BRUSELAS.- Doctor en Ciencias Políticas por las Universidades de Lieja y París VIII e historiador de formación, Éric Toussaint es portavoz del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM). Desde hace ya muchos años lucha por la anulación de la deuda de los países del Sur, así como de las deudas públicas ilegítimas en el Norte. Ha sido miembro de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), puesta en marcha en 2007 por el presidente Rafael Correa.

Asimismo, en 2008, el entonces presidente de Paraguay, Fernando Lugo, recurrió a su experiencia para poner en marcha la auditoría de la deuda en ese país. Apoya y está comprometido desde 2010 en diferentes iniciativas de auditoría ciudadana de la deuda en Europa (Grecia, Portugal, España, Francia, Bélgica). En 2012 y 2013 fue invitado por Alexis Tsipras, presidente de Syriza, para participar en las discusiones sobre la deuda griega.

En noviembre de 2014 fue invitado al Congreso argentino por los parlamentarios de la mayoría presidencial, que apoyan la puesta en funcionamiento de la comisión de auditoría de la deuda prevista por la ley denominada del "pago soberano", adoptada en septiembre de 2014. Ha escrito numerosas obras de referencia sobre la problemática de la deuda y de las instituciones financieras internacionales, y participó en la redacción de dos manuales de auditoría ciudadana de la deuda.

¿Qué se entiende por "reestructuración" de la deuda?

Según los términos definidos por el FMI y el Club de París en una serie de documentos oficiales, una reestructuración de la deuda soberana implica un canje de deudas por otras nuevas en una mayoría aplastante de casos, o bien por efectivo en una cantidad muy reducida. Por lo general, la reestructuración de la deuda pasa por negociaciones entre los países deudores y las diferentes categorías de acreedores.

Una reestructuración de la deuda soberana puede concretarse bajo dos formas principales:

1º. Una renegociación de la deuda: mediante una reducción de los tipos de interés para disminuir el servicio de la deuda y/o una ampliación del calendario de pagos.

2º. Esta puede ir unida a una reducción de la deuda (disminución del stock de la deuda por abandono de acreencias debidas). La mayor parte de las veces pasa por un reemplazo de viejos títulos o viejos contratos por otros nuevos. La reducción de la deuda puede pasar por una recompra de deudas con liquidez.

La compra de deuda en efectivo rara vez tiene lugar. Sobre los 600 casos de reestructuración que ha habido entre 1950 y 2010, solo 26 implicaron una recompra de deuda mediante liquidez. Se trata pues de una ínfima minoría que, en la mayor parte de los casos, estaba ligada a la iniciativa PPME (Países Pobres Muy Endeudados). En realidad, lo que ocurría durante esa iniciativa es que una parte de los acreedores pagaban a otros acreedores una parte de las deudas acumuladas por el país en cuestión. Durante ese proceso en el transcurso de la que, en realidad, es que una parte de los acreedores han pagado a otros acreedores una parte de las deudas acumuladas por un país.

"A menudo, los acreedores aprovechan las reestructuraciones de deuda para imponer condiciones contrarias a los intereses del país y sobre todo a los de su población"

Las reestructuraciones de deudas soberanas tienen lugar por tanto en situaciones de crisis, a menudo como respuesta a un impago (suspensión de pagos total o parcial) o ante el riesgo de impago por parte del país deudor. Cuando el FMI, el Club de París o la troika (como ha sido el caso de Grecia en 2012) intervienen para organizar una reestructuración de la deuda, pretenden restablecer la solvencia de un país deudor simplemente haciendo que la deuda sea sostenible en términos de su pago. A menudo, como contrapartida a la reestructuración los acreedores imponen unas condiciones contrarias a los intereses del país endeudado y sobre todo a los de su población.

Por otro lado, las estrategias geopolíticas de los acreedores juegan un papel determinante en la elección de los países con los que se acuerda una reestructuración y los términos de esta.

Grecia procedió a una reestructuración de su deuda que no le sirvió para mucho, ¿por qué?

