"La Constitución se puede reformar...o no". Así respondía una ministra hace unos días sobre la utilidad de la Comisión Territorial propuesta por el PSOE y que esta misma semana echará a andar en el Congreso. Hoy ha sido el PP el que abiertamente ha reconocido que el presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, no quiere reformar la Carta Magna.

Al menos, no en profundidad, a tenor de las palabras del vicesecretario de Comunicación de la formación, Pablo Casado. "Nos gusta el Estado autonómico actual", sentenció, negando que los conservadores sean partidarios de una recentralización de competencias pero también dejando entrever que su formación no propiciará un mejor encaje para Catalunya que pueda contentar a los independentistas.

"No es nuestro partido el que está planteando hacer esta reforma; habrá que preguntarle a los que sí la quieren", siguió Casado en referencia a los socialistas. "Nosotros no somos los que queremos la reforma constitucional y hay que tener claro qué se pretende", continuó lamentando que haya, en su opinión, quien quiere "no mejorarlo, sino cargarse el sistema" -en relación a Podemos- así como quien quiera "partir de cero" y convertir la legislatura en "constituyente" o, incluso, quien quiere más descentralización. "Poco más hay que descentralizar", opinó el portavoz del PP.

Pese a todo, Casado negó que exista "inmovilismo" en el PP ni en el Gobierno. Recordó que su formación si votó a favor de las reformas constitucionales como la del artículo 135 (estabilidad presupuestaria) pero también constató que Rajoy nunca ha querido una nueva Carta Magna. "¿Hay ahora mejores mimbres para hacer un mejor cesto?", se preguntó dudoso.

Si en algo está de acuerdo el PP es, simplemente, con la fórmula del PSOE para estudiar una posible reforma del Título VIII y valorar cómo se podría ser más "eficaz y eficiente" en cuanto al modelo territorial. "Es inteligente porque reformar ese título no requiere una reforma agravada de la Constitución. Veremos qué proponen, igual hay que desarrollarlo, pero no poner patas arriba el sistema porque ya tenemos uno de los estados más descentralizados del mundo", zanjó Casado.

Es más, un cambio que sí quieren los conservadores es el de incluir la "lealtad institucional" como norma en la Carta Magna para evitar situaciones como la de Catalunya. "No pueden financiar embajadas y luego pedir al FLA (Fondo de Liquidez Autonómica -estatal-) para financiar servicios públicos", ejemplificó el vicesecretario. También su homólogo en el Gobierno, el ministro de Educación y portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, lo expresó así, a título personal, el pasado viernes y dijo ser partidario de copiar la Constitución alemana que incluye la "lealtad" entre landers.

Así las cosas, no parece que la Comisión Territorial vaya a dar todos los frutos que esperaba el PSOE. Ni Podemos ni los partidos independentistas (ERC y PDeCAT) van a participar en ella y ni siquiera la tercera pata del autodenominado bloque constituiconalista (Cs) está de acuerdo con que esa opción sea la mejor solución para el conflicto catalán, aunque sí participará en ella. Además, el PP, como ha constatado hoy su portavoz, no quiere una reforma en profundidad de la Constitución y, de hacerse, llegaría a muy largo plazo. "Tiene que hacerse con un consenso mayor que la del 78 y sin deshacer lo andado hasta aquí", concluyó Casado.