“Distribuyamos, cojamos un mapa y digamos a, b y c”. Así de sencillo es el reparto de parcelas que el ex senador del PSOE y presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, expone como solución a uno de sus socios, el médico y empresario Antonio Pérez, ante una recalificación de terrenos que podría suponer alrededor de 1.000 millones de pesetas de beneficio. Porque él es “Casimiro Curbelo y no planteo conflictos, quiero arreglos razonables”, le recordaba a su socio ante una guerra a tres bandas que ha acabado con la imputación del ex dirigente del PSOE dentro del marco de la Operación Telaraña de la Guardia Civil.

A Casimiro Curbelo se le conoció en la política nacional no por su actividad de senador sino porque en 2012 acudió a una sauna de la calle Orense en compañía de su hijo y un amigo de este y fueron detenidos por la Policía debido al estado en el que se encontraban, llegando incluso a agredir a los agentes.

Pero en los juzgados canarios la de Curbelo ya era una cara familiar. Con diligencias abiertas desde el año 2007, ya hubo una primera investigación sobre su patrimonio a mediados de los 90. Mantuvo su posición de senador hasta que Elena Valenciano le retiró tras el incidente de la sauna y ha sido expulsado del PSOE en 2014 tras ser imputado en Telaraña. Esta operación investiga tres operaciones urbanísticas en La Gomera, donde mantiene su puesto de presidente del Cabildo Insular, así como el cuantioso incremento patrimonial de Curbelo desde 1998, que asciende a cuatro millones de euros.

Curbelo se prepara ahora para presentarse a las elecciones por la Agrupación de Socialistas Canarios, una escisión dentro del partido de Pedro Sánchez, a pesar de su imputación. Según las grabaciones a las que ha tenido acceso Público en exclusiva, el exsenador se valió de la su posición en el Cabildo para la recalificación de terrenos incluidos en diferentes planes urbanísticos y turísticos en las zonas de El Machal, Los Lameros y Las Petroleras. Por ejemplo, tal y como apuntan las investigaciones de la Guardia Civil, paralizó la recalificación de unos terrenos hasta que él y sus socios lograron adquirir las parcelas más ventajosas y entonces dar vía libre al Plan Insular de Ordenación de La Gomera o al Plan Territorial Especial Turístico Insular.

Las diferentes operaciones ascendían a más de 1.000 millones de pesetas, que serían repartidos entre él —a través de su testaferro Fortunato Arteaga— y sus socios: el médico Antonio Pérez y Felipe Hernández, ex presidente del Cabildo.

Guerra de socios

Las grabaciones que ahora se hacen públicas fueron entregadas por el denunciante del caso Telaraña, Antonio Pérez Pérez, a los investigadores. El 21 de febrero de 2011 el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Sección de Investigación Criminal de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, las presentaba en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Sebastián de La Gomera con fecha 28 de Febrero de 2011 para su aportación a las Diligencias Previas 2 490/2010.

Esta primera grabación se centra en un conflicto que tenían los socios a la hora de cerrar el acuerdo de El Machal, donde según recuerda el empresario Antonio Pérez al presidente del Cabildo, “tenemos dentro unos 100.000 metros” de una superficie total de 400.000. El valor estimado que le dan a estos terrenos sería de unos 300 millones de pesetas.

Los terrenos habían sido comprados por Antonio Pérez en los años 90 cuando Curbelo era alcalde de La Gomera y Felipe Hernández el presidente del Cabildo. El ex senador le pidió una tercera parte “como condición de que ese terreno rústico pudiera ser reclasificado a urbanizable”, otro tercio sería para Felipe Hernández mediante contrato privado.

En 2000 la operación se retoma, porque aparece un comprador traído por Casimiro Curbelo. “los tres propietarios acordaron introducir todo ese suelo en Zobeuros S.L y que fuese Felipe, diputado en las Cortes, quien negociase su venta”, según el informe de la Guardia Civil. Diez días después y mediante contrato privado fue vendido a Tele Gomera S.L, una sociedad de María Eugenia Plasencia, por valor de 100 millones de pesetas, aunque sólo se abonaron dos. El resto estaba vinculado a la recalificación de los terrenos.

Es en estos momentos de la negociación cuando se producen estas grabaciones, alrededor de octubre de 2010, ya que los socios querían dejar fuera de una de las operaciones a Antonio Pérez.

Las grabaciones de Pérez

Mediante conversación telefónica grabada por Antonio Pérez, el empresario le comunica a su socio —el presidente del Cabildo de la Gomera— que uno de los involucrados, Antonio Plasencia, le ha dicho que la condición para que los terrenos salgan adelante —es decir, sean recalificados— es que él tiene que salir de la sociedad.

Casimiro le responde que “esa es la estrategia que diseñaron ellos". "El único contacto que tiene ese hombre conmigo fue precisamente para que contribuyera con él a darle una respuesta satisfactoria al problema que ha habido siempre ahí. Sabes que estaba pendiente de una serie de informes y que había que producirlos para que el problema quedara resuelto”, explica en la conversación el exsenador. Este problema sería la reclasificación. Esa sería la única forma de que a Antonio le pagaran el precio que pretendía Curbelo: "Serían 110-108 0 107 millones”.

Antonio informa entonces a Curbelo de lo que le había dicho a Plasencia: “Esto es de tres, no es mío sólo. Por mi parte no hay… yo no tengo problema en salir. Total yo salgo y punto, si esa es la condición que pone el Presidente del Cabildo de la Gomera para que se vaya para adelante”. Casimiro le reprende: “Estas cosas no pueden decirse de una forma tan alegre. Lo primero que tienes que hacer es llamar para preguntar también”. Sin embargo, Antonio deja claro que ha reiterado a Plasencia que los dueños del terreno son tres, los dos expresidentes del Cabildo y él.

Según Antonio Pérez, esos 100.000 metros cuadrados de terreno supondrían 300 millones. Por ello, comunica a Curbelo el mensaje que le ha dado a Plasencia: “Habla tú con Casimiro y si quiere comprar que compre a un precio razonable”. Y señala al presidente del Cabildo: “Por menos de 300 millones de pesetas no se debe vender”.

Segundo conflicto

Como señalan en la llamada telefónica, Casimiro y Antonio se emplazan a verse por otro problema. No es otro que el que tiene con su socio Felipe Hernández, ex presidente del Cabildo, que amenaza con ir a los tribunales y aportar los documentos privados de la compra de diferentes terrenos y que evidenciarían que Curbelo emplea un testaferro para sus negocios.

En esta reunión el presidente del Cabildo se esmera por arreglar el problema económico entre los socios, 300 millones de pesetas que debían pagarle a Antonio Pérez, y piensa en cómo podría dividirse los terrenos para que Felipe Hernández quede satisfecho: “Señalamos el mapa con colores (y ponemos), parcela hotelera y beneficiado”. Así piensa que podría parar las amenazas de su excompañero socialista, pero todavía queda repartir entre ambos interlocutores, por lo que le apunta a Antonio Pérez “y luego punteamos lo nuestro”.