 años o más los que la pondrían más elevada (un 31,8% la subiría por encima de los 750€).

También son menos generosos los urbanitas de ciudades con más de medio millón de habitantes, un 48,5% de los cuales limitaría la renta básica a menos de 500€ al mes. Y son los residentes en las localidades más pequeñas quienes estarían más dispuestos (un 32,3%) a conceder ingresos mensuales superiores a los 950€.