El anuncio de que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa fueron espiados por el programa Pegasus, han desatado una catarata de reacciones. 

La primera ha sido la del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, quien se ha solidarizado este lunes con Sánchez y Robles, como "víctimas" de espionaje, aunque les ha reprochado "no haber hecho nada" hasta que llegaron denuncias desde el independentismo. 

"La violación de la intimidad de Pedro Sánchez y la ministra Robles es un crimen gravísimo que amenaza la democracia. Mi solidaridad con ellos, como víctimas, y mi máxima exigencia hacia ellos, como responsables de no haber hecho nada hasta el estallido del CatalanGate", ha afirmado Puigdemont en Twitter.

Según el expresident, "la Moncloa ha tenido que esperar a que hubiese una infección con Pegasus en los móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa para considerar que es un asunto de extrema gravedad y para investigarlo".

En la rueda de prensa, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha preferido no especular ni hacer "conjeturas" sobre el origen o los motivos del espionaje sufrido por el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa o si guarda relación con el proceso independentista en Catalunya.

Alberto Nuñez Feijóo, presidente del PP, ha dicho que esta, la del pinchazo a los móviles de Sánchez y Robles, es "la primera explicación" que ofrece el Gobierno sobre el caso Pegasus. A continuación, ha mostrado el "apoyo" del PP al Gobierno para reforzar la seguridad de las instituciones del Estado, pero al mismo tiempo ha criticado que "los independentistas estén en la Comisión de secretos oficiales".  

"Nos ha sorprendido negativamente que hoy nos enteremos de que en el año 2021 haya sido espiado el móvil del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa", ha dicho el presidente del PP, que ha señalado que probablemente sea "casualidad" aunque una "casualidad política no menor" que esto coincida en "pleno debate con el independentismo" y con la "estabilidad del Gobierno".

Un poquito más crítico se ha mostrado el PP de Madrid. El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, ha declarado sobre la filtración en El Programa de Ana Rosa: "La noticia me parece de una gravedad extrema, que puedan ser espiados los teléfonos de miembros del Gobierno de España es grave. Realmente es todo lo que rodea a este Gobierno, da una sensación de descontrol a su alrededor y sobre todo, no solo por la imagen interna, a nivel internacional tenemos una cumbre de la OTAN y no sé si es la mejor imagen a nivel de seguridad".

Pablo Iglesias: "La situación de Robles es insostenible"

También se ha referido al asunto Pablo Iglesias, antiguo líder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno. En Rac1, Iglesias ha puesto el foco en la ministra de de Defensa, Margarita Robles, de quien ha dicho que su situación es "insostenible". 

Otro que se ha pronunciado ha sido el portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, también vía Twitter.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha expresado este lunes sus sospechas sobre la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez esté haciendo una "maniobra" para pasar "de verdugos a víctimas" de espionaje político.

"Sánchez y Robles dicen ser espiados. Ahora sí que es un tema muy grave. Cuando solo afectaba al independentismo, la ministra lo justificaba. ¿Es la evidencia de que no hay que limpiar las cloacas por si las puedes usar? ¿O una maniobra para pasar de verdugos a víctimas? ¿Bye CatalanGate? No cuela", ha afirmado Borràs en Twitter.

Mientras, parlamentarios de Junts per Catalunya han presentado en el Congreso y en el Senado un batería de preguntas sobre el caso. La diputada de JxCAT Míriam Nogueras ha solicitado respuesta por escrito de algunas preguntas, como si esa denuncia "¿confirmaría que no existe un análisis y control exhaustivo y periódico de, al menos, el dispositivo móvil del presidente del Gobierno del estado español?".

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado con contundencia que una democracia "no puede tolerar" el espionaje a representantes públicos "menos aún" al Gobierno y a su presidente, y ha añadido: "Los representantes políticos no pueden quedar impunes".

"Una democracia no puede tolerar el espionaje a representantes públicos, menos aún al Gobierno y a su Presidente. Es un ataque a la seguridad del Estado. Los responsables políticos no pueden quedar impunes. Y hay que garantizar que no vuelve a pasar para proteger la democracia", ha escrito Montero en su cuenta de Twitter.

El diputado de EH Bildu Oskar Matute ha considerado necesario, tras conocer el espionaje al Gobierno, que se aclare, "para que no haya ningún atisbo de duda", que "esto no pueda ser parte de las cloacas del Estado, con un funcionamiento autónomo con independencia del Ejecutivo que rija el Estado español".

De esta forma se ha pronunciado Matute en la radio online La Cafetera, donde ha dicho querer ser cauto sobre el espionaje sufrido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido que se "esclarezca" el espionaje a Sánchez y Robles a través del programa Pegasus, aunque ha reprochado que este asunto suponga centrarse "poco" en el "victimismo" de los "golpistas" catalanes.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha exigido la creación de una comisión de investigación sobre el espionaje a políticos para "aclarar hasta dónde llega el descontrol en este asunto".

En declaraciones facilitadas por el PNV, Esteban ha considerado que no es "inesperado" que los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa, Pedro Sánchez y Margarita Robles, hayan sido infectados por el programa Pegasus porque "nadie tiene la seguridad de que no está siendo espiado".​

Además, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado este lunes su preocupación por el hecho de que en España "ya no haya secretos y que todos sean a voces" al ser preguntado sobre esta cuestión.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado que cuando se ataca el teléfono móvil del presidente del Gobierno "de manera ilegal" debería de haber "unanimidad" en las respuestas.