El Partido Popular quiere ser la formación que capitalice —por encima de Vox— el descontento contra los indultos a los presos del procés. Por ese motivo en Génova tratan de hacer oposición a la medida de gracia concedida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez por todas las vías posibles: la institucional, la mediática, la judicial y desde la sociedad civil. El partido que dirige Pablo Casado ha impulsado mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos, ha multiplicado su presencia en medios y recientemente acudió a la manifestación celebrada en Colón en protesta a estos indultos.

En el plano judicial los conservadores anunciaron un recurso ante el Tribunal Supremo en contra de la medida de gracia, al igual que sus dos competidores por la derecha: Ciudadanos y Vox. Sin embargo, solo la formación ultraderechista se personó como acusación popular. El Supremo podría anular estos indultos, aunque no existe jurisprudencia en este sentido. Para hacerlo, se debe considerar a quien impugne la decisión como "parte interesada".

Según destacan juristas y fuentes del Supremo a Público, el PP no entraría en esta categoría. Un argumento que comparten en el Gobierno de coalición y también personas integradas en la dirección de Casado, que lo tildan de "batalla perdida". Esas fuentes creen que el recurso de los ultraderechistas tiene más posibilidades, aunque la aceptación de ese recurso podría ser debatida al entender que la acusación popular no estaría legitimada por no estar directamente afectada por la decisión del Ejecutivo.

El líder del PP sorprendió el martes a propios y ajenos tras defender en una entrevista que se considera "parte perjudicada" en la causa, basándose en un informe de la Guardia Civil que le situaba como objetivo de los CDR catalanes. El conservador basó su argumentación en la supuesta "acción terrorista" planificada contra Casado por los autodenominados Comités de Defensa de la República. Sin embargo, el citado informe no aporta pruebas más allá de una búsqueda en Google de Casado, el exregidor Manuel Valls y la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, entre otras personalidades destacadas.

Según deduce la Guardia Civil, las búsquedas de Casado y el resto de políticos contrarios al independentismo "tendrían como objetivo la posible realización de una acción contra dichas personas o bienes". La consulta sobre el líder del PP se llevó a cabo el 18 de septiembre del 2019 con un teléfono móvil de la marca Asus intervenido en el domicilio del miembro de los CDR, Jordi Ros, en Sabadell.

El PP se da dos meses de margen para preparar el recurso

"Si los CDR son la continuación del 1 de octubre, aquellos a los que el señor Torra les decía 'seguir apretando', y que reportaban sus acciones al presidente de la Generalitat, al que apodaban Galdalf, podemos decir que somos parte perjudicada", expuso Casado. Una argumentación que está "cogida con pinzas" según destacan algunas voces del PP, que temen que el recurso no salga adelante por falta de legitimidad.

Fuentes de la dirección nacional destacan que tienen dos meses de margen para presentar el recurso y consideran que sí hay "base" para hacerlo, aunque evitan hacer mayores concreciones. "Sin prisa, pero sin pausa", señalan en el entorno de Casado. Otros cargos del PP confiesan sin ambages que su partido no quiere quedarse atrás en el pulso con Vox, y creen que el anuncio de Casado fue "algo improvisado" y carece de una base jurídica "sólida". "Se hace para que Vox no nos marque el paso. No hay más", valoran.

Según los expertos consultados por este diario, la Sala Tercera del Supremo no es dada a legitimar a los partidos en recursos contra el Gobierno, pero tendrá que estudiar cada recurso presentado. También podrían recurrir el indulto los propios indultados, porque no han pedido la medida de gracia, solicitada por entidades y políticos afines.