La Memoria del ministerio público para el año 2018, presentada este lunes en la apertura solemne del año judicial celebrada en el Tribunal Supremo, destaca que el mayor riesgo para España es el terrorismo yihadista y asume una desaparición de la organización terrorista ETA.

El riesgo de ataque yihadista en Europa “ha aumentado exponencialmente”, alerta la Fiscalía en su informe, desde la irrupción pública de la organización terrorista del Estado Islámico y la proclamación del Califato Universal en junio de 2014.

"Ahora más que nunca” el terrorismo yihadista “quiere actuar ‘en casa’, dado que Europa es un objetivo estratégico del EI-DAESH, máxime ante su retroceso territorial, económico y militar. 

Respecto a ETA, la Fiscalía General del Estado recoge que en 2018 se produjo “la anunciada disolución” de la organización terrorista.

“No obstante, esta buena noticia no puede ocultar que todavía existen hechos sin resolver”, atentados que se investigan -"todos y cada uno"- en la Audiencia Nacional con la ayuda del llamado ‘Archivo de ETA’,: 40.000 folios, 300 armas y otras pruebas que entregó Francia en 2018 dentro de la operación denominada Mémoire Vivante (Memoria viva).

Los primeros análisis realizados por la Guardia Civil y la Policía Nacional de estas pruebas ya han posibilitado la presentación de dos denuncias y la apertura de dos investigaciones de crímenes cometidos por ETA. Sobre los más de 4.000 efectos entregados por Francia se ha creado un sistema de garantía de la cadena de custodia de las pruebas.

Ahora bien, la Fiscalía investiga la participación en hechos delictivos de Ikasle Abertzaleak (IA), expulsada de Sortu en octubre, y que ha pasado a formar parte del movimiento disidente de la izquierda radical abertzale oficial y, más concretamente, de la organización ATA (acrónimo de Amnistía Eta Askatasuna). Al parecer, IA podría haber devenido “en una organización compleja y estructurada confines de enaltecimiento del terrorismo”.

“Escenario laberíntico”

En el año 2018 se dictaron un total de 73 sentencias por terrorismo, de las que 65 fueron condenatorias, y de entre ellas, 43 se corresponden con el fenómeno yihadista.

Las investigaciones sobre el terrorismo yihadista son complejas y de “enorme dificultad técnico-jurídica”. El “escenario laberíntico” el que se desenvuelve el Estado de Derecho abarca desde la clásica integración y colaboración a la captación, adoctrinamiento y autoadoctrinamiento, radicalización, reclutamiento y adiestramiento, la logística, financiación, y la obtención de indicios a través de testigos protegidos, confidentes, coimputados o agentes encubiertos virtuales.

“Las constantes investigaciones policiales y judiciales han hecho de este un terrorismo en permanente transformación, que se adapta a las circunstancias para dificultar e impedir su persecución”.

La memoria destaca la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo yihadista, que muestra también características autóctonas que hacen de él un terrorismo local. “Ello requiere de un trabajo coordinado entre el servicio de inteligencia (CNI) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía, Guardia Civil, Mossos d`Esquadra y Ertzaintza)”.

En España el nivel de alerta declarado (4 sobre 5) se ha mantenido incluso tras los atentados de Barcelona y Cambrils.

La Fiscalía reclama una nueva ley de protección de testigos para luchar contra el terrorismo islámico, que es de “ida y vuelta”: sus integrantes pueden desplazarse a zonas de conflicto y regresar con un sólido entrenamiento en el combate y en el manejo de armas y explosivos.