Los reclamos de transparencia en torno a las actividades de los "barcos de la muerte" saudíes en España siguen chocando con el inquebrantable muro del Gobierno. Así lo ha experimentado en carne propia el grupo parlamentario de ERC, uno de los aliados paralmentarios del Ejecutivo, que ha intentado sin éxito conocer qué tipo de material cargó el buque Bahri Hofuf –uno de los barcos de la naviera pública Bahri dedicado al transporte de armamento– el pasado 29 de junio en el puerto de Cádiz.

"Constantemente en el Estado español llegan barcos saudíes, los también
denominados barcos de la muerte, para recoger armamento", destacaban Marta Rosique y Gerard Álvarez, diputados de la formación catalana, en una iniciativa remitida al Gobierno el pasado 30 de junio, 24 horas después de que el Bahri Hofuf atracara en la terminal marítima gaditana.

Los diputados republicanos destacaban que la actividad de estos buques "se lleva a cabo de forma oculta, haciendo uso de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre
secretos oficiales", en alusión a la normativa de la dictadura franquista que aún está vigente en España y que regula las materias clasificadas como "secretas".

En esa línea, Rosique y Álvarez pedían información al Gobierno acerca de la carga realizada por el Bahri Hofuf y si, concretamente, había hecho escala en Cádiz para llevarse material de defensa que podría ser utilizado en los ataques contra Yemen. Se trata de un aspecto sumamente sensible, ya que España, como Estado Parte del Tratado de Comercio de Armas (TCA), no puede realizar exportaciones de materiales susceptibles de ser utilizados en crímenes de guerra.

La respuesta del Gobierno a ERC sobre la visita del Bahri Hofuf a Cádiz llegó al Congreso el pasado viernes 24, casi tres meses después de que atracara el barco. El documento es, básicamente, un "copia y pega" de otras respuestas enviadas a la Cámara Baja ante preguntas similares formuladas por el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien también realiza un seguimiento de estos asuntos. 

De esta manera, el texto remitido al grupo republicano se limita a señalar que "los países de la Liga Árabe que forman parte de la coalición que interviene en Yemen no están sometidos a embargo alguno por parte de la ONU o la Unión Europea en la exportación de armamento o de material policial y antidisturbios". 

Del mismo modo, argumenta que "a la hora de autorizar o denegar una exportación a los dos destinos citados" –en alusión a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, involucrado también en los ataques en Yemen–, la Junta Interministerial que concede las autorizaciones de exportación de armamento "analiza y aplica" distintos artículos del TCA y de la Posición Común del Consejo de Europa "por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares".

El Ejecutivo vuelve a alegar además que "si se tuviese conocimiento o existiese riesgo de uso indebido de los materiales exportados", las autoridades españolas aplicarían la normativa vigente sobre "el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, por el que se puede suspender o revocar una autorización previamente concedida". 

En su respuesta, el Gobierno obvia cualquier alusión a un aspecto clave de este asunto: las actas de la junta interministerial que autoriza o rechaza las exportaciones tienen carácter secreto, lo que impide conocer los argumentos empleados a la hora de permitir la venta de armamento a países como Arabia Saudí o Emiratos.

El Gobierno tampoco ha querido aclarar si en el primer semestre de 2021 se han autorizado nuevas ventas de armamento a ambos países. Según datos oficiales recopilados por la plataforma Armas Bajo Control que integran Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón Oxfam y FundiPau, durante 2020 se concedieron 26 licencias de exportación a Arabia Saudí por un valor de 215,3 millones de euros, mientras que se concretaron exportaciones por otros 48,2 millones de euros.

En el caso de Emiratos, hubo en total 34 autorizaciones por un importe de 60,2 millones, mientras que las operaciones materializadas a lo largo del año alcanzaron los 27,6 millones de euros. Este país, actual refugio de Juan Carlos I, también es señalado por los organismos de derechos humanos por la fuerte represión contra opositores políticos, activistas o tuiteros.

En la respuesta a ERC, el Gobierno señala "la información relativa a las exportaciones realizadas y a la aplicación del instrumento de verificación", en alusión al mecanismo "posventa" que permitiría revisar in situ la utilización de las armas vendidas, "será proporcionada con motivo de la remisión del informe de estadísticas del año 2021", algo que no ocurrirá hasta ya entrado 2022.

"Es una demostración más de que tanto el PSOE como el PP, que también está involucrado en la venta de armas, siguen tapándose las vergüenzas", sostiene el diputado de ERC Gerard Álvarez. Tras recibir la respuesta del Gobierno, el representante catalán señaló a Público que "el Estado español, con la venta de armas, está saltándose tratados internacionales". "Por mucho que no nos quieran responder, seguiremos apretando hasta conocer la verdad", remarcó. 

Más de 30 barcos

Según datos recogidos por Público, desde 2016 han atracado en España más de 30 "barcos de la muerte" saudíes. En ningún caso ha sido posible obtener información oficial sobre las actividades de estos buques, que en varias ocasiones llegaron a falsear sus respectivas hojas de ruta para tratar de ocultar que se dirigían a puertos de este país.

Dichas maniobras llegaron a ser denunciadas por Izquierda Unida (IU) en Bruselas, lo que motivó que la comisaria de Transporte de la UE, Adina Valean, se comprometiese a contactar con el Gobierno español para ayudarle a "monitorear cualquier tipo de transporte de cargas peligrosas y/o actividades ilegales en su jurisdicción".