Exactamente. El contexto fue el siguiente: a partir de comienzos de 2010, Grecia ha sido víctima de ataques especulativos de los mercados financieros que exigían tipos de interés exagerados en contrapartida a la financiación de su deuda. Grecia estaba al borde de la cesación de pagos, ya que no conseguía refinanciar su deuda a tipos de interés razonables. La troika intervino con un plan de ajuste estructural bajo la forma de «Memorándum». Se trataba de conceder nuevos créditos a Grecia con la condición de que pagase la deuda a sus acreedores. Es decir, en primer lugar a los bancos privados europeos, y por este orden a los bancos franceses, alemanes, italianos, belgas… Esos créditos estaban también acompañados de medidas de austeridad que tuvieron un efecto devastador, catastrófico, en las condiciones de vida de la población y en la propia actividad económica.

En 2012, la troika organizó una reestructuración de la deuda griega pero solo de la parte relativa a los acreedores privados, es decir a los bancos comerciales privados de los Estados de la Unión Europea que, aunque ya habían logrado desligarse de buena parte de la deuda griega, todavía conservaban algunas acreencias sobre Grecia, así como de otros acreedores privados tales como los fondos de pensión de trabajadores griegos. Esta reestructuración implicaba una reducción de la deuda helena del orden del 50% al 60% con respecto a la de sus acreedores privados.

"Se intentó hacer creer a la opinión pública internacional y a la población griega que los acreedores privados habían asumido considerables esfuerzos en consideración con la dramática situación en la que se encontraba Grecia"

La propia troika, que había prestado dinero a Grecia a partir de 2010, organizó la reestructuración de la deuda griega pero rechazaba disminuir las acreencias que poseía. Esa operación fue presentada como un éxito por los medios dominantes, los gobiernos occidentales, el ejecutivo griego, así como el FMI y la Comisión Europea. Se intentó hacer creer a la opinión pública internacional y a la población griega que los acreedores privados habían consentido asumir unos esfuerzos considerables en consideración con la dramática situación en la que se encontraba Grecia. En realidad, esa operación no fue en absoluto benéfica para el país en general, y todavía menos para su población.

Después de una momentánea bajada de la deuda durante el año 2012 y comienzos de 2013, la deuda griega subió de nuevo y superó el nivel alcanzado en 2010-2011. Las condiciones impuestas por la troika arrastraron una dramática caída de la actividad económica del país, el PIB se redujo en un 25% entre 2010 y comienzos de 2014. Y sobre todo, las condiciones de vida de la población se degradaron trágicamente: violación de los derechos económicos y sociales, de los derechos colectivos, regresión en el sistema de jubilaciones, drástica reducción de los servicios de salud y de educación pública, despidos masivos, pérdida de poder adquisitivo…

Agreguemos además que una de las condiciones para el alivio de la deuda griega era el cambio en la jurisdicción competente en caso de litigio con los acreedores. En resumen, esa reestructuración de deuda puede ser considerada como completamente contraria a los intereses de la población griega y de Grecia como país.

¿Cuál es la comparación que haces de esa reestructuración de la deuda griega con el Plan Brady que fue desplegado en los países del Sur tras la crisis de la deuda que había estallado en 1982?

El Plan Brady se puso en marcha efectivamente a finales de los años 1980 y concernía a una veintena de países endeudados del Sur. Se trataba de un plan de reestructuración de deudas con un intercambio de acreencias bancarias por títulos con garantía del Tesoro estadounidense, bajo la condición de que los bancos acreedores redujeran el monto de las deudas, y que volvieran a poner dinero en circulación. El volumen de la deuda fue reducido en un 30% en algunos casos, y los nuevos títulos (los bonos Brady) garantizaron un tipo de interés fijo de alrededor del 6%, lo que era muy favorable para los banqueros. De esa manera se arreglaba el problema de los bancos y se postergaba la solución para los deudores.

Encontramos los mismos ingredientes que componían el plan Brady en los planes de reestructuración de deuda impuestos a Grecia, pero también en Irlanda, Portugal y Chipre.

