La recuperación para el patrimonio público de los templos inmatriculados de manera irregular por la Iglesia ha comenzado: el Ministerio de Cultura ultima los trámites para inscribir a su nombre San Juan de los Panetes, un templo monumental característico por su torre inclinada y cuya arquitectura mezcla los estilos barroco y mudéjar que el arzobispado de Zaragoza inmatriculó a su nombre en 1989 pese a que está inventariado como patrimonio público desde 1933.

Y no será el único que cambie de titular en los registros de la propiedad para volver al patrimonio público en los próximos meses. La Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Cultura “está llevando a cabo las modificaciones de determinadas inmatriculaciones por parte de la Iglesia, y este es uno de los procedimientos referidos a ‘doble inmatriculación’ (Iglesia y Estado) a punto de ser terminado, con la finalidad de clarificar la propiedad del inmueble y cuáles son las condiciones de uso”, explicaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón.

Es decir, que, tal y como vienen defendiendo las organizaciones laicistas y de defensa del patrimonio, las inmatriculaciones han pasado a ser un asunto de Estado y el Gobierno se ha puesto en marcha para revocar las que incluyen irregularidades. Lo hace sin cuestionar de entrada el uso religioso del edificio, en línea también con la posición de las entidades agrupadas en la Coordinadora Recuperando.

Un autocertificado en entredicho

En el caso de San Juan de los Panetes, la iglesia construida entre los siglos XVI y XVIII que cierra por el oeste la plaza de las catedrales en la que se encuentran El Pilar, propiedad inapelable de la Iglesia desde abril por usucapión, y La Seo, cuyo proceso de prescripción adquisitiva que interrumpido el año pasado, el arzobispado de Zaragoza figura como titular del dominio desde el 23 de enero de 1989 en el Registro de la Propiedad.

La anotación se basó en un certificado de la propia archidiócesis fechado el 18 de noviembre de 1988 que documentaba una supuesta “continuidad de su posesión y dominio pacífico, desde tiempo desconocido”, por “la diócesis de Aragón” y aseguraba que no existe “título de dominio inscrito o inscribible” a favor de ningún ente público o privado.

Faltaban algo más de nueve años para que la reforma de la Ley Hipotecaria del Gobierno de José María Aznar, vigente hasta 2015, permitiera a las instituciones eclesiásticas inmatricular inmuebles dedicados al culto mediante certificaciones expedidas por ellas mismas. Sin embargo, registradores de varias ciudades aceptaban esos documentos como base para las inscripciones.

"Su pertenencia al Estado está clara"

Sin embargo, las cosas resultaron no ser como el arzobispado sostenía. Una investigación de Patrimonio del Estado iniciada a petición del Ayuntamiento de Zaragoza reveló que se trata de un BIC (Bien de Interés Cultural) “con categoría de monumento” nacional desde el 17 de noviembre de 1933 y “afectado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte”. De hecho, figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.

“Su pertenencia al Estado está clara, si bien figura inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre del Arzobispado de Zaragoza”, señalaba la resolución de Patrimonio, que añadía que “la propiedad de la iglesia de San Juan de los Panetes es de la Administración del Estado, y no resulta inquietada ni discutida por nadie”.

La archidiócesis, en un documento notarial dirigido al Registro de la Propiedad número 2 de Zaragoza, reconoció finalmente que “no es titular del dominio del inmueble”, que “acepta, consiente y solicita la cancelación de la inscripción registral” y que “acepta expresamente que el dominio de la misma sea inscrito a favor del Estado”.

En ese punto, la reversión de la titularidad de la iglesia únicamente está pendiente de que el Estado formalice la inscripción a su nombre, trámite que concluirá cuando el registro convalide la documentación remitida por Cultura.

La revisión del Ministerio de Justicia

La iglesia de San Juan de los Panetes será la primera inmatriculada de manera irregular cuya titularidad recupere el Estado, que ya durante la II República declaró “pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional” 36 catedrales, 24 monasterios, 18 conventos, cinco capillas y más de 200 iglesias, la posesión de muchas de las cuales fue posteriormente inscrita a su nombre por instituciones eclesiásticas.

El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha una revisión de las inmatriculaciones para reclamar los bienes de dominio público que la Iglesia haya inscrito a su nombre, una iniciativa que la vicepresidenta Carmen Calvo confirmó hace unas semanas al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.

Algunos ayuntamientos han logrado revocar inmatriculaciones en los juzgados, como ocurrió con las murallas de Artá, en las Illes Balears. La Audiencia de Palma devolvió la titularidad al ayuntamiento tras constatar que nunca habían tenido un uso religioso.

En Palencia, el Juzgado de Primera Instancia número 6 vetó hace dos años la anotación de la iglesia de San Francisco a favor del obispado: su titular dictaminó que la autocertificación presentada por la diócesis carecía de validez tras haber dejado de estar en vigor la reforma de Aznar.