La crisis del coronavirus ha presionado como nunca un sistema sanitario, el andaluz, que viene ya de pasar años difíciles, de recortes y protestas masivas. Los sindicatos de la sanidad, CCOO, UGT, CSIF y Satse, excepto el Sindicato Médico Andaluz, considerado el más conservador y al que ha pertenecido el propio consejero de Salud, Jesús Aguirre (PP), médico de profesión, han convocado diversas concentraciones que comenzaron este martes para exigir al Gobierno, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, frente a lo que consideran una "falta de sensibilidad" del Gobierno. Satse, que representa los intereses de la enfermería, amenaza con una huelga para el próximo otoño.

Hay una serie de desencuentros que el Ejecutivo de Juanma Moreno no ha conseguido resolver, a pesar de haberle puesto interés político y también algunas medidas concretas sobre la mesa que solo el Sindicato Médico ha considerado, de momento, suficientes.

Para el resto de sindicatos, sin embargo, son de momento insalvables los desacuerdos al respecto de la atención primaria, de la carrera profesional, de la promoción de auxiliares administrativos, de los aumentos de plantilla, de las especialidades de enfermería, al respecto de los técnicos de mantenimiento, y, sobre todo la sensación de que se acumulan los problemas y existe falta de rumbo en la política sanitaria: "Es un año y medio de un funcionamiento nefasto de la mesa sectorial sin politica sanitaria definida", resume la situación una fuente sindical.

El Gobierno andaluz ha puesto sobre la mesa diversas propuestas, entre las que destacan las siguientes. Por un lado, el abono de una gratificación especial por la covid-19 al personal del sistema sanitario público equivalente al 20% del salario base más la paga extra por tres meses –algo a lo que viene moralmente obligado por una moción aprobada en el Parlamento de Andalucía, que PP y Cs rechazaron allí–. 

Además, "en materia de reconocimiento por el trabajo realizado durante los meses de máximo azote de la pandemia de la Covid-19, todos los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía recibirán un pago único de 622,37 euros de media". Esta medida, según Salud, tiene un coste total de casi 73 millones de euros. También la Junta de Andalucía ha propuesto aumentar hasta en cuatro los días adicionales de vacaciones al personal que ha trabajado luchando contra el coronavirus, uno por mes desde marzo a junio.

Por otro lado, Salud extenderá el complemento específico de la exclusividad a partir de septiembre. El coste anual de la exclusividad asciende a casi 10 millones. Esta medida es clave para que el Gobierno reciba en este momento el apoyo del Sindicato Médico. "Después de años de injusticia, todos los facultativos percibirán íntegro, a partir del mes de septiembre, el complemento específico. El mismo trabajo, por fin, merecerá la misma retribución", manifestó el sindicato en un comunicado.

Salud, por último, ha puesto sobre la mesa dos nuevas medidas: "La equiparación de la jornada complementaria (las antiguas guardias, una medida que afectará a casi 17.000 profesionales) y de la atención continuada (noches y festivos de los trabajadores a turnos que afecta a casi 30.500 profesionales, medida introducida para ampliar el alcance de los beneficios al máximo de trabajadores)". Esto supone un coste para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de más de 26 millones extra al año.

Estas medidas pasarán por el Consejo de Gobierno para su aprobación, junto a otra: "Los eventuales que pasaron a interinos en 2017 y que seguían cobrando en nómina complementaria pasarán a nómina normal, por lo que este año verán normalizada su situación". El importe estimado de esta medida es de 43,66 millones.

Para el Sindicato Médico Andaluz, todo ello supone "un paquete de medidas concretas que, por primera vez en muchos años de maltrato, representan una buena noticia y comienzan a reparar la situación lamentable y profundamente injusta a la que años de desdén por parte del Gobierno andaluz había conducido". 

No hay implicación

El resto de sindicatos ven las cosas de otra manera. Por ejemplo, para UGT existe un "menosprecio" y no ha habido "una implicación en premiar la labor del personal sanitario". "No apuestan por mejorar el sistema y falta a la palabra del presidente de la Junta [Juanma Moreno, quien tenía interés en evitar las protestas] ya que no han dado opción a mejorar las propuestas que han traído a la mesa de la sanidad", afirman un comunicado.

Para Csif, las propuestas planteadas por la Administración sanitaria para compensar a los profesionales por la pandemia son "insuficientes". Además, el sindicato considera que las mejoras salariales que buscan equiparar a los profesionales con los de otras Comunidades "dejan fuera a más de la mitad de los profesionales del SAS, con lo que no podíamos estar de acuerdo". 

Aunque Csif valora "toda propuesta de mejora retributiva y de condiciones laborales que beneficie a profesionales de la sanidad andaluza", sin embargo, cree que la Junta de Andalucía "no ha sido suficientemente sensible y no ha dado respuesta a lo que necesitan las profesionales y los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía".

Para CCOO, el Gobierno andaluz "incumple flagrantemente" un acuerdo de 2018 de la Mesa Común de Empleados Públicos de Andalucía, en el que se acordaron mejoras salariales, lo que representaría a la administración un gasto de unos 35 millones de euros. "Por esta razón no es asumible la propuesta realizada por la Administración", aseguran en un comunicado. 

Además, CCOO considera que la Junta ha priorizado sus compromisos electorales, como la extensión del abono de la exclusividad al personal facultativo que no trabaja en exclusividad en el sistema, "por encima del necesario consenso que se tenía que haber configurado con las organizaciones sindicales".

En un comunicado, CCOO añade: "Sin ánimo de menospreciar el esfuerzo realizado con el anuncio de algunas de las medidas", CCOO estima absolutamente necesario que "también se priorice el pago de la carrera profesional para técnicos superiores sanitarios, técnicos sanitarios y personal de gestión y servicios a fecha de 1 de enero de 2021, lo que afecta a en torno a 45.000 trabajadores".

Satse, que mantiene la amenaza de huelga para el otoño, sostiene que las medidas del Gobierno son, aunque algunas de ellas suponen un paso adelante,  "absolutamente insuficientes", además de confusas y poco claras y, otras "injustas". En definitva, para Satse, "la forma de gestionar y las medidas llevadas a cabo por la Administración sanitaria andaluza están generando el descontento y la crispación no solo de los representantes de las trabajadores que se disponen a negociar los derechos de los mismos, sino también de los propios profesionales". 

Aguirre, el consejero de Salud, defendió su trabajo y afirmó en rueda de prensa que "nunca en tan poco tiempo se ha hecho tanto por los trabajadores del sistema sanitario público en Andalucía", con la propuesta de medidas tanto "estructurales", que "quedan reseñadas en los presupuestos de próximos años", como "coyunturales" de mejora para el colectivo, según recoge Europa Press.

A su lado, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, un hábil comunicador, instalado en la propaganda, calificó las propuestas de Aguirre de este modo: "El mayor plan de apoyo a los profesionales sanitarios de la historia de Andalucía”, según recoge Europa Press.