La decisión respecto de la inmunidad de Juan Carlos I que han tomado este lunes los dos jueces del Tribunal de Apelación, Peter Jackson y Nicholas Underhill, requiere una ojeada de calendario y cronología. Autorizan al rey emérito a que reclame su inviolabilidad (contra la sentencia del 24 de marzo que lo despojaba de la misma) en los presuntos delitos cometidos hasta el 19 de junio de 2014. Pero no en aquellos en los que pudiera haber incurrido después de esa fecha: la de su abdicación. Podrá recurrir el resto de los cargos por el momento o fecha en el que se cometieron.

Los tres cargos de los que le acusa su examante Corinna Larsen (acoso, difamación con pérdida de ingresos y vigilancia ilegal) se concretan en hechos ocurridos mayoritariamente después de 2014. Juan Carlos y Corina fueron novios desde febrero de 2004 hasta abril de 2012, cuando se fueron a cazar a Botsuana. Según ella, él insistió en retomar la relación amorosa hasta 2014, el mismo año de su abdicación.

Ante el insistente rechazo de la amante, él empezó la supuesta persecución que ella denuncia. Esos son los presuntos delitos que, según la decisión de los jueces, no están exentos de inmunidad judicial al haberse producido después de junio de 2014 y, en consecuencia, Juan Carlos de Borbón y Borbón, como ciudadano privado, será juzgado por ellos. Una victoria parcial o raquítica para los nuevos abogados del rey emérito.

"Impacto en la dignidad" del rey Felipe

El aire acondicionado de la sala 71 del Tribunal de Apelación de Londres daba este lunes la bienvenida a Corinna Larsen, vestida con traje de chaqueta y pantalón de color gris claro, a cinco de sus abogados y a dos acompañantes, una de ellas relaciones públicas para atender a los medios. En total llevaba un séquito de siete personas. El maquillaje se le derretía en la calle, pero no en la sala.

En el lado opuesto de la sala, el nuevo equipo de abogados de Juan Carlos I, con el letrado Timothy Otty aduciendo que el ex jefe de Estado español debería gozar de inmunidad. Como argumento nuevo ha esgrimido que, si se le despoja de inviolabilidad, un juicio al rey emérito podría causar "impacto en la dignidad del monarca actual". Y esto lo basan en la pertenencia de Juan Carlos a la Casa Real, algo que había sido rebatido por los abogados de Larsen argumentando que el rey Felipe le había retirado la asignación económica.

Los nuevos abogados de Juan Carlos han introducido conceptos morales como "dignidad" o "protección al prestigio del jefe de Estado" en sus alegatos, aunque reconocen que la dependencia económica es la mayor vara de medir de la pertenencia del rey a la Casa Real. El letrado del emérito ha recordado que este goza de un servicio de seguridad pagado por el Estado español, lo que en su criterio le confirma como miembro de la Casa Real.

Los dos jueces y el abogado de Juan Carlos han debatido hasta la confusión los términos "familia real", "Casa Real" o "función pública o privada" para concluir que Casa Real "es un concepto, no es un espacio físico". "La ley española reconoce seis miembros de la casa real y Juan Carlos es uno de ellos", ha repetido Timothy Otty.

El pelotón judicial de Corinna, ya acostumbrado a ganar batallas contra el emérito, repartía comunicados y argumentaciones entre los periodistas. Los abogados de Juan Carlos, en cambio, andaban confundidos: Guy Martin, la estrella del equipo, dijo al finalizar que "cambiará la situación e informaremos". Antes de abrirse la vista, Martin decía en el pasillo: "¡Qué calor! Es lo único que sé decir en español".

En las menos de dos horas de vista, los abogados de Larsen abordaron también la inmunidad de Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI. Como en el caso de Juan Carlos, al entender de James Lewis (letrado de la demandante), "el general Sanz Roldán actuaba en su capacidad de amigo personal de Juan Carlos, ambos como ciudadanos privados".

Cambia el calendario: el juicio, en 2023

La decisión de los jueces de autorizar la apelación de Juan Carlos por los hechos presuntamente delictivos hasta junio de 2014 coloca la demanda de Corinna contra el emérito en otro calendario distinto al dibujado en el Alto Tribunal el pasado mes de marzo.

Según explicó James Lewis a Público, "en octubre iniciaremos todas las cuestiones preliminares pendientes; hoy solo hablamos de inmunidad". "El juicio podría celebrarse, probablemente, en 2023", añadía el letrado a la salida, unos segundos antes de abrir la puerta para que saliese por ella su clienta.
La sentencia de los jueces coloca el caso en una nueva fase. Hasta ahora solo se ha tratado la inmunidad judicial del ex jefe del Estado. A partir de ahora, las características y algunos detalles de los presuntos delitos pueden obstaculizar o retrasar el proceso. Los 65 millones de euros regalados a Corinna antes de 2014 pero reclamados después de ese año, ¿podrán ser devueltos? Queda proceso judicial en Londres para largo.