Después de aprobar cinco Presupuestos Generales del Estado (PGE) con gran comodidad y un completo desprecio a la oposición gracias a una exultante mayoría absoluta Mariano Rajoy y su Gobierno afrontan a partir de este miércoles una dura prueba: conseguir sacar adelante el proyecto de PGE para 2017 desde una posición de debilidad que le dan sus escasos 137 escaños.

Atrás quedaron los años en los que su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al frente todavía en la administración de los dineros públicos, apenas dedicaba unos minutos a estudiar las enmiendas que presentaban los grupos de la oposición a sus PGE: alrededor de 30.000 enmiendas se fueron a la basura en cinco ocasiones diferentes en las que tan solo admitió unas docenas de correcciones, todas ellas matizadas por el Gobierno.

Ahora la situación es distinta y Montoro y su equipo se están empleando a fondo para poder alumbrar sus primeras cuentas públicas en franca minoría. Desde que el proyecto de PGE para 2017 fue presentado en el Congreso, el pasado día 4 de abril, los servicios técnicos de todo el Gobierno se están empleando a fondo para negociar con los aliados que ha podido reunir Rajoy, bajando él mismo a la arena, para superar el reto de sacar las primeras cuentas públicas de su segunda legislatura en Moncloa.

Van a ser dos meses en los que Rajoy, Montoro y el resto de su Gobierno van a estar en vilo ya que dependen de terceros lograr su objetivo. De entrada, el primer susto lo afronta de inmediato: entre este miércoles y el jueves se celebra en sesión plenaria en el Congreso de los Diputados el debate sobre las enmiendas a la totalidad al proyecto de PGE presentadas por los diferentes grupos parlamentarios.

Siete enmienda de la oposición

Son siete: las del grupo socialista, la de Unidos Podemos- En Comú Podem-En Marea, la de ERC y las de los partidos del grupo mixto PDeCAT, Compromís, EHBildu y Nueva Canarias. Mañana se votarán todas de forma conjunta ya que, independientemente de sus argumentos, la petición es la misma en todas: devolver al corral el proyecto del Gobierno. Todos ellos suman 175 escaños, la mitad justa del hemiciclo.

Pero Rajoy y su ministro Montoro, que será el encargado de defender por décima vez un proyecto de PGE – cuatro con Aznar y seis con su actual jefe de filas – se han asegurado para este primer trámite una cifra igual para oponerse a las enmiendas de devolución: los 137 propios – con sus socios de UPN y Foro -, los 32 de ciudadanos, los 5 del PNV y el único de Coalición Canaria (CC).

De esta forma, si el jueves ese empate se refleja tres veces consecutivas en el panel de votaciones las enmiendas a la totalidad decaen, al no lograr un respaldo mayoritario, y el proyecto de PGE sigue adelante con su tramitación, esta vez en la comisión de Presupuestos donde se debatirán las enmiendas concretas. Seguro que los grupos parlamentarios presentarán miles.

A partir de ese momento – la próxima semana – la ecuación anterior ya no sirve en la compleja negociación que se abre. Las alianzas en este trámite son cruzadas por lo que el Gobierno y el grupo popular deben garantizarse 176 respaldos si no quieren ver enmendados muchos artículos del proyecto original, salvo que se lleguen a acuerdos transaccionales, es decir variaciones negociadas, en ocasiones, con varios grupos.

El Gobierno necesita el apoyo de C's, PNV y CC

Montoro debe amarrar el apoyo de los escaños de Ciudadanos, PNV y CC a lo largo de ese proceso que se alargará durante más de un mes en la Cámara baja. Y ahí es donde también entra en juego el “disputado” voto del diputado Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, formación que concurrió en las elecciones en coalición con el PSOE, aunque se integra en el grupo mixto.

Su valor no es ponderado, es pura aritmética; es el que hace 176, es decir la mayoría absoluta. Y puede ser determinante para salvar los PGE de Rajoy para este año. Quevedo, pese a presentar una enmienda a la totalidad, ha dicho que está dispuesto a negociar con Rajoy y Montoro su particular “agenda canaria”.

El contexto en el que se producirá la tramitación del proyecto de PGE para 2017 no es precisamente el más idóneo para los intereses del Gobierno. Los escándalos de corrupción que afectan al PP y a no pocos destacados militantes de la formación conservadora complican sumamente las negociaciones políticas y ponen en un brete a los “socios” del Gobierno.

Calendario complejo

Este estado de cosas puede afectar negativamente a los intereses de Rajoy, quien está metido en este embrollo al tener que ir a declarar como testigo en el primer juicio sobre la trama Gürtel que se celebra en la Audiencia Nacional. Otros procesos judiciales de corrupción en el PP comienzan a concretarse como el inminente juicio por el caso Emarsa que afecta al PP de la Comunitat Valenciana.

A primeros del mes de junio el pleno del Congreso de los Diputados votará el dictamen de la comisión de Presupuestos y las enmiendas que mantengan los grupos parlamentarios. En ese momento deberá constarse el sentido del voto del diputado Quevedo. Y no solo en una o dos votaciones; es el momento más tedioso del año con decenas y decenas de votaciones.

En el caso que el proyecto de PGE salga “vivo” de la Cámara baja, aunque con enmiendas, deberá ir al Senado, lugar en el que el Gobierno no tendrá problemas ya que cuenta con mayoría absoluta. No obstante, es el lugar en el que el Gobierno aprovecha para introducir alguna enmienda técnica de última hora. De ser así, el proyecto vuelve al Congreso, pero ya solo para pronunciarse sobre las modificaciones introducidas en la Cámara alta.

Montoro anunció en la presentación del proyecto de PGE que el calendario de su tramitación concluyese en la última semana del mes de junio, es decir dentro de dos meses. El viernes 30 de junio el Consejo de Ministros debe aprobar el techo de gasto de las administraciones públicas del Estado para 2018, una norma que exige Bruselas y que sirve de marco para elaborar el proyecto de las cuentas públicas para próximo ejercicio. Y vuelta a empezar.