La ley de amnistía es desde este jueves una realidad más allá de la hipótesis legislativa, después de la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados por parte de los partidos del Gobierno español, PSOE y Sumar, y los votos de los independentistas catalanes de ERC y Junts, además de los grupos vascos de EH Bildu y PNV, del BNG gallego y de Podemos. Una jornada parlamentaria y política que puede ser calificada de histórica tal como subrayaba en su intervención la portavoz de Junts, Míriam Nogueras: "Hoy es un día histórico en toda la amplitud del término. Hoy no se perdona, hoy se gana". Términos similares a los utilizados por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Pero la ley de amnistía tiene aún un trecho por recorrer que no será ni fácil ni corto, y con previsibles impactos políticos de mucho calado. Por ejemplo, si la amnistía permite el regreso del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y si se le detiene o no. O la rehabilitación de Oriol Junqueras y cuando se le retira la inhabilitación al presidente de ERC. Estos son algunos de los elementos principales que pondrán a prueba la amnistía en el laberinto judicial que ahora empieza. De momento, este jueves, el Congreso ha levantado el veto impuesto por la mayoría absoluta del PP en el Senado y su aplicación queda ahora solo pendiente de la inminente publicación en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días.

Pero ahora llegará el turno de los jueces. La aplicación de la amnistía queda desde este momento en manos de los magistrados de los más de 80 juzgados que tienen abiertas –o han sentenciado– carpetas judiciales relativas al procés. Según la ley ya en vigor, en el plazo de dos meses los jueces deberán evaluar cada caso y certificar si la amnistía decretada afecta a sus procesados, aunque cabe la posibilidad de congelar el procedimiento si se plantean cuestiones prejudiciales, por ejemplo, a los tribunales de la Unión Europea. La ley deja pues el terreno legislativo y se desarrolla a partir de ahora en el terreno judicial, pero con importantísimas repercusiones en el ámbito político según sean las decisiones de los jueces.

La amnistía, ¿un pasar página o la puerta al referéndum?

De entrada, la aprobación de la ley de amnistía supone un hecho histórico de gran calado político que tiene interpretaciones bien diferentes. "La obertura de un nuevo tiempo en que se saca de los tribunales aquello que debe resolverse con la política, para abrir un nuevo tiempo de entendimiento entre catalanes y de Catalunya con el resto de España", aseguran los socialistas por boca de Salvador Illa. "Aquí no acaba nada, esta es una victoria independentista para hacer justicia en contra de la represión y abrir una nueva etapa de negociación en igualdad de condiciones con el Estado para conseguir celebrar un referéndum acordado en Catalunya", según la perspectiva independentista que expresa Oriol Junqueras. Y "la quiebra del Estado de derecho", según la derecha española.

Desde el PSC se asegura que las recientes elecciones catalanas avalan su tesis con la victoria socialista y la pérdida de la mayoría absoluta del independentismo. Pero está por ver como acaban las negociaciones para la investidura catalana, si se esquiva la repetición electoral, y realmente en qué etapa entramos en Catalunya y en el Estado con la aplicación de la amnistía. Y sin duda, el papel de los jueces será relevante, especialmente si un poder del Estado como el judicial se dedica a hacer política en contra de otro poder como el legislativo, como apuntan algunas declaraciones y actitudes.

En cualquier caso, resulta evidente que en Catalunya la amnistía supone un antes y un después, con un importante apoyo social. Y los independentistas no renunciarán con ello ni a la independencia ni al referéndum, pero su desgaste electoral frena de cuajo el unilateralismo por bastante tiempo, entrando en una etapa donde la prioridad independentista deja paso también a aspectos más centrados en la gestión autonómica. Y en que incluso el referéndum se plantea, tanto por ERC como por Junts, de forma pactada y en el marco constitucional. Aunque los socialistas ya han advertido que no aceptarán un proyecto que consideran "divisivo".

