El asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, el pasado lunes, y la posterior reacción de varios tuiteros que se mofaron del suceso o incluso llegaron a justificar el crimen ha modificado el rumbo del Gobierno en los últimos días. El titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, reaccionó enseguida asegurando que su departamento se dedicaría a investigar la 'incitación al odio' y las 'injurias' en las redes sociales. Pero su medida estrella, que en plena campaña electoral le podría haber venido bien al partido del Gobierno, se volvió en su contra cuando los electores dedujeron que eso se convertiría en un límite de la libertad de expresión. Es decir, en una censura.

Hoy ha sido la propia vicepresidenta del Ejecutivo quien ha frenado las ansias legislativas del ministro. 'Ya hay mecanismos en la ley para poder reaccionar ante este tipo de conductas que son constitutivas de delito independientemente del medio que se utilice para cometerlos', sentenció Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 'Esos comportamientos ya son delito y ya están penados', insistió.

No obstante, la número dos del Gobierno se mostró dispuesta a 'estudiar y valorar' si cabe reforzar el Código Penal, aprovechando que la reforma de dicha normativa se está tramitando ya en el Congreso. Explicó que, en todo caso, 'si fuera pertinente', se modificaría la ley a través de enmiendas y apeló 'al máximo consenso posible' entre los grupos parlamentarios en caso de que la propuesta de Fernández Díaz llegue a la Cámara Baja.

En cualquier caso, la portavoz del Gobierno incidió en la 'gravedad' de lo courrido y, frente a los comportamientos de los citados tuiteros, agradeció 'el apoyo cívico' recibido por parte de los leoneses. Por último, justificó el perfil mediático de las últimas detenciones por la 'mofa' del citado crimen, no en el oportunismo temporal, sino en el hecho de que 'las fuerzas de seguridad están para cumplir la ley'.