Más allá del nombre de la empresa o de la bandera del sindicato, los últimos conflictos laborales en Euskadi han tenido una misma huella: la respuesta represiva de la Ertzaintza. Amplios dispositivos policiales, agentes encapuchados, porrazos a la altura del rostro y detenciones de trabajadores son las escenas que se repiten en distintos casos y que provocan críticas desde el propio cuerpo policial, donde hay agentes que advierten sobre serias vulneraciones de derechos fundamentales.

Uno de los episodios más graves se registró el pasado 1 de febrero en Barakaldo. Javi Gómez, secretario general de la Federación de Industria del sindicato CCOO, recibió un brutal golpe de un agente antidisturbios de la Ertzaintza. Todo ocurrió fuera de la empresa PCB, filial de ITP Aero, donde un amplio número de trabajadores realizaba una protesta pacífica contra los despidos. "Antes de darme el porrazo, el ertzaina me llamaba para que me acercara", contó Gómez poco después de poner una denuncia en el juzgado baracaldés. El Gobierno Vasco aseguró entonces que había abierto una investigación interna. 

No fue la única intervención de la Policía autonómica contra protestas laborales. En el marco del conflicto de Tubacex, otro foco caliente por los despidos anunciados por la dirección de la empresa en sus centros de Amurrio y Llodio, también se han registrado varias cargas policiales y detenciones. El caso más reciente se registró el martes de esta semana en el exterior de la planta de Petronor –también en huelga– donde la Policía cargó contra los participantes en un piquete, detuvo a una persona y tramitó la imputación de otras cuatro.

El Departamento de Seguridad que dirige Josu Erkoreka (PNV) aseguró que cinco agentes habían resultado heridos, mientras que en las imágenes grabadas por los trabajadores se aprecian los porrazos propinados por los policías en el marco de un importante dispositivo. 

"En un contexto de crisis sanitaria y económica, muchos trabajadores y trabajadoras de nuestro país se están viendo abocados a intensificar
sus protestas ejerciendo para ello libertades y derechos fundamentales como la
manifestación o la huelga. Lamentablemente, el Departamento de Seguridad parece no ver en todo ello más que un problema de orden público, y no lo que realmente son: ejercicio de derechos fundamentales que deben ser protegidos, precisamente, por la Policía", denunció este miércoles la sección del sindicato ELA en la Ertzaintza.

En las últimas elecciones sindicales, celebradas en noviembre de 2017, ELA –el principal sindicato de Euskadi en términos generales– se posicionó como la tercera fuerza sindical en la Policía autonómica vasca con el 12,7% de los votos, lo que se tradujo en nueve representantes. El primer lugar correspondió a la organización ERNE, que recibió un 38,7% de los votos y 50 representantes, mientras que en segundo lugar se ubicó el sindicato ESAN con un 27,7% de apoyos. En noviembre próximo los agentes tendrán una nueva cita con las urnas.

En la concentración realizada ante la sede del Gobierno Vasco en Bilbao, los policías afiliados a ELA revelaron casos de persecución sindical que van más allá de las cargas policiales. En tal sentido, denunciaron que "representantes sindicales, electos legitimados y con derechos reconocidos por la ley, han sido cacheados por la Ertzaintza antes de mantener reuniones con empresarios y con representantes del Gobierno Vasco".

Aseguraron además que hubo agentes que recibieron "órdenes de impedir la entrada al Parlamento Vasco de representantes legales de los trabajadores que habían sido invitados por parlamentarios". "Se están vulnerando normas y principios deontológicos básicos como la no discriminación, la proporcionalidad en el uso de la fuerza y el respeto y la salvaguarda
del ejercicio de derechos fundamentales", afirmaron.

"Golpes desproporcionados"

Los policías criticaron además que "el Departamento de Seguridad no da cobertura y dificulta el trabajo de los Comités de Huelga en el ejercicio de los derechos que la ley prevé, como por ejemplo, el control de decisiones ilegales que las empresas pueden estar tomando contra el ejercicio del derecho de huelga, como puede ser la sustitución de trabajadores".

En alusión a situaciones como las vividas esta semana en la huelga de Petronor, desde ELA denunciaron que "se ha impedido a los piquetes realizar la tarea que la jurisprudencia les reconoce como propia y ajustada a la ley, como es la de informar a los trabajadores que no secundan la huelga y acuden a sus centros de trabajo", mientras que "en situaciones no especialmente críticas, ha habido cargas y golpes desproporcionados por parte de la Policía".

Protocolo "reservado"

Estos casos también han tenido repercusión en el Parlamento Vasco, donde EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han intentado sin éxito que el consejero de Seguridad explicara cuáles son los protocolos que sigue la Ertzaintza en materia de movilizaciones laborales.

En sendas respuestas enviadas en los últimos meses a la Cámara autonómica, Erkoreka ha asegurado que "existe una instrucción interna del Viceconsejero de Seguridad 'de carácter reservado' que regula y establece los principios y normas de utilización del material destinado a labores policiales de antidisturbios". Anteriormente, el Gobierno Vasco ya se había negado a proporcionar el protocolo que rige las actuaciones de los agentes en el marco de protestas laborales.