Cuatro elecciones en cuatro años y un presupuesto de más de 500 millones de euros, sin contar las subvenciones electorales a los partidos. El bucle político que se vive en España en los últimos años, marcado por legislaturas cortas y poca producción legislativa, es cuantificable y es que la repetición sucesiva de convocatorias electorales tiene un coste.

Esta cuantía está reflejada concretamente en el presupuesto que maneja el Ministerio del Interior, encargado de la organización de las jornadas electorales. Los gastos que se desglosan en estos documentos corresponden solo a la celebración de la jornada electoral, y la mayoría de ellos están ligados a cuestiones técnicas y logísticas (disposición de urnas, papeletas y cabinas; trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; voto por correo...).

En los últimos cuatro años han tenido lugar tantos comicios porque las legislaturas se han visto truncadas de forma anticipada; bien por no conseguir los partidos políticos formar gobierno (como en el caso de las elecciones de 2016 y las que tendrán lugar el próximo 10 de noviembre), o bien porque el Gobierno no ha logrado culminar la legislatura (como el pasado 28 de abril, cuando se convocaron elecciones a Cortes Generales tras no lograr el Ejecutivo sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado).

El precio medio de estas cuatro convocatorias se sitúa en torno a los 132 millones de euros, solo en concepto de organización de los comicios y en presupuesto destinado para garantizar la seguridad durante la jornada. Las elecciones que tuvieron lugar el 20 de diciembre de 2015 (que iniciaron este ciclo de repeticiones electorales) tuvieron un coste de 130,24 millones de euros.

Durante esa legislatura se puso en marcha por primera vez la repetición de elecciones a causa de la aplicación del artículo 99.5 de la Constitución, es decir, tras haber fracasado un candidato en un intento de investidura y haber pasado dos meses desde la primera votación sin lograr la elección de un presidente del Gobierno. Esta legislatura fallida derivó en unos comicios que se celebraron el 26 de junio de 2016, cuyo coste ascendió a 130,62 millones de euros.

La XI legislatura, que se inició tras estos comicios, sí que logró durar algo más en el tiempo, y tuvo dos presidentes del Gobierno: Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Sin embargo, tras no lograr este último sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado, se volvió a citar a los españoles a las urnas apenas tres años después de las elecciones de junio de 2016. En este caso, la fecha elegida fue la del 28 de abril de este año, 2019, cuando Sánchez resultó ganador.

Estas elecciones fueron más caras que las dos anteriores, y su organización fue presupuestada por el Ministerio del Interior en 138,9 millones de euros, 8 millones y un 6,3 por ciento más que en los pasados comicios. Interior informó de que para el desarrollo de la jornada electoral se dispusieron 212.000 urnas y 58.000 cabinas de votación en los locales electorales. Además, se imprimieron 375 millones de papeletas, se confeccionaron 67.200.000 sobres y se editaron 912.000 manuales de instrucciones para los miembros de mesas.

Subvenciones electorales para los partidos

La seguridad durante el desarrollo de la jornada electoral estuvo garantizada por más de 92.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Local y servicios de emergencia, y Protección Civil. Todavía se desconoce el coste que Interior presupuestará para las elecciones del 10 de noviembre, que estarán marcadas por una campaña electoral más corta, a raíz de una reforma introducida en 2016 en la Ley del Régimen Electoral General.

El coste de las tres últimas asciende a casi 400 millones de euros, así que, manteniendo como referencia el precio de los anteriores comicios, los del mes de abril, la cifra seria de unos 540 millones de euros, una cuantía que puede es equivalente, por ejemplo, a una mensualidad de paro de 610.400 desempleados (el 32% de los parados).

El coste de la organización de la jornada electoral no es el único derivado de una convocatoria. También existen una serie de subvenciones que reciben los partidos políticos para cubrir sus gastos electorales que se reparten, tras la celebración de los comicios, en función de los escaños y de los votos obtenidos. 

Una orden del Ministerio de Hacienda, de marzo de 2019, fijó las cantidades de
las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para los comicios celebrados en abril. La disposición establece una subvención de 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado; además, también se fijó una asignación de 0,81 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura en el Congreso y 0,32 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidato que hubiera obtenido escaño de senador.

Solo por este concepto los partidos percibieron más de 30 millones de euros como resultado de las elecciones del 28-A. La disposición adicional séptima de la LOREG, que acorta los plazos de la campaña si se repiten comicios a causa de una investidura fallida, también introduce modificaciones respecto a las subvenciones electorales de los partidos. Concretamente se establece que "las cantidades previstas para subvencionar los gastos que originen las actividades electorales se reducirán, en función de los escaños y de los votos obtenidos por cada candidatura, en un treinta por ciento". Además, en este supuesto, también se estrecha el límite de gasto de los partidos en un 50%.