"PSOE tic-tac", se podía leer en una pancarta instalada frente al Congreso. Al grito de "sí se puede, pero no quieren", miembros de los sindicatos y colectivos por el derecho a la vivienda han presentado este jueves ante los medios la proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, un texto articulado por organizaciones de la sociedad civil y amparado por nueve grupos parlamentarios, la mayoría de ellos socios del Gobierno.

La elaboración y el registro de la norma, enmarcada en un contexto de negociación presupuestaria entre las formaciones que sostienen el Ejecutivo, se da frente al "inmovilismo" del PSOE, que pactó hace un año con Unidas Podemos la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda para el pasado mes de febrero. En esta línea, las entidades presentes en el acto celebrado en la Plaza de las Cortes (Madrid) han dejado claro que la formación de Pedro Sánchez "ha incumplido" su compromiso con la sociedad y con sus socios de Gobierno de regular el alquiler e impedir los desahucios.

No obstante, "esta ley no surge de un conflicto entre socios, sino de un conflicto social que enfrenta a poderosos lobbies financieros e inmobiliarios que ven en la vivienda una forma de especulación y enriquecimiento, con el resto de la sociedad: en los primeros seis meses de 2021 llevamos acumulados 22.532 desahucios a pesar de las medidas especiales de protección por la pandemia confirmando el carácter sistémico de la emergencia habitacional que sufrimos en España. Y precisamente, España es uno de los países del mundo en los que las familias destinan mayor proporción de sus ingresos a pagar el alquiler a causa de las desproporcionadas subidas durante los últimos seis años, hecho que ha generado un empobrecimiento sistémico en los hogares inquilinos", argumentan.

Por todo ello, los sindicatos CCOO y UGT, y las organizaciones en defensa del derecho a la vivienda han dado un paso adelante al presentar esta ley en la Cámara Baja, que cuenta con el respaldo de más de 120 organizaciones sociales, sindicales, juveniles, de pensionistas, de consumidores. Asimismo, para su registro, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts, Más País, CUP, Compromís, Nueva Canarias y BNG han comprometido con sus firmas el apoyo tanto a esta ley como a las medidas que contiene.

Los diferentes portavoces de las entidades que han intervenido este jueves han apelado constantemente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, así como al grupo parlamentario socialista en su totalidad. "Desde hoy comenzamos a organizarnos para redoblar la presión y movilizar a la población. Ha llegado el momento de que el PSOE de un paso y se posicione en contra de los desahucios y de reducir el precio del alquiler. España necesita una ley que garantice el derecho a la vivienda", ha manifestado Lucía Delgado, portavoz de la PAH.

La norma se estructura en nueve títulos, con un total de 94 artículos, en los que se establece el Derecho a la Vivienda como derecho subjetivo exigible para asegurar su protección, y se definen nuevas garantías judiciales para evitar el abuso de derecho contra los habitantes susceptibles de desahucio. En este punto, el texto articulado prohíbe los desahucios a personas o familias vulnerables mientras no haya garantía de un realojo digno y adecuado, y obliga a los grandes propietarios a hacer alquileres sociales como opción prioritaria ante el desahucio. También, se garantiza el acceso a suministros básicos, creando una tarifa social y prohibiendo los cortes de agua, luz o gas a personas en exclusión residencial.

La ley implementa una regulación de los alquileres flexible en base a un índice de mercado con el objetivo de limitar y bajar el precio de las rentas para que supongan un coste asumible para la mayoría de la población. En cuanto al parque de vivienda pública, se prohíbe su venta y se fija un objetivo de solidaridad urbana del 20% antes del año 2050 para movilizar vivienda mediante diferentes herramientas como son la "cesión obligatoria, el tanteo y retracto de grandes tenedores", entre ellos, la SAREB y las entidades financieras rescatadas con dinero público en 2009.