El retorno de Puigdemont y la inhabilitación de Junqueras

Más allá del momento político actual en Catalunya, el impacto fundamental en la política catalana y en la española, estribará en función de las decisiones que tomen los jueces respecto a los líderes independentistas susceptibles de ser amnistiados. La aprobación de la ley afectará directamente a varios centenares de personas con imputaciones judiciales en curso. Pero no cabe duda de que, en el escenario de la política institucional, e l retorno a Catalunya y al Estado español, en libertad, del expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, o la rehabilitación –actualmente inhabilitado– del presidente de ERC, Oriol Junqueras, son dos de los principales efectos de la aplicación de la amnistía con repercusión política de alto nivel. Son la máxima expresión de otros casos equivalentes de dirigentes en el exilio como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, u otros inhabilitados también por la sentencia del procés como el secretario general de Junts, Jordi Turull, entre otros.

La entrada en vigor de la ley de amnistía debería permitir el retorno de Carles Puigdemont sin peligro al encarcelamiento, bien sea por ser amnistiado o porque en espera de preguntas prejudiciales decaigan las órdenes de detención. Y así está previsto desde Junts. El candidato de Junts a las elecciones europeas, Toni Comín, asegura a Público que "en algún momento de este verano volveremos juntos Carles Puigdemont, el conseller Lluís Puig y yo mismo".

Pero está por ver la reacción de los jueces, con el intento de boicotear la ley, dilatarla o incluso de esquivarla en algún caso, como han expresado sectores de la judicatura. Los propios fiscales del Tribunal Supremo ya han informado este mismo jueves, minutos después de ser aprobada la ley, que los cargos contra Puigdemont no los consideran amnistiables. Un rechazo a aplicar la amnistía, una demora en la aplicación de la ley a Puigdemont u otros dirigentes independentistas, o incluso una detención en el momento del retorno, podría tener serias y profundas repercusiones políticas. Y nada de esto es descartable, aunque Jordi Turull insiste que "el único camino de los jueces para no aplicar la ley es la prevaricación, esperemos que no opten por él".

Unas graves consecuencias judiciales que tendrían impacto en la política catalana, en plena negociación para la investidura de una nueva presidencia de la Generalitat y la formación de un nuevo Govern. Todavía más si los jueces boicotean la amnistía y ponen en peligro la posible sesión de investidura que demanda Puigdemont, y que pretende realizar a pesar de no contar con los apoyos necesarios. Pero también en la política estatal, dada la influencia actual del independentismo catalán en la gobernabilidad del Estado que permite a Pedro Sánchez mantenerse al frente de la presidencia del Gobierno español y sacar adelante la legislatura.

Amnistiar, la primera opción

En principio, la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya, aprobada este jueves, determina que quedarán amnistiados, tal y como se expresa en el artículo primero, todos los "actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Catalunya el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de noviembre de 2011 y 13 de noviembre de 2023". Pero ello no quiere decir que su aplicación sea automática e incluso ha habido movimientos significativos en la judicatura española para boicotear su aplicación, como es el caso de la guía antiamnistía difundida por el correo oficial del Consejo General del Poder Judicial.

A partir de ahora se pueden dar tres tipos de interpretaciones por parte de los jueces, según explican fuentes jurídicas de la defensa de algunos encausados. La primera, la aplicación de la amnistía a requerimiento de los imputados, con la consecuente anulación de los casos judiciales en curso a los que se les aplique la nueva ley, decayendo todas las posibles consecuencias y demandas judiciales. O la anulación inmediata de los efectos que hubieran tenido sentencias ya en curso.

Este primer escenario está previsto que se dé en el caso de muchos de los ciudadanos anónimos imputados en juzgados ordinarios por su participación en la organización del referéndum o en protestas posteriores, como funcionarios, directores de escuelas, alcaldes o activistas y manifestantes. Según apuntan fuentes jurídicas de Esquerra, aquellas personas que sean amnistiadas directamente a lo largo de los próximos dos meses quedarán liberadas de sus causas incluso si en un futuro el Tribunal Constitucional –ya se han anunciado recursos de inconstitucionalidad por parte del PP y de las comunidades autónomas donde gobierna– dictaminara en contra de la ley de amnistía o de parte de esta.

Las prejudiciales, congelación de las causas

El segundo escenario es que el juez decida presentar cuestiones prejudiciales consultando al Tribunal de Justícia de la Unión Europea alegando dudas de que la ley de amnistía cumpla con el derecho comunitario. También existe la opción de presentar una cuestión de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional, un proceso diferente al recurso de inconstitucionalidad. Estas consultas prejudiciales de los jueces tienen un tiempo de respuesta estimado de entre seis meses y dos años. Y la ley de amnistía establece que, en este caso, las causas en cuestión se paraliza y decaerá cualquier medida cautelar prevista.

