La piedra en el camino a la investidura que el PSOE se encontró este miércoles en el Congreso a raíz del debate sobre su 'decretazo digital' no será decisiva para las negociaciones. Los socialistas escenificaron un alejamiento en la Diputación Permanente con los partidos que serán clave para sacar adelante un Gobierno, y salvaron su decreto sobre seguridad digital gracias al apoyo de PP y Ciudadanos, con el voto en contra y fuertes críticas de los partidos soberanistas y con la abstención de Unidas Podemos.

ERC, PNV, JxCat y Bildu arremetieron contra la batería de medidas con las que, en palabras de Sánchez, el Gobierno pretende frenar la "república digital catalana". La mayoría de los partidos de la Cámara denunciaron que el decreto supone, de facto, una merma en derechos fundamentales como la libertad de expresión en el entorno digital, y se mostraron muy duros con la norma impulsada desde el Ejecutivo en funciones.

El Congreso vivió un enfrentamiento en toda regla entre los socialistas y estos grupos, pero, pese al desgaste, las negociaciones avanzan y viven este jueves un capítulo clave para la investidura: la reunión entre los portavoces parlamentarios de PSOE y ERC en el Congreso, Adriana Lastra y Gabriel Rufián.

El tono del debate fue bronco, y los partidos catalanes llegaron a tildar la ley de "golpe de Estado digital" y de "ofensiva represiva". "Con sus leyes mordaza van a llenar las cárceles de activistas y disidentes a la misma velocidad que llenan las instituciones de fascistas", llegó a asegurar la diputada de ERC Montserrat Bassa.

Sin embargo, tanto durante el debate como en los días anteriores, los discursos de uno y otro lado se afanaron en evitar un escenario de ruptura que pudiera poner en peligro las negociaciones de la investidura. Rufián desveló el martes que la intención de su formación era la de dividir la negociación en dos fases: una antes de la investidura, en la que piden al PSOE un compromiso y un calendario para una mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern; y otra en la que se desarrollará esta mesa con una serie de contenidos y sin líneas rojas.

Preguntado sobre si el decreto podía hacer peligrar los contactos, el portavoz catalán fue muy claro: "Nosotros no mendigamos con gestos", dando a entender que las demandas de la negociación trascendían a esta norma del Gobierno. En el debate de la Diputación Permanente, Bassa fue una de la parlamentarias más duras con la batería de medidas, pero, tras criticar la posición de los socialistas, mandó un mensaje que alejaba la ruptura: "Cuando estén dispuestos a sentarse y a hacer política de verdad, nosotros estaremos ahí, que es donde siempre hemos estado".

Calviño elude el tono de Sánchez

La "cautela" a la hora de mantener vivas las negociaciones a pesar del decreto también se dejó notar en el Gobierno. Sánchez anunció la norma en plena campaña electoral, mientras mantenía un discurso duro contra los partidos independentistas, denunciando que algunos proyectos de la Generalitat "violentaban al Estado" en el entorno digital, y dejando claro que el principal objetivo del Gobierno en funciones era el de parar "la república" en las redes y en Internet.

Sin embargo, el discurso del presidente en funciones no se asomó por ningún lado en la intervención de la ministra de Economía, Nadia Calviño, encargada de defender el decreto en la Diputación Permanente. La socialista no hizo ni una sola referencia a Catalunya y argumentó en todo momento que el objetivo de la norma era el de "garantizar a los ciudadanos los mismos niveles de protección en el ámbito digital y en el analógico". Habló de "noticias falsas", de "robo de datos", de "hackeos", pero no dedicó ni un solo segundo a la intención manifestada por Sánchez de "frenar la república digital".

JxCat, en cambio, sí que ligó la aprobación del decreto a la investidura. El conseller de Políticas Digitales y Administraciones Públicas de la Generalitat, Jordi Puigneró, advirtió de que la norma supone una "piedra muy gorda" en las negociaciones, y afeó que Unidas Podemos se hubiera abstenido en la votación. Sin embargo, al menos de momento, no se espera que se produzcan contactos entre los de Quim Torra y los de Pedro Sánchez.

Los de Pablo Iglesias también escenificaron el acercamiento al PSOE tras el preacuerdo para un Gobierno de coalición. Cuando los socialistas anunciaron el decreto, cargaron contra la norma y contra el propio Sánchez por hacer electoralismo. Este jueves criticaron que existía una "falta de garantías" que podría atentar contra derechos fundamentales y que apuntaba hacia una "recentralización digital". Sin embargo, terminaron por abstenerse a cambio de un compromiso del PSOE para "tomar nota" de sus enmiendas y ampliar garantías. La norma está en vigor desde el 6 de noviembre, y cualquier modificación deberá hacerse después de una investidura.

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, advirtió de que era normal que se produjeran "desacuerdos" entre los socialistas y el grupo confederal, y se refirió al Ayuntamiento de Barcelona, donde gobiernan los comunes de Colau junto al PSC. "Tenemos posiciones muy diferentes (sobre el decreto) y nos preocupan enormemente aspectos de esa norma que afectan a derechos fundamentales. Hay que cooperar pese a las diferencias que existen y que no van a desaparecer", declaró, tras recordar que la abstención de Unidas Podemos se ligó al compromiso por parte de los socialistas de revisar la norma.