La tramitación en el Congreso de la reforma laboral no es la primera encrucijada para la alianza entre el Gobierno de coalición y sus socios parlamentarios. Sí que es la primera para una Yolanda Díaz que cuando tomó las riendas del espacio confederal se puso como objetivo reforzar y apuntalar el "bloque de investidura" que Pablo Iglesias aspiraba a convertir en un "bloque de dirección de Estado". Sin embargo, existen dos precedentes que llegaron a tensar de manera clara las relaciones entre el Ejecutivo y la mayoría que lo sustenta en la Cámara Baja.

En 2020, el entonces líder de Podemos le ganó un pulso fundamental a Pedro Sánchez que, de facto, definió cuál iba a ser la orientación política del Gobierno durante la legislatura. Desde marzo de ese año, el Ejecutivo había ido perdiendo apoyos a marchas forzadas para prorrogar el estado de alarma decretado para hacer frente a la pandemia del coronavirus; tanto es así, que en los meses de verano no estaba claro que el PSOE y Unidas Podemos fueran a ser capaces de recabar los votos necesarios en el Congreso.

En ese escenario irrumpió Ciudadanos. Los de Inés Arrimadas (que parecían condenados a la irrelevancia política tras las elecciones de noviembre de 2019) apoyaron las últimas prórrogas del estado de alarma y, en algunos casos, fueron fundamentales para salvar las votaciones parlamentarias. 

Esa jugada resucitó uno de los objetivos fundamentales que se habían propuesto los socialistas desde que se constituyó el Gobierno de coalición: la geometría variable, es decir, la posibilidad de llegar a acuerdos tanto con la derecha como con los partidos de izquierdas de la Cámara Baja en función de las materias a tratar. Para Unidas Podemos, sin embargo, reforzar el bloque de la investidura era la opción preferida por ser la única capaz de arrastrar al PSOE a las posiciones más progresistas.

El acercamiento de Ciudadanos a los de Sánchez durante el verano abrió la puerta a que los de Inés Arrimadas negociaran los Presupuestos Generales del Estado de 2020. Los socios del Gobierno (y el propio Iglesias) advirtieron de la incompatibilidad entre ambas alianzas, pero el PSOE mantuvo esa opción abierta durante varios meses, tensando las relaciones con formaciones como ERC, EH Bildu o Compromís.

Finalmente, a un mes de la votación definitiva para aprobar las cuentas, Iglesias y el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, alcanzaron un acuerdo, y el partido vasco anunció abiertamente su apoyo a los PGE de 2020. Ciudadanos se autoexcluyó de la ecuación y los socialistas asumieron la imposibilidad de desplegar la denominada geometría variable.

Nueva brecha a cuenta de la reforma laboral

Desde entonces, el Gobierno de coalición y sus socios han mantenido su alianza (no exenta de algunas tensiones en momentos puntuales) y el bloque de la investidura se ha ido consolidando a lo largo de la legislatura. Pero la entrada de la reforma laboral al Congreso ha activado de nuevo todas las alarmas y formaciones como EH Bildu ya advierten de que si no fructifica la negociación parlamentaria y el Ejecutivo accede a modificar el decreto (insuficiente en algunos puntos para estos partidos), el bloque podría romperse.

Así lo ha manifestado este martes el líder del partido, Arnaldo Otegi, que en un artículo en Público aseguraba que si la reforma no toca la normativa referente a los despidos (causas, control administrativo e indemnizaciones) y no "desestataliza" la negociación colectiva (dando más peso a los convenios autonómicos que a los estatales), EH Bildu no apoyará su tramitación en el Congreso.

En la misma línea, otros aliados del Gobierno en el Parlamento, como ERC, PNV, Más País y Compromís han mostrado su rechazo a la legislación laboral consensuada por el Gobierno y los agentes sociales tras nueve meses de intensas negociaciones. "A ver si entre día histórico y día histórico da para hablar con ERC, que igual tiene algo que ver" afeó el portavoz republicano, Gabriel Rufián, desde la tribuna en el último pleno del año en clara alusión a la bancada azul.

También, el portavoz del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban, confirmó la semana pasada que su grupo está instalado en el no, una postura que no reconsiderará hasta que no se solucione la prevalencia de los convenios autonómicos por encima de los estatales.

Y es que, pese a considerar que existen "aspectos positivos", PNV y EH Bildu recuerdan que los sindicatos con los que el Gobierno ha pactado la reforma laboral, CCOO y UGT, son minoritarios en Euskadi. "No tenemos una misma dinámica sindical que en el resto del Estado y también las relaciones con el empresariado son diferentes", añadió el diputado de la formación jeltzale.

Ante la dificultad para atraer a estas fuerzas políticas y dadas las intenciones del Ejecutivo de no tramitar la legislación laboral como proyecto ley, un salvoconducto que podría acercar a los socios para votar a favor, el PSOE ha vuelto a abrir la puerta a recibir el apoyo de Cs con el objetivo de fraguar un apoyo "amplísimo" en la Cámara Baja que "respete" el acuerdo logrado en el diálogo social.

Así lo deslizó antes de terminar el año el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, y remachó posteriormente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia para hacer balance de 2021. Los socialistas no pondrán trabas a ningún grupo, ya que entienden que la reforma es "equilibrada", "trasciende las ideologías" y "debería representar a todas las formaciones políticas". 

En este cruce de declaraciones, el partido naranja ha dejado claro que está dispuesto a volver a ser útil. Por ello, se ha inclinado por no rechazar la reforma laboral. "Es una alegría que se haya llegado a un acuerdo, siempre hemos reclamado que cualquier reforma laboral se llevara al efecto con acuerdo de los agentes sociales. En ese sentido, creo que el Parlamento tiene la obligación moral de respetar ese acuerdo, pero tiene que incorporar sus propias decisiones", afirmó el pasado domingo el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, en declaraciones a Europa Press.

Sin embargo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha desechado esta posibilidad al aclarar que se implicará directamente, "de manera discreta", en los negociaciones con los socios habituales del Ejecutivo. En esta línea, desde Unidas Podemos se asegura que las negociaciones con los partidos de la investidura ya están en marcha y se muestran optimistas con la posibilidad de llegar a un acuerdo.

El ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, animó a todos los actores a "rearmar un bloque de investidura fundamental para los avances de los sectores más vulnerables y la clase trabajadora y no entrar en trampas que la derecha quiere poner", después de que el PP dejara caer una posible abstención para facilitar la tramitación de la reforma laboral; una jugada que, a juicio de Iglesias, solo busca romper la alianza entre el Gobierno y sus socios.