La ministra de Defensa, Margarita Robles, principal diana de los partidos soberanistas por el caso Pegasus al tener su departamento el control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el servicio hacia el que apuntan todos los indicios de estar detrás del espionaje a los líderes y activistas vinculados al independentismo, ha vuelto a defender el cumplimiento de la "legalidad".

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, preguntada por los senadores de Junts, EH Bildu y ERC, la titular de Defensa ha reprochado a estas formaciones que carguen contra el Estado, unas acusaciones realizadas en base a la afirmación de la propia empresa israelí creadora del programa (NSO), la cual advierte que Pegasus solo puede ser adquirido por los gobiernos.

"Hacen imputaciones con frivolidad", ha deslizado Robles en varias ocasiones para defender que tanto el Gobierno como el CNI "actúan con arreglo a la legalidad vigente". De hecho, ha dejado la pelota en manos de estas formaciones al animarle a acudir a los tribunales, aunque con una advertencia bajo el brazo: "Realizar imputaciones sin pruebas es delito".

Robles ha desacreditado una vez más la investigación llevada a cabo por el laboratorio canadiense Citizen Lab, en cuyo informe, publicado por The New Yorker, recoge que al menos 65 personas vinculadas al independentismo
catalán y vasco han sido espiadas mediante el programa Pegasus. Asimismo, ha asegurado desconocer la prestigiosa revista estadounidense. "¿The New Yorker? No conozco ese medio".

La ministra de Defensa ha reiterado que todas las materias vinculadas al servicio de inteligencia son secretas, por lo que cuando se constituya la comisión de secretos oficiales en el Congreso, una tarea pendiente en esta legislatura y que se desbloqueará previsiblemente esta semana, tanto ella como la presidenta del CNI, Paz Esteban, hablarán "sin ningún tipo de limitaciones".

"Ahí diré cosas que no puedo decir en este momento", ha respondido de nuevo Robles ante la insistencia de los senadores Josep Lluís Cleries (Junts), Gorka Elejabarrieta (EH Bildu) y Mirella Cortés (ERC), quienes han reclamado nuevamente una comisión de investigación sobre el caso Pegasus, así como las responsabilidades políticas pertinentes.