CCOO ha presentado la primera denuncia ante la Inspección de Trabajo por un supuesto delito contra la Salud Pública, ya que aseguran que varias residencias privadas y concertadas de la región están exigiendo a sus profesionales que se paguen sus PCR tras sus vacaciones y que utilicen sus últimos días libres mientras esperan el resultado de las pruebas, "porque de lo contrario esos días laborables hasta recibir los resultados se los descontarían del sueldo".

Concretamente, se ha presentado la primera denuncia ante la Inspección de Trabajo contra una residencia especializada en mayores con la enfermedad de Alzheimer, en la localidad madrileña de Getafe, porque se ha negado a realizar las pruebas a sus profesionales, pese a que es una medida que exige el nuevo protocolo de la Comunidad.

El sindicato considera que las medidas de filtrado son una clara responsabilidad empresarial, por lo que se deben habilitar los mecanismos para poder llevar a cabo dicho cribado de manera eficaz, a todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras para asegurar una barrera a la posible transmisión comunitaria y contagio.

"Como responsabilidad empresarial, los procedimientos han de tener en cuenta los plazos mínimos para poder obtener resultados y que exista constancia de que se actúa de manera preventiva. Tenemos conocimiento de que existen centros donde se exige que el tiempo de espera para contar con los resultados corran a cuenta de los días de libranza de los propios trabajadores, incluso se les está haciendo pagar el coste de la prueba vulnerando de manera evidente un derecho fundamental, el derecho a la salud", ha explicado Rosa Muelas, secretaria de Salud Laboral de CCOO Sanidad Madrid.

Con ello consideran que "están poniendo en riesgo la salud del resto de los trabajadores y trabajadoras y usuarios y usuarias, lo que podría constituir un delito contra la Salud Pública". "Y, además, con su irresponsabilidad vulneran de manera evidente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) que en su artículo 14.5 dice: 'El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores'", añade.

Por ello, CCOO exige el cumplimiento de la LPRL y la adopción por parte de las empresas de las medidas preventivas que son de su entera responsabilidad y su competencia.