Después de las duras negociaciones por la reforma laboral, que salió adelante por un error de un diputado del PP, el Ejecutivo atraviesa un nuevo episodio de tensiones. Esta vez, por la reforma fiscal. Unidas Podemos presentó en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma fiscal que incluye crear un nuevo impuesto a las grandes fortunas y un recargo temporal de diez puntos en el impuesto de sociedades a las grandes eléctricas.

Este movimiento no ha sentado bien a la parte socialista del Gabinete, ya que critican que la formación de Ione Belarra no ha esperado al informe de expertos, que fue encargado en abril del año pasado a un equipo conformado por 17 técnicos y que el Ministerio de Hacienda espera recibir antes del próximo 28 de febrero. La titular del ramo, María Jesús Montero, ha señalado que la propuesta de su socio es "inoportuna".

Belarra ha respondido manifestando que "lo que es inoportuno es que en plena recuperación económica los trabajadores y las trabajadoras y las pequeñas y medianas empresas paguen el doble de impuestos que lo que pagan las grandes empresas". La secretaria general de Podemos ha recordado que son un Gobierno de coalición y que ambos socios tienen que participar en los "debates centrales". No obstante, más allá del informe de expertos y del cruce de acusaciones, los dos grupos presentan diferencias programáticas sobre la fiscalidad en España.

Qué dice el acuerdo de Gobierno

El acuerdo de Gobierno recoge que impulsarán "una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales". Uno de los puntos centrales del apartado "Justicia Fiscal y Equilibrio Presupuestario" es el relativo al Impuesto de Sociedades. Quieren garantizar que las grandes corporaciones tengan un tributación mínima del 15%, que ascendería al 18% en el caso de las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Por otra parte, ambas formaciones acordaron reducir los impuestos de las PYMES que facturen menos de un millón de euros para que tributen un 23% en lugar de un 25%.

El pacto señala que en el caso del IRPF aumentarán dos puntos impositivos sobre la base general para los contribuyentes con rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos a aquellos que ganen más de 300.000 euros.

La mayor duda de las pretensiones del Gobierno, por la ambigüedad del texto signado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tras las elecciones de noviembre de 2019, es lo que finalmente ocurrirá con las grandes fortunas; es decir, con aquellos declarantes que atesoren patrimonios que excedan los 30 millones de euros. PSOE y Unidas Podemos lo único que indicaron en el acuerdo es que "estudiarán la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo", sin añadir ningún dato concreto. 

Qué proponía Unidas Podemos

Respecto al Impuesto de Sociedades, Unidas Podemos era más ambicioso y proponía en su programa electoral de 2019 establecer un tipo efectivo mínimo del 20% a las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Asimismo, el grupo confederal sostenía aumentar el IRPF a partir de una renta inferior a la acordada finalmente: 100.000 en vez de 130.000. Estas rentas pasarían a contribuir un 47% en lugar del actual 45%. Y añadían que los que tengan una renta anual superior a 300.000 euros deberían tener una retención del 55% frente al 47% actual. El acuerdo finalmente lo fijó en el 51%.

Para las grandes fortunas, la agrupación de izquierdas planteaba gravar "con un 2% los patrimonios de más de un millón de euros, con un 2,5% los patrimonios de más de 10 millones de euros, con un 3% los patrimonios superiores a los 50 millones y con un 3,5% los patrimonios de más de 100 millones de euros". El objetivo de la coalición electoral era sustituir este impuesto por el actual impuesto sobre el patrimonio, que califican de "inoperativo", además de impedir a las comunidades autónomas bonificarlo. La propuesta que han realizado recientemente incluye los mismos tramos y la imposibilidad de que haya bonificación por parte de las comunidades. 

Qué proponía el PSOE

El programa electoral del PSOE de 2019 aborda distintos aspectos de la fiscalidad en España. Sin embargo, no concreta ninguna medida ni proporciona datos específicos. El documento se limita a señalar que "la economía debe contribuir a garantizar la distribución de la riqueza y la reducción de las desigualdades (...) No puede haber justicia social si no hay justicia fiscal". 

Los socialistas reivindicaban que debe reforzarse la progresividad del sistema fiscal en la línea de otros países de la Unión Europea. Mencionaban que era necesario incrementar "la aportación de las grandes empresas, de los contribuyentes de ingresos más altos y con mayores patrimonios, mejorando la equidad entre la fiscalidad de las rentas del capital y las rentas del trabajo, al tiempo que se reduce la carga fiscal soportada por las pymes". En el texto no se menciona en ningún momento nada relacionado con las grades fortunas. Del mismo modo, lo único que se dice sobre el Impuesto de Sociedades y el IRPF es que podrían reducir estos impuestos a aquellas startups  que inviertan en I+D+i. Ahora, el PSOE aboga por esperar a las propuestas del informe de expertos.