El Estado ha reconocido que hubo "un fallo en cadena" desde el inicio hasta el final del caso de Itziar Prats, una mujer cuyas hijas fueron asesinadas a manos de su padre en septiembre de 2018. Aunque ella alertó de que las niñas corrían peligro, las actuaciones para protegerlas llevadas a cabo por el Ministerio de Interior y de Justicia, fueron "insuficientes e inadecuadas".

Así lo señala ahora una resolución oficial que añade que estas condujeron a un fallo "global y transversal" del sistema. Cuando las pequeñas Nerea y Martina, que tenían seis y dos años y fueron asesinadas, Prats ya había denunciado ante la Policía Nacional que temía por la vida de las niñas y pidió al juzgado que tramitaba su divorcio con Ricardo Carrascosa que suspendiera el régimen de visitas que le permitía quedarse con ellas. En comisaría nadie le preguntó por las crías y descartaron que hubiera riesgo. Los jueces y fiscales también la ignoraron. 

"Yo había pedido medidas específicas hacia mis hijas, porque las amenazas de mi expareja eran directamente hacia las niñas: te vas a quedar sin ellas, vas a perder a lo que más quieres, me dijo. Pero para el juzgado y para la Fiscalía eran amenazas veladas", relataba Prats hace unas semanas a este medio.

La lucha de Prats tras el asesinato de Nerea y Martina era que el Estado le diese la razón y reconociese sus errores. Y lo ha conseguido por la vía administrativa. En concreto, una resolución del Ministerio de la Presidencia que ha adelantado El País reconoce el fallo sistémico y admite que este hiciera perder la confianza en el sistema y desistir a Prats.

Pérdida de la confinaza en el sistema

Presidencia abre así la puerta a hacer una reflexión sobre las "gravísimas consecuencias que se derivan para las mujeres e hijos sometidos a violencia de género cuando la Administración de Justicia (el último resorte que les queda para buscar protección) desarrolla un funcionamiento que no está a la altura de los esenciales intereses que se le confían".

Así, tanto Justicia como Interior admiten su responsabilidad en los asesinatos de las niñas, que no fueron escuchadas en todo el procedimiento, y deberán pagar un millón de euros de indemnización, 800.000 a Prats y 100.000 al abuelo y la abuela maternos de Nerea y Martina por no protegerlas.