BARCELONA.- "He insistido en que cumplía el mandato de mi Parlamento, el de Catalunya". Así ha resumido la consellera de Educación de la Generalitat en funciones, Irene Rigau, su declaración ante el TSJCat por el 9-N, cediendo la responsabilidad del proceso participativo a los "40.000 voluntarios" que lo hicieron posible.

"Ni yo ni ningún miembro de mi departamento dimos ninguna orden a los directores de instituto", ha señalado tras reconocer que sólo les informaron "de la existencia de una web habilitada para voluntarios (participa2014.cat)". Una de las pruebas que ha arrojado la consellera ante el juez para negar que diera instrucciones a los centros educativos para que abrieran las puertas durante la jornada ha sido, según fuentes cercanas al caso, que, de haber sido así, "el colegio de L'Hospitalet que permaneció cerrado porque su directora así lo quiso habría abierto".

En este sentido, Rigau, ha confirmado ante el juez la existencia de dos reuniones celebradas por responsables de su departamento, una el 14 y otra el 16 de octubre, de carácter puramente informativo, ante el alud de llamadas recibidas por centenares de directores de centros. "No desobedecimos a ninguna autoridad", ha concluido Rigau.

En una breve declaración a los periodistas tras responder a las preguntas del juez, la consellera en funciones ha explicado que no ha respondido a la Fiscalía porque le es "difícil de entender" el cambio de criterio de este órgano judicial, que se querelló contra ella después de que los fiscales de Catalunya consideraran que no había lugar a la acusación, y que en todo caso no ha hecho "nada malo".

De hecho, la querella contra Irene Rigau, la exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, que declara esta tarde, y el president en funciones de la Generalitat, Artur Mas, que lo hará el próximo jueves, se presentó después de que la Junta de Fiscales de Catalunya no lo considerara conveniente, aunque a los dos días se impuso el criterio de la Fiscalía General del Estado. Precisamente por esta "incoherencia", señalan fuentes de la defensa, Rigau no ha respondido a preguntas de la Fiscalía ni a los abogados de la acusaciones populares, una estrategia que seguirán tanto Ortega como Mas en sus respectivos interrogatorios. Aseguran las mismas fuentes que los abogados de los tres solicitarán al juez que archive el caso la próxima semana.

Rigau, que no ha podido desvelar el contenido de las preguntas al estar bajo secreto de sumario, ha considerado "extrañísimo" que se quiera establecer un delito de enriquecimiento a la hora de organizar la consulta —aludiendo a la malversación de caudales— y ha añadido: "Ni yo ni ningún otro miembro del gobierno pensamos ni hicimos nada para enriquecernos". En este momento, y siempre según las mismas fuentes, Rigau ha hecho saber al juez que las urnas y equipos informáticos ya se habían comprado antes de la sentencia del Tribunal Constitucional contra la consulta y por lo tanto no fueron bienes atribuibles al proceso participativo que se realizó como alternativa. Los ordenadores usados para aquella ocasión, ha insistido, forman parte en la actualidad del material escolar de centros educativos catalanes.

En la cerca de una hora que ha durado su declaración, tomada en catalán y en un ambiente de "cordialidad y respeto", según fuentes del caso, la consellera ha hecho saber al juez que este proceso fue "menospreciado" de forma reiterada en Madrid, llegando a ser comparado. Las mismas fuentes aseguraban al término de la declaración que Rigau había insistido en las diferencias entre 'consulta' y 'proceso participativo', recalcándole al juez el matiz de que el último fue posible gracias a los miles de voluntarios. "Cuando el TC suspendió la consulta —el 29 de septiembreZ0151, el Govern 'paró máquinas'", aseguran que ha afirmado Rigau ante el juez.

La consellera ha sido despedida por los cientos de personas que se agolpaban en la calle ante la sede del TSJCat a gritos de "independencia" y "fuera la Justicia española".