El rechazo a la aplicación de la amnistía, tercera vía

Estos serían los dos escenarios más plausibles. Pero fuentes jurídicas de Esquerra alertan de un tercero: "No podemos descartar que algún juez decida que la causa que tiene entre manos no se ajusta a la ley de amnistía y deniegue su aplicación". En una referencia implícita a la causa de Tsunami Democràtic con imputación de terrorismo que se instruye en la Audiencia Nacional para una docena de encausados, activistas, empresarios y periodistas y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y que en el caso de Carles Puigdemont y del diputado de Esquerra Ruben Wagensberg se instruye en el Tribunal Supremo por ser aforados. También el llamado caso Volhov de las supuestas conexiones rusas del independentismo podría entrar en esta tercera vía. En este caso, se podría presentar recurso de amparo al Tribunal Constitucional, explican las fuentes jurídicas consultadas, pero el proceso se alargaría y mientras no se aplicaría la amnistía ni se retirarían las medidas cautelares.

Con estos mimbres, la previsión es que el Tribunal Supremo presente preguntas prejudiciales en los casos relativos al referéndum del 1-O. Esto supondría que el juez instructor Pablo Llarena retire las órdenes de detención contra Puigdemont y el resto de los exiliados que mantiene desde el 2017 por la organización del referéndum del 1-O, a la espera de la respuesta. Lo cual, de entrada, debería permitir el regreso en libertad de todos ellos sin problema hasta que se aclare la cuestión. Y en el caso de Oriol Junqueras y el resto de sentenciados, es previsible que el juez Manuel Marchena –que presidía el tribunal sentenciador– siga este mismo camino. Lo cual mantendrá inhabilitados a todos los que recibieron esta pena hasta que la justicia de la UE aclare las dudas, ya que las penas de prisión quedaron anuladas con los indultos.

Y quedará por ver qué harán los jueces del caso Tsunami Democràtic, Susana Polo en el Tribunal Supremo y Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional. O el del caso Volhov, Joaquín Aguirre. Un rechazo directo a la aplicación de la amnistía como se prevé pondría en peligro el retorno de los dirigentes independentistas en el exilio con Puigdemont a la cabeza, por temor a ser detenidos. Y Oriol Junqueras o Jordi Turull continuarán inhabilitados durante muchos meses, sin posibilidades de presentarse a posibles procesos electorales. Dos consecuencias que impactan directamente en el futuro de los dos grandes partidos independentistas.

Desde Junts el jefe de sus servicios jurídicos, Gonzalo Boye, es optimista: "La UE valida la amnistía". Pero dirigentes de Junts se muestran prudentes con los pasos a dar: "No nos precipitaremos, hay que ver cómo reaccionan los jueces". En ERC son más escépticos y la secretaria general, Marta Rovira, define la aprobación de la amnistía como "una gran victoria política y de recuperación de las libertades personales" pero añade que no piensa volver desde Suiza a Catalunya "hasta que la causa de Tsunami esté archivada, porque los jueces españoles no son de fiar".

Cómo actúen estos jueces tendrá efectos sobre ERC y sobre Junts, y habrá que ver cómo repercute ello en el complicado tablero político catalán y estatal. El propio Junqueras lo da por hecho. "Somos conscientes que la ultraderecha política, mediática y también la judicial van a hacer todo lo posible por boicotear la amnistía, y a mí mismo no me dejan ni volver a hacer clases en la universidad, pero hemos conseguido una gran victoria y resistiremos todas las embestidas. Aguantamos la cárcel, mucho más resistiremos ahora".

Así pues, la inmediata aplicación de la amnistía puede ser un bálsamo que mejore la situación de centenares de ciudadanos independentistas anónimos que arrastran años de imputaciones, en algunos casos con multas e incluso petición de años de cárcel a sus espaldas. Pero a su vez, los jueces pueden convertir la aplicación de la amnistía en un Vietnam político que ponga patas arriba la política catalana y de rebote la española. Veremos si con una repetición electoral en Catalunya o no, y quién sabe si complicando la legislatura española que desemboque en unas nuevas elecciones generales.