La ley orgánica de regulación y despenalización de la eutanasia "entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado". Así lo recoge el dictamen de la Comisión de Justicia aprobado por amplia mayoría absoluta en un Pleno extraordinario celebrado este jueves. Con el visto bueno del Congreso de los Diputados, la proposición de ley orgánica se remitirá al Senado.

Tal y como han asegurado fuentes de la presidencia de la Cámara Alta a Público, el texto de la iniciativa se publicará previsiblemente este viernes en el Boletín Oficial de las Cortes, por lo que iniciaría su tramitación en el Senado a partir del próximo lunes. Al ser un procedimiento ordinario, como está fijado hasta el momento, el plazo máximo de tramitación es de dos meses.

Teniendo en cuenta que el mes de enero es inhábil y a tenor del gran consenso creado en torno a esta ley (no está previsto que el texto vuelva al Congreso para su aprobación definitiva), el Senado ratificaría esta propuesta a mediados o finales de marzo. Por ello, la ley entraría en vigor en junio de 2021, después de que pasen "tres meses desde su publicación en el BOE", tal y como refleja el texto de la norma en su disposición final cuarta. 

La propuesta fija que los gobiernos autonómicos deben constituir la Comisión de Garantía y Evaluación territorial "antes del término del plazo de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley". Los componentes de estos órganos administrativos, que serán médicos y juristas, verificarán de forma previa y controlarán a posteriori el respeto a la ley y los procedimientos que establece.

¿Cómo se llevará a cabo?

El dictamen de la Comisión de Justicia ha cosechado este jueves cerca de una mayoría de tres quintos (el 60% de la Cámara Baja), con 198 votos a favor, 138 votos en contra y dos abstenciones. PP y Vox se han quedado solos en su rechazo a la ley, una norma "profundamente garantista", según han defendido los portavoces de la mayoría de los grupos del Congreso.

El proyecto de ley que regula y despenaliza la eutanasia "busca legislar para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables", una premisa que se repite varias veces a lo largo del texto en contra del argumentario sostenido por el PP y Vox, y asociaciones ultracatólicas, que rechazan este derecho y proponen sustituir la eutanasia por los cuidados paliativos.

La aplicación de esta práctica se llevará a cabo por medio de fármacos. Asimismo, la muerte como consecuencia de la prestación de ayuda para morir tendrá la consideración legal de "muerte natural a todos los efectos", independientemente de la codificación realizada en la misma.

La decisión de pedir la ayuda para morir debe ser autónoma, informada por el equipo sanitario responsable y sin presiones externas. "En la historia clínica deberá quedar constancia de que la información ha sido recibida y comprendida por el paciente", añade la ley.

Como regla general se tendrán que formular dos solicitudes con al menos quince días de separación entre ellas, pero si el paciente no se encuentra en el pleno uso de sus facultades y ha pedido la eutanasia en un testamento vital o de voluntades anticipadas también se podrá facilitar la prestación. Después, un médico y un jurista de la Comisión de Garantía y Evaluación emitirán un informe definitivo.

La prestación de ayuda para morir estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública. En este sentido, "los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para garantizar el derecho a la prestación de ayuda para morir en los supuestos y con los requisitos establecidos en esta ley".