La crisis en la sanidad pública andaluza, que viene de lejos, se ahonda. Los sanitarios rechazaron hace unas semanas (y siguen rechazando hoy) masivamente el plan del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), y su consejero Jesús Aguirre (PP) para ordenar la atención primaria tras la pandemia. Ahora viene el despido (por la vía de la no renovación de los contratos el próximo 31 de octubre) de 8.000 trabajadores de los hospitales públicos de Andalucía, de los 20.000 que fueron contratados por la covid, que ha encendido de nuevo las iras de los sanitarios: los sindicatos preparan movilizaciones (UGT y CCOO han convocado para el día 21 y el sindicato médico el 28) en contra de una política sanitaria "desconsiderada".

Esta decisión se produce después de que el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, dijera en la última sesión de control en el Parlamento que no iban a ir a la calle, después de que el la portavoz del PSOE, Ángeles Férriz, le apretara con el asunto.

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), manifestó este martes que comprendía ("lo entiendo", dijo) el malestar y las críticas de las centrales y de los profesionales ("ojalá fuera el 100%", dijo). Bendodo justificó de este modo los despidos: "El Gobierno de España ha retirado la partida covid por la que pudimos contratar a este personal con las ayudas del Estado, que ya no existen para el ejercicio 2022".

Luego, el consejero aportó los siguientes datos: "Remitida la pandemia Andalucía mantiene a 12.000 profesionales, el 100% de los médicos, el 66% de los enfermeros y a partir del 1 de noviembre la sanidad contará con 1.019 médicos más que antes del covid". Los sindicatos aseguran que la renovación de esos 12.000 es por tan solo seis meses, hasta abril del año próximo.

Bendodo añadió que en total, sumando todos los profesionales que trabajan en la sanidad, Andalucía cuenta con "6.433 profesionales sanitarios más antes del Covid" y aseguró que el Gobierno de Moreno mantiene una "apuesta decidida por la sanidad pública".

Sin embargo, la sensación entre los profesionales sanitarios es radicalmente diferente. Las decisiones les fueron comunicadas este lunes, según las fuentes consultadas por Público, en una reunión entre responsables del Servicio Andaluz de Salud y representantes de los trabajadores.

"Nuestros hospitales a partir del 1 de noviembre tendrán 8.000 trabajadores menos. La atención primaria ya se la han cargado, ahora van por la Hospitalaria", resume una de las fuentes consultadas la sensación que predomina entre los trabajadores del sistema público.

"Con la atención primaria desbordada, listas de espera por las nubes, y con pacientes sin poder ver a sus médicos y enfermeros en semanas, la única solución que se les ocurre es despedir a 8.000 profesionales", afirma UGT en un comunicado.

Error histórico

"Se trata de otro error histórico de la Administración porque todos estos profesionales son los que han estado en primera línea luchando contra la Covid-19 e incluso con su vida y, en lugar de renovarles, se les despide", mantiene el secretario general de la FSS-CCOO Andalucía, José-Pelayo Galindo, que advierte que esto dará lugar a que se vayan a trabajar a otras comunidades autónomas y a la sanidad privada. "CCOO no aceptará que estos se suplan con conciertos con empresas privadas".

Para Csif, la Administración "ha desperdiciado una oportunidad única e ideal para reforzar y actualizar una plantilla que ya estaba infradotada tras años de abandono, como volvió a ponerse en evidencia con la pandemia". "En vez de estabilizar y consolidar las 20.000 plazas para que la plantilla experimente un aumento real y efectivo y la calidad del servicio a la ciudadanía mejore, el SAS apuesta por mermar ambas", afirma la vicepresidenta del Sector de Sanidad de CSIF-A, Carmen Jiménez. "La sanidad andaluza ha sido castigada desde hace años y con la pandemia se le saltaron las costuras. No sobraba nadie y aún faltaban puestos con los 20.000", agrega.

El consejero Bendodo manifestó también que el SAS ofertará a partir del 1 de noviembre 10.073 contratos de interinidad, a los que podrán optar "profesionales en bolsa, de la sanidad privada y de otras comunidades". Csif quiere que se ejecute "de inmediato" y critica que la mayoría no son plazas nuevas, sino plazas ya dotadas que estaban vacantes y que se cubrieron con contratos eventuales para luchar contra el coronavirus.