La juez de Primera Instancia número 10 de Murcia, Carmen Merida, ha fijado para el próximo 28 de octubre el juicio por la demanda de protección al honor que interpuso el registrador sustituto de Santa Pola (Alicante) Francisco Riquelme, contra el abogado José Luis Mazón, a quien achaca haber insinuado que llegó a un 'apaño' con Mariano Rajoy --titular de ese Registro-- para repartir ganancias. Riquelme pide una indemnización de 100.000 euros.

Este lunes se celebró en el Juzgado la audiencia previa, última posibilidad para cerrar el pleito con avenencia y no tener que llegar a juicio. La juez ha rechazado todas las pruebas solicitadas por las partes, argumentando que sólo le interesa determinar si las expresiones que utilizó Mazón tienen contenido insultante o no, ya que el hecho de que sean verdad o mentira es irrelevante en este proceso (donde se examina el derecho a la libertad de opinión, no a la de información).

El abogado Mazón ha informado que la magistrado sí ha acordado que, en el juicio del próximo 28 de octubre, declare Riquelme, momento que aprovechará el demandado para intentar 'arrojar luz' sobre sus relaciones con Rajoy, que están en el origen del conflicto.

Entre la prueba documental desechada por la juez, está la que solicitud, que proponía el abogado Mazón, del libro de socios y las cuentas de la empresa INLIMUR SL. que, según señala el letrado, 'curiosamente Riquelme creó justo el dia anterior, en marzo de 1990, a que Rajoy tomara la situación de servicios especiales por desempeño de cargo público (diputado)'.

El objetivo de Mazón era 'esclarecer si Rajoy es el socio oculto de INLIMUR, cuyo apoderado es Riquelme, y administrador único la mujer de Riquelme, y se han podido canalizar las posibles ganancias de la sustitución en favor de Rajoy por esta acequia subterránea'.

En cuanto a las pruebas que pedía Riquelme, que también han sido rechazadas, estaba la de pedir a la Dirección General de Registros que informase si, de acuerdo a la normativa vigente, existe una situación a la de servicios especiales --como la que ostenta Rajoy en relación a su condición de registrador-- para compatibilizar la situación de funcionario con la de diputado. Requería además que se certificase si otros políticos, como los exministros socialistas Beatriz Corredor o Antonio Camacho, se acogieron a la situación de servicios especiales como registradora y fiscal respectivamente.

En su demanda, Riquelme considera que Mazón vulneró su honor por las siguientes afirmaciones aparecidas en sendos diarios en enero de 2012: 'El fundador del partido (Mazón) sospecha que 'Rajoy y Riquelme, unidos por una amistad, pudieron llegar a un acuerdo para que el abanillero conste como registrador en Santa Pola pero el presidente del Gobierno siga percibiendo parte de su sueldo'. Y esta otra: 'Yo creo que ha hecho algún apaño con Riquelme. ¿Rajoy le ha regalado a su amigo toda la fortuna que le correspondía durante todos estos años?'

En su contestación a la demanda, Mazón destacó que sus afirmaciones entraron dentro del derecho a la libertad de expresión, y subrayó que 'por mucho amor y afecto' que Riquelme profese a Rajoy, 'no le valida para hacer una defensa interpuesta del honor ajeno', ya que en su escrito denuncia una intromisión al honor, pero no en el suyo sino en el del presidente del Gobierno. 'Cabe la sospecha de que, más que Riquelme, quien demanda es Rajoy', señaló el letrado.

En el juicio defenderán sus posiciones ambas partes, y expresará su posición el fiscal, quedando a continuación visto para sentencia.