MADRID.- La renuncia de la juez en excedencia y parlamentaria Victoria Rosell a su puesto de vocal de la Diputación Permanente del Congreso ha abierto un escenario incierto sobre qué tribunal debe juzgarla, si el Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la querella por cohecho presentada contra ella por el exministro popular José Manuel Soria.

La querella fue admitida a trámite este martes por el Tribunal Supremo, al que está aforada Rosell dada su condición de miembro del órgano de gobierno del Congreso entre legislaturas.

Con su dimisión de este miércoles, Rosell ha evitado todo paralelismo entre su caso y el de Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia del PP que se aferra a su puesto de la Diputación Permanente del Senado en dos causas abiertas por supuesta financiación de su partido.

Una vez que se disuelvan las Cortes Generales, el próximo 3 de mayo, Rosell dejará de ser diputada y por lo tanto, dejará de estar aforada ante el Supremo: sólo los miembros de la Diputación Permanente continúan como diputados.

La consecuencia será que el Supremo deberá remitir la causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuya Sala de lo Civil y Penal es la responsable de juzgar a los magistrados que supuestamente hayan cometido irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Pablo Iglesias, líder de Podemos, ha destacado que Rosell volverá a ser cabeza de lista de Podemos por Las Palmas en las próximas elecciones de junio. De ser elegida de nuevo, el caso regresaría de nuevo al Tribunal Supremo ya que los diputados y senadores son juzgados por el máximo órgano judicial.

Entre las idas y venidas, la querella tendrá una dilación de cerca de cinco meses hasta que sea estudiada por un juez instructor.

La querella acusa a Rosell de haber dilatado una causa abierta en su juzgado contra un empresario local para enriquecer a su pareja, el periodista Carlos Sosa.
El exministro Soria ha interpuesto la denuncia por los supuestos delitos de cohecho, prevaricación y retardo malicioso. De ser condenada, conllevarían la expulsión de Rosell de la Carrera Judicial, ya que la prevaricación implica una inhabilitación de 10 a 20 años y el delito de cohecho añade penas de tres a seis años de prisión.

La apertura de la causa contra Rosell en el Supremo se adoptó este martes en contra del criterio de la Fiscalía y apenas unos días después de que se recibiera un informe contra la diputada de Podemos por parte del juez que la ha sustituido en su juzgado, Salvador Alba, quien ve graves irregularidades en la forma en la que investigó una causa contra el presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez, con el que su pareja, el periodista Carlos Sosa, negociaba la compra de una emisora de radio por cerca de 300.000 euros.

Al parecer, el empresario investigado Miguel Ángel Ramírez habría revelado que su relación con Carlos Sosa venía de tiempo atrás y que es previa a la fecha en que compró la emisora, operación realizada después de que Rosell dejara el juzgado y cuando era cabeza de lista de Podemos por Las Palmas.

La Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a los jueces a abstenerse en las causas en los que éstos tengan un interés directo o indirecto en un pleito, con el objeto de preservar su imparcialidad. En caso contrario, pueden incurrir en delitos como la prevaricación.

Rosell ha hecho hincapié en que incluso la Fiscalía del Supremo se opuso a admitir la querella del ministro Soria, del que ha dicho que "dimitió por ser mentiroso". "Es una querella con bastante poco contenido y mucha falsedad y Soria no va a conseguir con mentiras que después de morir política, arrastrarme a mí con él", ha remachado.

El letrado que ha presentado la querella es el canario Eligio Hernández, exfiscal general del Estado con Felipe González, exdiputado socialista y exmagistrado.

Victoria Rosell se encuentra en situación de servicios especiales del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas, del que es titular; esto es, recibió la excedencia para presentarse a las pasadas elecciones generales y conserva la plaza en el caso de que decida regresar al juzgado.