1º: El Plan Brady, así como los memorándums impuestos a los países de la "periferia" de la Unión Europea, tienen en común el hecho de que las autoridades públicas de las grandes potencias y de las instituciones internacionales reemplazan como principales acreedores a los bancos privados. Todos esos planes tienen por fin permitir a los bancos privados retirarse como acreedores principales de los correspondientes países y salir de esa situación bien parados, al ser reemplazados por los poderes públicos de las grandes potencias acreedoras y por las instituciones multilaterales como el FMI. Es exactamente lo que pasó con el Plan Brady. En Europa es la Comisión Europea, el Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE), el BCE y el FMI quienes han reemplazado como acreedores, progresiva y masivamente, a los bancos comerciales y a otras instituciones financieras privadas.

2º: Todas esas operaciones están, por supuesto, bien acompañadas de condicionalidades que imponen la instauración de políticas de austeridad y de orientación neoliberal extremadamente duras.

3º: El otro punto común es el fracaso de esas reestructuraciones para los países deudores. En el marco del Plan Brady, incluso economistas neoliberales como Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart reconocen que ese plan no fue beneficioso para los países afectados: las reducciones de deuda fueron finalmente mucho más débiles que las previstas y, en el largo plazo, el monto total de la deuda, aumentaba y los montos reembolsados eran considerables. Podemos decir lo mismo de Grecia, Chipre, Portugal e Irlanda.

Resumiendo, si la reestructuración de la deuda no es la solución, ¿cuál es la vía que preconizarías para que los Estados pudieran resolver sus problemas de deuda?

"La anulación de la parte ilegítima de la deuda puede asimilarse a una reestructuración, pero en ningún caso podrá constituir una respuesta suficiente si se hace en forma aislada"

"Reestructurar" significa remodelar, sin tocar la estructura. "Repudiar", por el contrario implica una ruptura, un rechazo a algo. Los Estados deben plantear actos soberanos unilaterales: 1.- realizando una auditoría integral de la deuda con una activa participación ciudadana; 2.- suspendiendo el pago de la deuda; 3.- rechazando el pago de la parte ilegítima o ilegal; 4.- imponiendo una reducción del remanente. Esta reducción de la parte restante, después de la anulación de la parte ilegítima o ilegal, puede asimilarse a una reestructuración, pero en ningún caso podrá constituir una respuesta suficiente si se hace en forma aislada.

¿Qué pasaría si un gobierno comienza negociaciones con los acreedores en vista a una reestructuración de la deuda sin suspender el pago de aquella?

Sin una suspensión previa del pago y sin una auditoría pública, los acreedores se encuentran en una situación dominante. Y, por supuesto, no hay que subestimar su capacidad de manipulación, que podrían llevar a los gobiernos a firmar compromisos inaceptables.

"Es la suspensión del pago de la deuda, en su carácter de acto soberano unilateral, lo que crea una relación de fuerza diferente con los acreedores y los obliga a visibilizarse. Si no hay suspensión, estos actúan a escondidas"

Es la suspensión previa del pago de la deuda, en su carácter de acto soberano unilateral que crea una relación de fuerza diferente con los acreedores. Más aún, una suspensión fuerza a los acreedores a visibilizarse. En efecto, cuando se trata de afrontar a los poseedores de títulos, si no hay suspensión, éstos actúan escondidos, de forma opaca, ya que los títulos no son nominales. Y es solamente al forzar el cambio de esa relación de fuerza que los Estados pueden crear las condiciones para poder imponer medidas con una legitimidad fundamentada en el derecho internacional y en el derecho interno.

En ese caso, ¿no podría el gobierno comenzar una negociación con el fin de demostrar a la opinión pública que los acreedores adoptan una posición inaceptable y que no le queda otra salida que optar por una acción unilateral?

Sí, pero ese procedimiento comporta un riesgo: no puedes excluir que los acreedores alarguen las negociaciones y consigan crear confusión en el espíritu de la población, haciendo pasar al gobierno por intransigente y tratando de ganar el máximo de tiempo, mientras el país necesita una solución de urgencia y no puede permitirse vaciar sus arcas para pagar la deuda.
Definir el momento oportuno para decretar la suspensión del pago de la deuda corresponde a las condiciones específicas de cada país: estado de conciencia de la población, situación o no de urgencia, chantaje o no de los acreedores, situación económica general del país… En algunas circunstancias, la auditoría puede preceder a la suspensión de pagos; en otras las dos acciones deben desarrollarse simultáneamente.


Traducido por Griselda Pinero, Raul Quiroz y Antonio Sanabria.