Vuelven a llover millones sobre la industria armamentística. A las puertas del desfile militar del 12 de octubre, el Gobierno en funciones ha aprobado una serie de acuerdos que comprometen gigantescas cantidades de dinero para el desarrollo armamentístico. Lo ha hecho, nuevamente, bajo el argumento de futuras amenazas bélicas.

El Consejo de Ministros de esta semana ha dado luz verde al contrato para el suministro del denominado Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM) para el Ejército de Tierra, cuyo importe asciende a 576.449.112 euros. El acuerdo comprende la adquisición de "vehículos lanzadores, munición y apoyo logístico inicial y demás vehículos y equipamiento complementario".

El Gobierno sostiene que con la compra de este sistema de armas, "caracterizado por poder disparar, con precisión, diferentes cohetes y misiles guiados de altas prestaciones, se dotará al Ejército de Tierra de nuevas capacidades, potenciando su operatividad, dándose igualmente cumplimiento a los compromisos adquiridos por España en el marco OTAN".

Defensa asegura que "la capacidad de estos sistemas lanzadores, dotados de flexibilidad en la configuración de sus municiones y de mayor precisión, permitirá al Ejército de Tierra superar las limitaciones en alcance de las municiones lanzadas por cañón". Logrará alcanzar así objetivos situados a más de 300 kilómetros "con un menor consumo de munición, en contextos operativos cada más caracterizados por escenarios de denegación aérea".

"Compromisos y necesidades"

El Consejo de Ministros también ha autorizado el acuerdo marco para la adquisición de munición de rango extendido de 155 milímetros, los obuses del mismo tipo que España ha enviado a Ucrania y que "permite a la Artillería de Campaña del Ejército de Tierra alcanzar más de 40 kilómetros y así conseguir una mayor protección a las fuerzas y unidades propias, así como disponer de superioridad en el enfrentamiento".

El Gobierno alude en este caso a los "compromisos y necesidades surgidas en el actual contexto internacional", lo que obliga precisamente a "reponer las existencias de las municiones consumidas en los últimos años y garantizar su suministro en condiciones de autonomía estratégica". El valor estimado de este acuerdo marco es de 345.447.712 euros. 

"Estas compras por parte de Defensa, al igual que las realizadas por todos los países de la OTAN, se enmarcan en la nueva era de conflictividad mundial", apunta Tica Font, investigadora del Centro Delás de Estudios por la Paz. "Estamos ante una carrera armamentística que incluye la adquisición de material de alta tecnología, con menor presencia de militares sobre el terreno", remarcó.

La catarata de millones enfocada en la industria armamentística incluye también otros 132.800.000 euros para la "prestación del servicio de mantenimiento y adquisición de repuestos para los helicópteros del Ejército de Tierra" y 75.920.238 euros dirigidos al "suministro de munición de artillería de campaña de 105 milímetros".

"Las Unidades de Artillería de Campaña del Ejército de Tierra están dotadas, entre otros sistemas, con Obuses/Cañones de calibre 105 mm, que resultan necesarios para el cumplimiento de misiones y cometidos propios del Arma y de los compromisos internacionales adquiridos por el Ministerio de Defensa, especialmente en el ámbito de la NATO Reaction Forces", alega el Ejecutivo.

A largo plazo

El presidente honorario del Centro Delàs, Pere Ortega, tiene la calculadora que echa humo. "Me parece aventurado que el Gobierno en funciones apruebe cosas que comprometen al próximo ejecutivo, sea del color que sea", afirma con esas cifras sobre la mesa. 

Por su parte, Font explica que los contratos aprobados por el Consejo de Ministros "se van a pagar a largo plazo", por lo que "hipotecarán presupuestos de los Gobiernos e incrementarán la deuda". En cualquier caso, esta investigadora incidió en otra cuestión clave: "Habrá que estudiar de qué manera la UE ayudará a pagar estas deudas, o si hará que lo que se gasten los gobiernos en armas no compute como deuda pública, de forma que no restrinja otro tipo de actuaciones".

En un documento publicado este miércoles, Juan Carlos Rois, responsable del grupo antimilitarista Tortuga, señala que "lo aprobado por procedimientos extraordinarios en lo que va de año excede en un 147,58% el presupuesto inicial del Ministerio de Defensa".

De acuerdo al estudio efectuado por Rois en base a los acuerdos en materia de Defensa aprobados por el Consejo de Ministros desde enero pasado, el monto acumulado en estos diez meses suma 22.360 millones de euros.

"Una gran parte de este gasto se aprueba con cargo a presupuestos futuros y condicionando las decisiones que en un momento dado pudiera tomar un gobierno decente y dispuesto a cambiar el rumbo político del militarismo unánime", explica el portavoz de Tortuga.

Albert Caramés, director de FundiPau, advierte desde Barcelona sobre una "narrativa" bélica que empezó a escribirse "antes de la invasión rusa a Ucrania" e indica "una clara tendencia alcista en gastos militares de los países de la OTAN".

La promesa del 2%

Según datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), España incrementó en 2022 las partidas militaristas por encima de los 20.000 millones de euros, lo que supuso un 1,5% del PIB.

De fondo está la promesa del Gobierno de aumentar el gasto militar hasta lograr el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2029. "Por eso están aprobando tantos gastos en programas de armamento", subrayó Pere Ortega.

El gasto militar figuró entre las discrepancias que Unidas Podemos y PSOE mostraron durante la pasada legislatura, aunque la sangre no llegó al río. "Sabemos que entre PSOE y PP no hay gran diferencia en estos asuntos, pero sí deberían ocupar a los partidos progresistas", afirma Caramés, quien se muestra, en cualquier caso, pesimista. "Mucho me temo que estos temas no estarán en las primeras filas de la mesa de negociación", lamentó.