Se anticipaba una sentencia dura, y así ha sido. El Tribunal Supremo ha condenado por sedición a la cúpula del procés catalán, aceptando así las tesis de la Abogacía del Estado, en lugar de las defendidas por la Fiscalía. El tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena ha logrado la ansiada unanimidad, y en la sentencia de 493 páginas dada a conocer este lunes -filtrada parcialmente durante el fin de semana- impone 13 años de cárcel y 13 años de inhabilitación a Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya, por sedición y malversación.

El fallo redactado por Marchena sostiene que sí hubo violencia, requisito indispensable para condenar por rebelión, si bien explica que los hechos ocurridos en Catalunya fueron insuficientes "para imponer de hecho la efectiva independencia territorial y la derogación de la Constitución en el territorio catalán".

"Dicho con otras palabras, es violencia para lograr la secesión, no violencia para crear un clima o un escenario en que se haga más viable una ulterior negociación", recoge la sentencia. Esto supone todo un varapalo para las tesis de la Fiscalía. El Supremo, además, ha rechazado su petición de que los condenados tengan obligación de cumplir la mitad de la pena antes de obtener el tercer grado. Esgrime que, una vez inhabilitados, no hay riesgo de que vuelvan a cometer el mismo delito desde un cargo público.

Junto a Junqueras, en el banquillo de los acusados se han sentado otros once dirigentes del proceso independentista [Aquí, todas las penas] que culminó con el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la posterior Declaración Unilateral de Independencia (DUI), tras la que se aplicó de inmediato -y por vez primera- el artículo 155 de la Constitución. 

El juicio en el Alto Tribunal arrancó el 12 de febrero, y se ha prolongado durante cuatro meses, hasta el 12 de junio. Ese día, tras 52 sesiones, Marchena anunció el esperado visto para sentencia, acercándose al punto y final del proceso judicial que arrancó la Fiscalía General del Estado el pasado 30 de octubre de 2017, cuando se querelló contra los líderes del independentismo por rebelión, sedición y malversación.

El Supremo avisa a Torra: Nadie puede incumplir que se cumpla una resolución judicial

Por otro lado, el Alto Tribunal recuerda al Govern que nadie está habilitado para impedir el cumplimiento de una decisión judicial, ni siquiera llamando a la desobediencia civil, por el hecho de no compartirla. 

"Si ante cualquier decisión judicial llegáramos a admitir que quien no la comparte y la considera injusta, está habilitado para impedir su cumplimiento ¿qué tutela se prestaría a quienes pudiera beneficiar esa decisión o a quienes la comparten y la consideran justa?", cuestiona. 

"Nadie puede arrogarse el monopolio de interpretar qué es lo legítimo, arrojando al ámbito de lo ilegítimo al que no comparta sus ideas sobre la autodeterminación, por más que alegue como justificación la prevalencia del ejercicio del derecho a la desobediencia civil".

El aviso del Supremo llega escasos días después de que el Govern y el president Quim Torra hayan abogado por la desobediencia civil como respuesta social a la sentencia. El Alto Tribunal reconoce que se ha visto en la desobediencia civil "un patrimonio irrenunciable de toda cultura política madura, un aumento en la calidad moral de la sociedad e, incluso, la expresión de una ética de la disidencia". También que es un mecanismo "dinamizador, imprescindible para no caer en una democracia adocenada, instalada en el conformismo acomodaticio", y tiene "un valioso papel encaminado a la reinterpretación de lo que mayoritariamente se ha considerado como el bien común".

Forn, Rull, Vila, Borrás y Mundó, absueltos de malversación

La pena más alta es para Junqueras, y a partir de él son compartidas en varios tramos. Para Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa el Supremo impone una pena de 12 años de cárcel y 12 años de ihabilitación, por los supuestos delitos de rebelión y malversación. Ellos son los cuatro condenados también por malversación.

La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sido condenada a 11 años y 6 meses de cárcel e inhabilitación absoluta. Inmediatamente después, Joaquim Forn y Josep Rull han sido condenados a 10 años y seis meses de prisión e inhabilitación, mientras que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han sido condenados por sedición a 9 años de prisión y otros 9 de inhabilitación.

A su vez, Santiago Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó han sido condenados como autores de un delito de desobediencia. Se les impone el pago de 10 meses de multa, con cuota diaria de 200 euros, y un año y 8 meses de inhabilitación especial.