El pasado 29 de diciembre, en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros de 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió la puerta a una renovación de la Corona a través de una "hoja de ruta" para dotar a esta institución de más transparencia en medio de la crisis por los problemas judiciales y los escándalos económicos que señalan a Juan Carlos I, quien se encuentra huido en Abu Dabi (Emiratos Árabes) desde el pasado mes de agosto.

A fecha de hoy, tres meses y medio después de ese anuncio, el Ejecutivo aún no tiene diseñado un plan para esa renovación. Si bien, reconoce que "está trabajando para que 42 años después de la llegada de la democracia a nuestro país, la Corona se adecúe a estándares éticos más exigentes", tal como se desprende de la respuesta del Gobierno a la pregunta escrita del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu a la que ha tenido acceso este medio.

Asimismo, el Ejecutivo aclara que esta reforma será concebida para "dotar a la institución de mayores niveles de transparencia, una modernización en su funcionamiento y el establecimiento de medidas de rendición de cuentas". Por último, recuerda que este proceso responde "al deseo tanto del Gobierno como del jefe del Estado", que redundará en el "fortalecimiento de la institución como pieza clave de nuestro sistema constitucional".

Una respuesta "contradictoria"

Iñarritu ha calificado esta respuesta de "contradictoria". En unas declaraciones a este medio, que coinciden con el 90 aniversario de la implantación de la Segunda República, el diputado de EH Bildu celebra que el Gobierno reconozca que la monarquía española "no está adaptada a los estándares éticos más exigentes", algo que era "más que evidente", añade. 

No obstante, subraya que es "curioso" que el Gobierno afirme que está realizando una labor para dotar de mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas, y al mismo tiempo, la Cámara Baja "vete todas las preguntas e iniciativas" para investigar a la Casa Real. Asimismo, apunta que estos trabajos del Ejecutivo "se están llevando a cabo con total opacidad, ya que no quiere decir qué ámbitos serán más transparentes".

"Queda en evidencia que la Corona goza de unos niveles de apoyos mínimos y que, en un ejercicio de madurez, este Gobierno tendría que preguntar a la ciudadanía si apoya este modelo de estado", aconseja Iñarritu en relación a la ausencia de estas cuestiones en los barómetros del CIS. También, pide al Ejecutivo de coalición que, para desarrollar la hoja de ruta, tenga en cuenta a las formaciones políticas: "Que los diputados puedan preguntar por todos aquellos aspectos a los cuales van destinados fondos públicos presupuestarios. Lo demás, no queda más que en un paripé y en un intento de blanqueo de la monarquía".

La opinión sobre la monarquía divide al Gobierno

De sobra es conocida la postura de los dos partidos que forman el Gobierno sobre la monarquía. En esta línea, el PSOE ha sumado sus votos en la Mesa del Congreso a los de PP y Vox para impedir que esta cámara investigue las presuntas acciones ilícitas cometidas por los miembros de la Familia Real, especialmente por Juan Carlos I tras su abdicación en 2014. Y es que, este partido entiende que el Congreso no tiene por objeto fiscalizar a la Casa Real.

Por su parte, Unidas Podemos siempre se ha posicionado en el lado opuesto, impulsando la mayoría de estas peticiones ante el "indudable interés público" de las informaciones y momentos que han puesto en entredicho la utilidad de la Casa Real, sumiendo a la actual monarquía española en una crisis sin precedentes. De hecho, la Fiscalía del Tribunal Supremo investiga al padre de Felipe VI por el presunto uso fraudulento de tarjetas black, blanqueo de capitales y el supuesto cobro de comisiones en la construcción del AVE a La Meca.

Las recientes regularizaciones tributarias realizadas por Juan Carlos I (ha pagado casi cinco millones por rentas no declaradas durante varios ejercicios) también han supuesto un motivo de disputa entre los socios del Ejecutivo. Mientras el partido morado criticaba la "pasividad" de Hacienda ante los movimientos del monarca para evitar el delito fiscal, la titular de este departamento y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, defendía la actuación de la Agencia Tributaria, destacando que "todos los contribuyentes son iguales". En cuanto a la conducta del rey, Montero se limitó a decir en una ocasión en el Pleno del Congreso que "se reprocha sola".