El extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís, imputado en el caso Gürtel, ha ofrecido al juez Pablo Ruz pignorar acciones de su sociedad La Moraleja, valoradas en 27 millones de euros, a modo de fianza civil a cambio de que le levante el bloqueo de las cuentas de la sociedad porque de mantenerse la empresa 'iría a la insolvencia'.

En un escrito al juez de la Audiencia Nacional, la defensa de Sanchís vuelve a lamentar el bloqueo de cuentas de esta empresa y, aunque insiste en que Ruz no puede tomar medidas de aseguramiento contra La Moraleja, ofrece afianzar una participación societaria que representa el 17,35%, cuyo valor es 27.629.752 euros, con el objetivo de asegurar la restitución que fijó el tribunal en sentencia firme hasta el límite de 6 millones de euros.

Esos seis millones son los que la Policía calcula que Sanchís pudo llegar a ayudar a Bárcenas a blanquear y a ese respecto la defensa insiste en que su cliente en ningún momento ha participado en esa actividad delictiva y que sólo se limitó a recibir del extesorero del PP un préstamo de tres millones de euros, que está dispuesto a restituir a quien la Justicia determine. En el caso de que el juez cediera a pignorar las acciones, el precio que se perciba por la compraventa se pondría a disposición del tribunal competente.

El abogado del extesorero considera que, hasta 2017 como mínimo, no habrá sentencia firme, debido a las complejas circunstancias de la causa, así como el número de sociedades y personas afectadas (el caso Gürtel cuenta ya con más de un centenar de imputados). Por ello, y dado que las medidas de bloqueo de cuentas pueden llevar a la empresa La Moraleja a la 'disolución', la defensa ha optado por escoger el mal menor: salvar La Moraleja porque es bueno para Sanchís 'y mejor para la responsabilidades económicas dimanantes de esta causa'.

En un anterior escrito, la defensa de Sanchís pedía al juez que paralizara la comisión rogatoria remitida a Estados Unidos para bloquear su cuenta del Atlantic Capital Bank en el estado de Georgia. Le solicitaba que esperara para bloquearla a que el banco HSBC de Nueva York facilitara la información que se le solicitó sobre las cuentas de la familia Sanchís y La Moraleja, entre otras.

La Moraleja, destaca el escrito, es una sociedad que exporta el 95 % de la producción y dispone de múltiples cuentas corrientes, por lo que los mandamientos de bloqueo de determinadas cuentas 'suponen la imposibilidad de financiación'. De mantenerse la medida, reitera, 'no sólo sus accionistas habrán perdido toda una vida empresarial y se habrá destruido una empresa modelo, sino que, tampoco podrá cumplirse con uno de los fines que busca el legislador al sancionar en delitos económicos: la restitución'.

En el escrito, el abogado desglosa el accionariado de La Moraleja (empresa ubicada en Argentina dedicada a la exportación de cítricos), que se distribuye en: Inmobiliaria Gordo (48,07 %), Rafael Sanchís (17,32 %), Ángel Sanchís (17,32 %) y Carmen Sanchís (17,32 %). Para acreditar el valor de La Moraleja y de sus acciones, la defensa ha aportado las respectivas tasaciones y sólo el suelo ha sido valorado en 140.562.325 euros.