MADRID.- Un zorro vigilando las gallinas. Con esa metáfora se podría equiparar el nuevo escándalo que ha salpicado al Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz. Alejandro Sánchez, jefe de gabinete de su número dos, se sentará en el banquillo por un delito de estafa cometido, presuntamente, durante su etapa como alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz). Quien ahora es el máximo responsable político de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (Giese), es decir, de los inmuebles de Interior, podría haber cometido fraude por la doble venta de un local comercial, según adelantó el diario El Mundo.

De hecho, Sánchez tendrá que sentarse en el banquillo y se enfrentará a cuatro años de cárcel. Y, pese a todo, sigue ocupando su alto cargo en el Ministerio. A día de hoy, ni él ha dimitido, ni Fernández Díaz le ha destituido. 

El Giese, según lo define la propia web del Ministerio, es "el organismo autónomo encargado de la gestión y venta de inmuebles" de dicho departamento. Es decir, su función es administrar cualquier asunto relacionado con la planificación de edificios destinados a la seguridad. 

En su organización interna, el máximo responsable es el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Alejandro Sánchez es su mano derecha, pero no sólo. También preside la Comisión Delegada del Giese, un órgano "clave" en la dirección del organismo, según fuentes del departamento.

¿Sus funciones? Aprobar enajenaciones y adquisiciones de bienes inmuebles hasta el límite de 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros), aprobar contratos, autorizar la firma de todo tipo de convenios con entidades públicas y privadas, autorizar operaciones de crédito y endeudamiento o convocar subastas públicas para la enajenación de inmuebles, tal y como se especifica en el documento del BOE que recoge "la composición y competencias" de la citada Comisión Delegada del Giese.

Hombre de máxima confianza de Fernández Díaz, con quien comparte su pertenencia al Opus Dei, llegó a ese cargo en octubre de 2012, cuando Ignacio Ulloa era todavía secretario de Estado de Seguridad. Poco después fue sustituido por Francisco Martínez, sin que ello afectara a su puesto.

Antes de eso, Alejandro Sánchez era concejal en su pueblo (La Línea), presidente del PP local y vicepresidente tercero de la Diputación Provincial de Cádiz. En 2009, además, fue investido alcalde después de que su antecesor, Juan Carlos Juárez (también del PP), fuera condenado a seis meses de inhabilitación. 

Como regidor, Sánchez ocupaba también la presidencia de la empresa de vivienda pública de La Línea, Emusvil. En 2010, negoció con un empresario la venta de un local comercial. Finalmente, el empresario no compró el establecimiento, sino que se le cedió voluntariamente porque años atrás el Ayuntamiento le había cobrado 300.000 euros de alquiler por un recinto que nunca pudo utilizar. No obstante, sí se produjo la firma de un contrato en el que Sánchez, como responsable de Emusvil, adjudicaba el inmueble al empresario en cuestión.

Sin embargo, Emusvil había negociado, de forma paralela, el mismo local con otro empresario diferente. Un año después del primer contrato, otro de los responsables de la empresa pública, también procesado ahora, firmó la compraventa del segundo. Según el testimonio de otra imputada, Sánchez conocía todos los detalles de esa doble venta del local. 

El alto cargo de Interior -que, de momento, continúa ocupando su cargo- negó haber tenido conocimiento de esa segunda venta. Pero la Audiencia Provincial de Cádiz ha desestimado su petición de no imputación y confirmado, por tanto, su procesamiento por un "delito de estafa en la modalidad de doble venta". Se le ha abierto juicio oral y se enfrenta a cuatro años de cárcel. 

Este diario ha intentado, sin éxito, contactar con Alejandro Sánchez. Fuentes del Ministerio del Interior se limitan a esgrimir que en el departamento "respetan las decisiones judiciales". Al cierre de esta edición, Sánchez no había sido cesado de su cargo ni había presentado su dimisión.