Nuevo golpe para el PP. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado para el 24 de noviembre como imputado al exalcalde de Toledo José Manuel Molina (PP), en la causa en la que investiga la adjudicación en 2007 de un contrato de basuras a la empresa Sufi, filial de Sacyr, que se realizó, según el extesorero Luis Bárcenas, a cambio de una donación de 200.000 euros para financiar la campaña de María Dolores de Cospedal.

Ruz, que investiga en una pieza separada del caso Gürtel la supuesta contabilidad B del PP, cita como testigos para el mismo día al actual alcalde de la ciudad y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, al diputado nacional Sebastián González (PP) y al entonces entonces viceinterventor del Ayuntamiento de Toledo, Francisco Javier Sánchez Rubio.

Molina era alcalde de Toledo cuando se aprobó una modificación del contrato que, según la Intervención General del Estado (IGAE), supuso un sobrecoste de 11,3 millones de euros y no siguió los requisitos legales.

La investigación está abierta por los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en la adjudación del servicio de recogida de limpieza y recogida de basuras a favor de la empresa Sufi,S.A., actual Valoriza, Servicios Medioambientales, del grupo Sacyr.

El juez investiga si en esta supuesta 'mordida' participaron aforados, como la propia Dolores de Cospedal, secretaria general del PP o el diputado Sebastián González, dirigente de esta formación política.

Por ello, el juez central de instrucción 5 expone en un auto dictado este miércoles que debe completar la investigación de este presunto pago a la campaña de Cospedal de 2007, con el fin de acreditar el grado de participación de posibles aforados antes de elevar la causa al Tribunal Supremo -si se acredita que están implicados diputados o senadores- o al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, para el caso de los autonómicos.

El extesorero del PP Luis Bárcenas afirmó en su declaración de julio pasado que él mismo recabó el dinero de Sacyr, por importe de 200.000 euros que él entregó al gerente regional del PP de Castilla la Mancha, José Ángel Cañas. Los dos recibos, escritos a mano, fueron aportados por el imputado al juzgado.

El juez requiere a Garcia Page y a Gonzalez para que, por su condición de diputado y senador, manifiesten en el plazo de 3 días si desean declarar en la Audiencia Nacional, en su despacho o en la sede del órgano del que son miembros.

Ruz acuerda estas citaciones una vez que se han practicado nuevas diligencias y se ha incorporado el informe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía) que ha analizado el expediente de adjudicación del servicio de limpiezas en el año 2007 en la ciudad de Toledo.

La Policía ha reconstruido toda la operación de adjudicación efectuada por el Ayuntamiento de Toledo a favor de la empresa Sufí.

Para completar su informe, la UDEF ha tomado declaración a los responsables de la empresa que resultó adjudicataria de la concesión de las basuras, a ex cargos políticos públicos del ayuntamiento de Toledo en aquel momento responsables del partido popular, además de las declaraciones vertidas por el propio Bárcenas quien aseguró el pasado 13 de julio al juez que entregó 200.000 euros en dos pagos al propio Cañas de una ‘mordida' total que podría ascender a 700.000 euros, según su declaración.

La Policia  ha analizado toda la ejecución del contrato, así como las modificaciones  y las actuaciones posteriores desarrolladas por el nuevo ejecutivo municipal del partido socialista, siendo entonces alcalde Emiliano Garcia Page.

Ruz explica en su auto que la ley le obliga a practicar cuantas diligencias se estimen precisas para completar  la investigación  de los hechos puestos de manifiesto por el imputado Barcenas 'al efecto de constatar la realidad o no de los mismos' y en último término, señala el juez 'el grado de participación que en ellos hubiera podido tener persona o personas aforadas con carácter previo a una eventual remisión de parte de la instrucción, mediante formulación de la correspondiente exposición razonada, a favor del órgano que se estimare en su caso competente'.

Cospedal y Tirado son diputados autonómicos, aforados en la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Castilla-La Mancha. Por su parte, González está aforado en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su condición de diputado nacional.

El juez central de instrucción 5, Pablo Ruz, cita al diputado Sebastían González por ser la persona que presuntamente habría trasladado a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, el supuesto interés por parte de María Dolores de Cospedal de 'plantear un tema relacionado con el señor Molina y algo relacionado con Toledo'.
Bárcenas declaró el pasado julio ante Ruz que el 11 mayo 2007 se reunió con Luis del Rivero y Manuel Manrique, presidente y vicepresidente de Sacyr entonces, para abordar la adjudicación del contrato de basuras de Toledo.
El extesorero reveló que, a cambio, se acordó una comisión que habría sido abonada Del Rivero y Manrique con el fin de financiar la campaña electoral de Cospedal de 2007.
La cuantía de la ‘mordida' ascendía, según él, a 700.000 euros y él recibió los dos primeros pagos, de 100.000 euros cada uno.
Bárcenas entregó la comisión de 200.000 euros a Cañas para la campaña de María Dolores de Cospedal para las elecciones autonómicas de 2007 en las que concurría como candidata a la presidencia, según la declaración de Bárcenas.
La relación para estos pagos fue de Bárcenas con el propio Cañas, así como con Vicente Tirado, secretario general del PP de Castilla-La Mancha y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y la propia Cospedal.