Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no ha querido ahondar en cómo se abordará el mecanismo de equidad intergeneracional, una fórmula que sustituye a la derogación del factor de sostenibilidad y que está contemplada en el primer paquete de la reforma de las pensiones, aunque aún está por determinar.

Tras sus polémicas palabras de la semana pasada, en las que planteaba la posibilidad de que los nacidos entre 1960 y 1975 (la generación del baby boom) tuvieran que asumir algún pequeño ajuste en la pensión o unos meses más de trabajo para afrontar el mayor gasto que supondrá la jubilación de esta amplia franja de edad, el ministro rectificó alegando que no tuvo su "mejor día" y que dichas modificaciones están por negociar.

Por ello, Escrivá, que ha presentado este miércoles en el Congreso el primer acuerdo sellado por el Gobierno y los agentes sociales para la reforma de las pensiones, ha insistido en pedir "tranquilidad" acerca de un asunto que "no es muy importante" pero que, como ha reconocido, "creó un ruido innecesario" al haber pronunciado esas declaraciones. "Denos unos meses con los agentes sociales para dar forma a lo que hemos acordado [mecanismo de equidad intergeneracional] y ya verán que esto no era lo más difícil", ha añadido.

Si bien, el ministro ha invitado a reflexionar sobre esta nueva fórmula que sustituye al factor de sostenibilidad "mal diseñado" de la reforma del PP de 2013, que se deberá de tener en cuenta ante la "disyuntiva" que se abre para hacer frente al incremento del gasto en pensiones hasta 2050. "Llegado el momento, si hubiera que allegar nuevas fuentes de financiación al sistema, que en cualquier caso son muy pequeñas, la disyuntiva es si se paga con impuestos que los pagan todos o podría contemplarse la posibilidad de un mecanismo más selectivo".

Más aún —ha expuesto— cuando la generación más joven incorporada al mercado laboral sufre una precariedad y una elevada tasa de desempleo que no han sufrido generaciones anteriores. "Del mismo modo que ya nadie discute que la consideración de género es una cuestión fundamental de justicia y equidad que hay que incorporar a las políticas públicas, yo estoy convencido que con el tiempo, plantear el mecanismo de equidad intergeneracional probablemente tenga también elementos de justicia y equidad", ha afirmado.

Escrivá ha señalado que la edad ordinaria de jubilación en España (67 años o 65 años cuando se acrediten al menos 38 años y 6 meses de cotización) es "adecuada" y que el "problema" radica en que la participación en el mercado laboral de los mayores de 65 años es "mucho más baja que en los países de nuestro entorno". Por ello, ha defendido los incentivos a la jubilación demorada contemplados en el acuerdo, que pueden alcanzar los 12.000 euros anuales o suponer un incremento porcentual de la pensión de un 4% por año de demora. Incluso, pueden combinarse ambas fórmulas. 

El PNV deja en el aire su apoyo a los Presupuestos

Con todo, el ministro ha puesto en valor el Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que comenzará a tramitarse en el Congreso el próximo mes de septiembre con la finalidad de que esté aprobado a finales de año.

Según ha manifestado, este acuerdo (el primero sobre pensiones en diez años) aborda 12 de las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo y se hace eco de una de las principales reivindicaciones de los movimientos de los pensionistas: garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo a través del incremento de las pensiones de acuerdo con la inflación media (IPC) registrada en el ejercicio anterior.

Aunque el pacto se ha alcanzado con los sindicatos y la patronal, los diferentes grupos del arco parlamentario han afeado la "falta de diálogo" del ministro con ellos, los "representantes de la ciudadanía". Tanto los socios del Gobierno como los partidos de la derecha han reconocido que su voto favorable está aún muy lejos si se mantienen las condiciones del acuerdo, como la ampliación del período del cálculo de la pensión (de 15 a 25 años) o el endurecimiento de los requisitos para la jubilación anticipada.

De hecho, el portavoz del PNV en la comisión parlamentaria, Iñigo Barandiaran, ha advertido de que el Gobierno "puede tener problemas" a la hora de contar con su apoyo para los Presupuestos Generales del Estado de 2022 si no hay un acuerdo con el Ejecutivo autonómico vasco en materia de competencias de la Seguridad Social.