La Guardia Civil está registrando la sede de varias empresas -tanto públicas como privadas- y podría detener hasta una quincena de personas en el marco de una nueva operación contra la presunta financiación irregular de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya. Entre las personas detenidas se encontraba el presidente del Puerto de Barcelona, ​​Sixte Cambra, que ha sido puesto posteriormente en libertad, y los ex dirigentes convergentes Antoni Vives y Francesc Sánchez. Vives fue teniente de alcaldía en el Ayuntamiento de Barcelona durante el pasado mandato y una de las personas clave en el equipo de Xavier Trias, mientras que Sánchez fue un cargo de máxima confianza de Artur Mas y ejerció de responsable de Régimen Interno y de Comunicación en la última etapa de CDC y fue el encargado de la refundación del partido hacia el PDECat.

El operativo, bautizada como Pika, responde a la investigación del juzgado de instrucción número uno del Vendrell, que desde 2014 se encarga de la operación Petrum, también conocida como el caso del 3% [por las comisiones irregulares que presuntamente pagaban empresas a CDC a cambio de adjudicaciones de obra pública]. Las empresas públicas investigadas son Infraestructures.cat -que depende de la Generalitat-, la Autoridad Portuaria de Barcelona y Barcelona de Infraestructuras Municipales SA (Bimsa), que depende del Ayuntamiento de la capital y estuvo presidida por Vives durante alcaldía de Xavier Trias.

En el caso de Bimsa, la sospecha es que podría haber manipulado el contrato para la adjudicación de las obras para la construcción de la plaza de las Glòries a favor de una unión temporal de empresas (UTE) formada por las empresas Copisa, Arnó, Comsa y Rogasa. La obra tenía un presupuesto inicial de 49 millones y los investigadores tendrían indicios de que los empresarios habrían pagado al partido donativos a cambio de ser favorecidos en la adjudicación. Los registros no se han limitado a Barcelona, ​​sino que ha habido en 11 localidades más (Sant Boi, Rubí, Hospitalet, Manresa, Lleida, El Prat, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Berga, Madrid y Majadahonda ).

La operación supone una derivada del caso Petrum, que vivió un capítulo importante en octubre de 2015, cuando la Guardia Civil registró la sede de Infraestructures.cat, la empresa de la Generalitat encargada de adjudicar la obra pública . Entonces fueron detenidos su director general, Josep Antoni Rosell, y el tesorero de la antigua CDC, Andreu Viloca, además de siete empresarios que, supuestamente, habrían camuflado como donaciones a la fundación CatDem, vinculada al partido, lo que eran comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.

El origen de causa se remonta a la primavera del 2014 en Torredembarra, cuando los investigadores descubrieron que el entonces alcalde de la localidad, Daniel Massagué (CiU), había recibido pagos injustificados por parte de sociedades filiales de Teyco, controladas por la familia Sumarroca. La Fiscalía Anticorrupción descubrió, en una caja fuerte del empresario Jordi Sumarroca, un documento donde salían anotados pagos correspondientes al 3% exacto de obras públicas adjudicadas a su grupo por diferentes ayuntamientos controlados por CiU.

En el marco de la operación también registraron, posteriormente, la sede de CDC y de la CatDem. De todo ello se extrajeron más pruebas que, supuestamente, confirmarían el pago generalizado de comisiones por parte de empresas a la formación a cambio de la adjudicación de obras públicas.
La operación Pika es continuación de las tres fases de la operación Petrum, desarrolladas por la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona y que investiga desde 2015 el presunto pago de comisiones del 3% a CDC a cambio de obra pública.

La denuncia del 'tres por ciento'

Los antecedentes del caso se remontan a hace una década cuando en 2005, durante un debate en el Parlamento catalán sobre el hundimiento del túnel del Metro en el barrio de El Carmel, el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall (PSOE) le espetó al entonces líder de la oposición, Artur Mas (CiU): "Ustedes tienen un problema y se llama 3%".

Las palabras de Maragall no eran más que una velada acusación a que durante años de Gobierno de CiU las obras públicas se gravaban con tal porcentaje en forma de comisiones que servían para financiar la formación nacionalista.

Casi una década después, la operación Petrum y ahora la Pika son las últimas líneas de investigación abiertas sobre esas supuestas comisiones.

Disparidad en las valoraciones políticas

La operación Pika ha desatado una ola de valoraciones políticas, con interpretaciones bastante discrepantes. La portavoz de la CUP Capgirem Barcelona en el Ayuntamiento, María José Lecha, ha manifestado que representa una "tremenda bofetada" al proceso independentista, ya que la sombra de la sospecha de corrupción sobre la antigua CDC va en detrimento de un proceso que debería ser "impecable". Con relación a la fecha de la actuación, Lecha ha querido destacar que "no se debe obviar que son hechos por presuntas adjudicaciones irregulares".

Asimismo, ha pedido al Ayuntamiento de Barcelona que se presente como acusación si se confirman las irregularidades en la empresa pública Bimsa. Sobre Antoni Vives, teniente de alcalde y presidente de esta sociedad durante el pasado mandato, la concejal de la CUP ha afirmado que "su sombra es muy alargada, porque también está relacionado con la investigación en Barcelona Regional", que lleva a cabo la Fiscalía por la contratación irregular de dos personas vinculadas a CDC.

Desde el PDeCat, en cambio, se intenta atribuir la operación a la voluntad de condicionar la movilización ciudadana prevista para el lunes, en apoyo al ex-presidente Artur Mas y las ex consejero Irene Rigau y Joana Ortega, que declararán por la organización del 9N. En una entrevista al diario Ara, la ex consellera Rigau ha recordado "el día en el que presentábamos la candidatura de Junts pel Sí en el Paseo de Lluís Companys y, mientras celebrábamos el acto, estaban registrando la sede de CDC". Jacint Borràs, padre de la consejera de Gobernación y uno de los fundadores de CDC, ha declarado que es una "operación programada" para desmovilizar a los catalanes de cara el lunes.

En cambio, el coordinador general del PP en Catalunya, Xavier García Albiol, ha pedido a la Generalitat que dé explicaciones inmediatas por la operación Pika. También ha reclamado el cese de Sixte Cambra al frente del Puerto de Barcelona, ​​y que sea sustituido por parte del gobierno español. La diputada del PSC Alicia Romero ha afirmado que "son hechos graves que ya hace demasiado tiempo que duran» y ha pedido explicaciones al PDeCat. El portavoz de Catalunya Sí Que es Pot (CSQEP), Joan Coscubiela, ha negado que se trate de un "ataque contra el independentismo", ya que no se actúa contra la CUP ni ERC, sino sólo contra CDC.